Fue una semana intensa en reuniones, en declaraciones a la prensa y en videos oficiales difundidos por redes sociales para explicar qué hará cada instancia de Gobierno en relación al precio de dos servicios esenciales: gas y electricidad. Tras la pirotecnia verbal, ¿cuáles son los reales compromisos asumidos y a quiénes beneficiarían? Pasando en limpio lo ocurrido, el mapa de la situación en Córdoba quedó así:
Consumo de gas. Los esfuerzos se centrarán en la tarifa social que beneficia a aproximadamente el 20% de los usuarios cordobeses conectados a la red de la distribuidora Ecogas.
Para los beneficiarios de esa tarifa, Nación y Provincia se comprometieron a poner unos $10 millones cada una a efectos de que se les postergue por dos meses (mayo y junio) el aumento del orden del 40% que se aplicó a este servicio en la última ronda de incrementos. En paralelo, quienes gocen de esta tarifa recibirán, desde mayo, el impacto adicional de la eliminación definitiva de la alícuota del 8% que aplica el Municipio capitalino al servicio de gas.
Por ende, para este segmento de consumo, el próximo bimestre será el más aliviado. A partir de julio volverán a sentir los efectos de la reactualización de precios que ejecuta Energía de la Nación, aunque ya sin el peso de la carga impositiva municipal.
¿A qué se enfrenta el 80% restante de los usuarios? Sin posibilidad de esquivar los aumentos que aplica la Nación, tanto los usuarios residenciales como las empresas solo tendrán a favor la suspensión de la tasa municipal para los consumos de los meses de junio y julio. Así, una factura promedio residencial de $750 (consumo anual de 966 metros cúbicos) quedaría en unos $690.
Por parte de la administración Schiaretti no hubo ninguna señal en relación a una reducción de Ingresos Brutos. “Ya lo bajamos a principios de año”, señaló el gobernador y cerró cualquier posibilidad de atemperar esa carga, cuya alícuota quedó en 5% (antes era 6,61%).
Al tiempo que se negó a quitar tributos a la tarifa de gas, Schiaretti sugirió a los municipios que sean ellos quienes den el paso, a cambio de un préstamo de $500 millones para desarrollo o ampliación de redes domiciliarias. Unos 18 municipios aceptaron el convite y ya firmaron el convenio este jueves, mientras que la Municipalidad de Córdoba dijo "no".
“Nos ofrecen un crédito de $150 millones para tener que devolver $100 millones cuando mantienen sin coparticipar $1.100 millones…No, no aceptamos el programa”, afirmó el secretario de Finanzas del Municipio capitalino, Hugo Romero, en diálogo con PERFIL Córdoba. (Ver abajo “Un fondo condicionado”).
El Palacio 6 de Julio ratificó su posición: “Solo se eliminarán las tasas de las tarifas de agua y gas si se coparticipan los fondos que nos deben”. Mestre y su equipo son conscientes de que no pueden sacrificar casi $400 millones (los proveen esas tasas) que se destinan a redes de cloacas y desagües, cámaras reductoras para ampliar la presión del gas y a ramales de aproximación de gasoductos.
“Unos 120 mil vecinos ya se beneficiaron con estas obras, ahora no vamos a cometer actos de demagogia eliminando ingresos que no podemos garantizar por otro lado”, explicaba Marcelo Cossar, secretario de Modernización.
Electricidad y más. Respecto de la tarifa de luz la situación es aún más pesimista considerando los intereses de los usuarios. En este caso solo hay en el horizonte aumentos y ningún tipo de esfuerzo gubernamental por mejorar los precios.
La promocionada estrategia del Gobierno provincial de pedir al Ersep que obligue a “limpiar” las facturas de electricidad de cargos que no sean la estricta facturación del servicio está funcionando para el caso de las cooperativas, pero no para la Municipalidad de Córdoba.
Por un lado, Face Córdoba, la federación que nuclea a las cooperativas, ya avanzó en un modelo de facturas desdobladas que pusieron a consideración de Ersep para su aprobación. “Vamos a cumplir con lo solicitado, aunque no va a ser en lo inmediato por todo lo que implica implementar el nuevo sistema”, indicaron desde Face.
“Además, el tema de desdoblar los ítems no significa que los aumentos que aplique la Nación o Epec vayan a desaparecer, sino que simplemente el usuario los va a identificar”, señalan desde la Federación.
Para los usuarios del servicio eléctrico del interior podría abrirse un panorama positivo si se dan dos condiciones: que Epec cumpla con reconocer a las cooperativas su estándar de mayorista y le venda la electricidad a ese precio. Si esto ocurre, las cooperativas anunciaron que trasladarán la mejora -y eficiencias adicionales en su operación- al precio final.
Asimismo, los cooperativistas están negociando con la Provincia que se extienda al interior la tarifa social, una obligación que el Gobierno asumió, también, al suscribir el Acuerdo Federal Energético. Aquí, el punto de discusión radica en quién financiará esa tarifa: desde El Panal quieren trasladar el costo a las cooperativas, mientras que estas pretenden que se les coparticipe parte de los $5.000 millones que Cammesa condonó a Epec. Hoy la tarifa social beneficia a sólo 230.000 usuarios de la ciudad de Córdoba, a un costo de $600 millones anuales.
En el caso de la capital provincial, donde la distribuidora es la deficitaria Epec, las perspectivas para el usuario son más complejas. La Municipalidad ya había operado una baja de la tasa del 20% (para usuarios industriales con un medidor) y del 30% (con múltiples medidores).
“Por este año ya no se pueden hacer nuevos ajustes porque el presupuesto está trazado; sin embargo para 2019 está previsto que se haga una nueva reducción”, anticipó el secretario Romero. En este caso, al igual que en gas, la Provincia no dio señales de nuevos retoques en Ingresos Brutos.
Así las cosas, no solo no habrá merma impositiva sino agudización del conflicto Schiaretti-Mestre.
El intendente anticipó que llevará a la Justicia “la orden de Ersep” porque entiende que es violatoria de la autonomía municipal. Tanto el caso Ersep como el de la coparticipación disputada terminaron judicializados.
Esta disputa potenciada entre Provincia-Municipio significa para el grueso de los usuarios residenciales y para las empresas radicadas en la capital que entre el 30% y hasta el 33% de su factura de luz siga siendo impuestos.
Para completar este panorama, hay que considerar dos temas adicionales: los reiterados aumentos de tarifa que aplica Epec son aprobados por Ersep sin audiencia ni controles públicos; por otro lado, la posibilidad de que la Empresa Provincial de Energía se vuelva más eficiente quedó neutralizada por la abierta guerra declarada entre Luz y Fuerza y la dirección de la compañía.
UN FONDO CONDICIONADO
Muy poco proclive a seguir recortando impuestos provinciales que recaen sobre los servicios esenciales, el gobernador Juan Schiaretti apeló a una curiosa estrategia para generar algún impacto y anotarse como una “provincia proactiva” en la línea solicitada por el presidente Mauricio Macri.
En efecto, lanzó un “Programa de $500 millones” para obras de gas e invitó a los municipios a “adherirse” a cambio de que ellos reduzcan sus tasas.
El punto es que este programa es en realidad un préstamo. Los municipios accederán a un financiamiento que deberán cancelar en 48 cuotas, con seis meses de gracia, lo que totalizan 54 cuotas. “La tasa del interés será el índice salarial que publica mensualmente el Indec”, explicó la Provincia.
De tal forma, los intendentes que adhieran se quedarán con menos ingresos (por eliminación de tasas) y con nueva deuda. Hasta ahora se sumaron Colonia Caroya, Mendiolaza, Saldán, Salsipuedes, Cruz del Eje, Villa María, Deán Funes, Corral de Bustos, Villa Carlos Paz, Cosquín, Río Cuarto, Oncativo, Arroyito, San Francisco, Alta Gracia, Río Tercero, Almafuerte y Justiniano Posse.
Desde Cambiemos hacen esta explicación: “Esos 500 millones se acercan a los fondos que fueron restando en el primer cuatrimestre de coparticipación. Ahora nos quieren ‘prestar’ la plata que nos corresponde y encima cobrar por ello”.
OPINION: FACIL DE DECIR ...
Rápido de reflejos políticos, el gobernador Juan Schiaretti grabó esta semana un video en el que solicitó al Gobierno nacional que elimine el IVA de los servicios públicos.
Sin dudas, sería la mejor señal que todas las instancias del Estado podrían dar para demostrar que están dispuestas a reducir gastos. Pero, claro, en ese compromiso también debería anotarse la Provincia.
Si se elimina el IVA, como propuso Schiaretti, Córdoba dejaría de recibir $1.800 millones y el Anses (que ayuda a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba) otros $5.900 millones.
Un recorte como ese llevaría a la administración provincial a tener que prescindir, por ejemplo, de los 1.583 empleados que trabajan en las nueve Agencias del Estado, donde se gastan $1.666,8 millones solo en sueldos, los cuales promedian los $100.000.
¿El Gobierno estaría listo para hacerlo a cambio de mejorar el precio de las tarifas de los servicios públicos? Si no lo está, el pedido es demagogia y el usuario debe saberlo. (N. L.)
