Casi siete meses separan dos fechas clave para el corto plazo de la Municipalidad: del 12 de mayo en que los cordobeses eligieron a Martín Llaryora como su jefe comunal al 10 de diciembre, cuando asuma su cargo junto al resto de su equipo. Esa larga transición ya está en la mira de la oposición en general y del peronismo en particular, que avisa que seguirá de cerca los temas más delicados de la gestión actual para que la administración Mestre “no tome decisiones que generen daño a los vecinos”. En declaraciones a un matutino local el intendente abrió el paraguas. Afirmó que deja un mejor municipio del que recibió, que los números están en orden y que la transición será ejemplar. Esas afirmaciones son cuestionadas por la oposición que desconfía de su solidez fáctica.
Comisión. Consultados por este medio, referentes de la oposición remarcan que para que la transición sea ordenada, los equipos de Mestre y Llaryora tienen que comunicarse, “pero no vamos a cogobernar”, adelantan los llaryoristas. Hay algunas fechas clave para la transición. Entre julio y agosto la Justicia Electoral Municipal debe ratificar a las autoridades electas. Tras ese paso se puede constituir una comisión de transición que comenzará a analizar el estado del municipio. Allí se puede abrir la puerta para que la nueva gestión ejecutiva o el Concejo analicen el pedido de una auditoría, como la que encaró Mestre cuando asumió y que estuvo a cargo de la consultora extranjera Deloitte. “Sería lo recomendable para ver la deuda, la financiera y la de proveedores, y como está el sistema de precios, contratos y licitaciones”, señala otro dirigente opositor.
Atentos. “Espero que el intendente Mestre tenga, yo confío que así va a ser, la responsabilidad política de no generar cuestiones que puedan dañar al vecino. Vamos a ser muy estrictos en lo que es el nombramiento del personal, en lo que es el endeudamiento público y en la definición de nuevas obras. El intendente va a tener que tener una administración austera, que no dañe a la gente, que no endeude el municipio, que no ponga más empleados y en eso vamos a ser estrictos”, señala Miguel Siciliano, secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba y uno de los jefes de campaña del peronismo en la capital. El dirigente remarca que “lo he escuchado muchas veces a Mestre diciendo que el municipio no tiene que ser el botín político de los intendentes, que no tiene que ser un lugar que dañe al vecino, sino que lo beneficie. Si la transición no es madura, el único perjudicado es el vecino”.
Números desordenados. Desde el olguismo, el concejal Martín Llarena, que será reemplazado por Olga Riutort, afirma que no es cierto que las cuentas del municipio están ordenadas. “La transición anterior no fue buena, en eso tiene razón Mestre, pero el hizo mucho acting y habló de la ‘tormenta perfecta’ para poder asumir y no pagar costos. Y no es cierto que deja las cuentas ordenadas. En la Cuenta Ejercicio 2017, que es la última que tenemos en la mano, se ve un déficit de $1.800 millones. Sobre 2018 hay un informe de un superávit de $200 millones. Yo lo analicé y es inconsistente por donde lo mires. Por ejemplo, la partida Personal subió 20%, cuando ha sido mucho más porque los aumentos siguen la inflación. Están mintiendo los números”, afirma. Y también cree que los aspectos más relevantes a seguir son la deuda y la contratación de personal. “El ejecutivo está habilitado legalmente a seguir tomando deuda, pero hoy no están dadas las condiciones de mercado. Si llega a hacerlo va a ser un perjuicio para la Municipalidad, hay que ver que pasa porque están complicados en la liquidez”.
Servicios deficientes. Por el lado del FIT, que tendrá una banca en el Concejo, Laura Vilches aporta: “Más allá de los tiempos largos de la transición hay un problema que es que Mestre deja una ciudad que tiene servicios deficientes y caros porque se garantizaron los negocios de Romero y compañía, por ejemplo, de la mano de Lusa y Ersa. Esto no va a ser revertido por Llaryora porque del mismo modo en la Provincia garantizan los negocios de las multinacionales o los sojeros en detrimento de la educación, salud o vivienda. Creo que más allá de los fuegos artificiales de la campaña con poses de opositores, Cambiemos y Hacemos por Córdoba fueron y siguen siendo socios para aplicar el ajuste”.
