Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, la cantidad de presos en nuestro país aumentó tres veces más que la población. Los últimos datos difundidos pertenecen a la década 2006/2016. Mientras que la población carcelaria subió 41%, la cantidad de habitantes lo hizo en un 10,1%. Posiblemente lo explique el incremento de delitos y quizás, también, la cantidad de detenidos con prisión preventiva, no condenados, sino procesados y con causas en plena investigación. De hecho, hasta 2015 en Córdoba había más presos con condena que presos con causas abiertas sin juzgar. Desde hace tres años la tendencia se revirtió.
Las cifras relativizan la creencia extendida de que en la Justicia hay una puerta giratoria por donde entran y salen sistemáticamente los delincuentes. PERFIL CORDOBA entrevistó al juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien analizó la situación carcelaria en Córdoba a raíz de un habeas corpus que resolvió recientemente.
—¿Qué situación encontró en la cárcel de Bouwer?
—La situación de Bouwer no difiere de la de otras cárceles del país. En cualquier establecimiento penitenciario salta a la vista el hacinamiento de los detenidos. La población carcelaria aumentó porcentualmente tres veces más que la población total del país en los últimos 10 años. Esto tiene que ver con la presión mediática que, para poder controlar la violencia, pide prisión para los delincuentes. Eso incide en la conducta de fiscales y magistrados que tienden a encarcelar primero y después resolver la situación de estas personas, cuando se viene bregando desde hace mucho tiempo -desde el famoso caso Bulacio de la Comisión interamericana de DDHH y la jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa “Loyo Fraire”- que toda persona debe llevar adelante el proceso en libertad. Salvo extremos, cuando se entorpece la causa, se afecta la recolección de prueba o cuando hay riesgo de fuga.
—Sin embargo, se llegó a destituir jueces por mantener en libertad a quienes reincidieron cometiendo delitos aún más graves. ¿Qué respuesta le da a la sociedad sobre este tipo de hechos?
—Lo normal es que una persona enfrente un proceso penal en libertad. Una vez que un magistrado decide otorgarla lo hace analizando a la persona, sus antecedentes, el entorno social, si trabaja, su grado de inserción en la sociedad, qué posibilidad hay de que vuelva a delinquir, pero los jueces no tienen una bola de cristal para garantizar que una persona que esté en libertad no vuelva a cometer un delito. Es un riesgo posible que asume la ley y los magistrados, que son los órganos que la ejecutan.
—La policía y no pocos dirigentes políticos dicen, en cambio, que hay una puerta giratoria en la Justicia.
—No existe esa famosa puerta giratoria. En cada caso cuando una persona es detenida, los jueces analizan el hecho, los antecedentes de la persona y después toman una resolución con fundamentos legales. No existe la puerta giratoria. Una persona con antecedentes normalmente queda detenida más tiempo hasta que se toman medidas de previsión. Reitero: el juez resuelve en base al hecho pasado y no puede estar presumiendo qué hará esa persona estando en libertad porque eso sería entregar a los jueces una bola de cristal para hacer elucubraciones y esto no es posible en un Estado de Derecho.
—¿Usted cree, entonces, que hay un abuso de la prisión preventiva? Y se lo pregunto, particularmente, pensando en la provincia de Córdoba.
—Creo que hay circunstancias económicas que llevan a que haya menos empleo, menos actividad productiva, menos consumo, que llevan al aumento de delitos, sobre todo contra la propiedad. Lo dijo el jefe de Policía de Buenos Aires, lo dicen sociólogos, economistas, medios de difusión, no es una opinión personal, es sentido común. Cuando hay una situación económica delicada el índice de delitos tiende a subir. Usted me pregunta por Córdoba. Fíjese lo que sucedió aquí. Hasta 2014 se había logrado que fuera mayor la cantidad de presos condenados que los sometidos a proceso. Desde 2015 la tendencia se viene revirtiendo. Lo indican las cifras que informaron las autoridades del Servicio Penitenciario en el último habeas corpus en que tuve la posibilidad de participar. Las cárceles hoy vuelven a estar pobladas de personas sometidas a proceso y no condenadas. Tengo la convicción de que en la conducta de los fiscales están influyendo los mensajes de los medios, que piden, ante el aumento del delito, que la gente esté presa. Son conductas auspiciadas también desde algunos sectores del Estado, como por ejemplo cuando se festeja a un policía que no tuvo una conducta idónea, como sucedió en el caso Chocobar. Evidentemente esto es lo que se traduce en estadísticas y por ello la saturación de las cárceles.
EN LA PROVINCIA, LAS PENITENCIARÍAS ALBERGAN A MÁS DE 8.000 PERSONAS
El 11 de mayo, el juez Hugo Miguel Vaca Narvaja rechazó un habeas corpus correctivo colectivo presentado por la delegada regional de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Angélica Rossana Gauna, y el defensor oficial, Jorge Perano. Habían pedido a la Justicia que resuelva en favor de detenidos por causas federales que no tienen trabajo rentado en las cárceles cordobesas. El juez lo rechazó porque no encontró un trato discriminatorio ya que la carencia de trabajo afecta no solo a los presos federales sino también a los que dependen de la jurisdicción provincial.
Resultan interesantes los datos que informó en el trámite del expediente el Servicio Penitenciario. Actualmente hay 8.848 internos en toda la provincia, de los cuales el 60,8% son procesados (todavía no recibieron una sentencia) y el 39,2% ya recibieron condena. La capacidad máxima aproximada está calculada en 7.700. Es decir que está superada ampliamente.
A la sobrepoblación carcelaria se suma la cuestión laboral. De un total de 6.711 internos a disposición de la justicia provincial, tan solo 182 participan en programas de actividades productivas de bienes y servicios por las que perciben una remuneración, en tanto que 1467 lo hacen en programas de capacitación y aprendizaje por las que perciben un pago estímulo. Es decir que hay un 75% de presos que no realiza ninguna actividad productiva. En la misma resolución se advierte que históricamente el trabajo para los internos fue disciplinador, porque al mantenerlos ocupados se evitaba el desorden; mientras que en la actualidad se advierte su importancia como preparación para la reinserción social una vez que accedan a la libertad.
GUSTAVO TREBUCQ CONTINÚA RECLAMANDO SU LIBERACIÓN
El viernes pasado allegados al empresario Gustavo Oscar Trebucq, imputado por usurpación, falsedad ideológica y estafa por la justicia provincial, presentaron una nota al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encabezado por Luis Angulo. La misiva lleva la firma de Cintia Mónaco, directora de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) y Emiliano Montini, responsable del departamento de Derecho Penal del organismo.
Allí expresan su preocupación por el extenso plazo en que Trebucq se encuentra detenido, lo que “podría acarrear no solo una afectación a las garantías constitucionales de las cuales goza todo ciudadano sino, además, responsabilidad internacional por parte de nuestro país”. En este sentido, la misiva hace referencia a la presentación que efectuó Carlos Buonacucina, amigo de Trebucq, en la sede de Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde solicitó una medida cautelar para que cese la detención.
Todos estos movimientos se producen a días de que venza la prórroga por seis meses de la prisión preventiva dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a fines del año pasado, cuando se habían cumplido ya dos años desde que fue detenido, con intervalos ya que el empresario recuperó la libertad en dos ocasiones por decisión del exjuez de Control, Esteban Díaz. Las extensiones más allá de los dos años son extraordinarias y para ser aprobadas requieren fundamentos fuera de las condiciones comunes. De hecho, cuando el TSJ a fines de 2017 la concedió, aludió a la complejidad de la causa por el número de sucesos investigados, el tipo de delitos, la cantidad de personas imputadas, la calidad de los mismos y la “numerosa actividad recursiva”. Este último punto advierte que la demora en llegar al juicio se debe a las presentaciones de las defensas, y no son atribuibles a mora de la fiscalía.
En efecto, la causa ha sido elevada a juicio hace un año y medio. Por oposición de las defensas fue al Juzgado de Control que quedó vacante. Allí estuvo ocho meses hasta que quedó vacante y pasó a otro tribunal que en un mes y medio la confirmó. En diciembre último la Cámara de Acusación también sentenció que la causa estaba cerrada para ser juzgada Por un recurso extraordinario, ahora se espera la decisión del TSJ.
Entre los imputados, además de Trebucq -es el único detenido- hay 15 personas (abogados, escribanos, empresarios y un empleado de la Dirección de Catastro). La causa trata de terrenos ubicados en la vera del Río Suquía, a la altura del puente 24 de Septiembre, expropiados por la Provincia en la década del 60 pero que luego fueron objeto de varias transacciones inmobiliarias por las cuales se trasladaron los dominios.
