En el libro Crónicas del aguante, el sociólogo Pablo Alabarces cuenta que en 1982 un comisario llamado Rodolfo Jusaro, que era hincha de Huracán, reprimió a la hinchada de San Lorenzo que festejaba el ascenso a Primera División en la cancha de Vélez. Así se lo explicó Jusaro, entre risas, al subjefe de policía: “Yo te avisé que hoy le arruinaba la fiesta a los cuervos”. La anécdota es sintomática del accionar de la “tercera barra brava” –como la llama la ONG Salvemos al Fútbol– que asiste a los estadios en la Argentina: la policía, que acaba de matar el último lunes a un hincha de Lanús, Javier Jerez, de 42 años, con una bala de goma.
Nada nuevo bajo el sol: según estudió esa ONG, entre 1924, cuando se registró la primera muerte en una cancha en la Argentina, hasta 2011, el 23% de las personas fallecidas en el fútbol fueron consecuencia de la represión policial. Escrito de otra forma: la represión policial es la segunda causa de muerte en el fútbol argentino, detrás de los enfrentamientos entre barras de equipos rivales.
“Es que la policía –le comenta Mónica Nizzardo, la ex titular de Salvemos al Fútbol, a PERFIL– es parte del negocio de la violencia en la Argentina.”
Policías en inacción. El negocio es simple: a más policías en un operativo de seguridad, más dinero deben desembolsar los clubes. “Pero la seguridad –advierte Nizzardo– no depende para nada de la cantidad de policías. Y además, muchas veces se presupuesta un operativo por una cantidad de policías pero después en los partidos hay cien o hasta doscientos menos, como comprobó en su momento Mariano Bergés (ex juez, hoy titular de Salvemos al Fútbol).” No por nada, el vicepresidente de Vélez, Julio Baldomar, se quejó tras la suspensión del partido del último sábado entre su equipo y All Boys: “Había seiscientos policías y no pudieron con 2.200 hinchas (de All Boys)”.
Para que se entienda: un operativo de seguridad de seiscientos policías, según desasna a PERFIL el presidente de Vélez, Miguel Calello, cuesta 200 mil pesos (en un partido estándar, Vélez vende entradas a los visitantes por 180 mil pesos…). En consecuencia, en un año, un club va a pagar alrededor de cuatro millones de pesos por los operativos policiales. “Las quejas que hemos tenido de nuestros socios algunas veces son por los cacheos que hace la policía”, señala Calello, que apunta que la “solución no es impedir que vayan los visitantes a la cancha, porque eso es un parche”. Por lo demás, la prohibición para que las hinchadas visitantes concurran a los estadios va a reducir la cantidad de policías de los operativos, pero apenas: mínimo, cuatrocientos, “por los problemas que hay hoy en las mismas hinchadas”, cuenta Calello.
“Es que la policía no está preparada para prevenir la violencia en el fútbol, no tiene estrategias. Reacciona, de hecho, como una barra brava más”, detalla Nizzardo. Bien lo puede atestiguar Gastón Turus, el defensor de Belgrano de Córdoba que recibió en marzo un palazo por parte de un policía de Santa Fe durante un partido ante Newell’s. Nizzardo, que renunció hace seis meses a Salvemos al Fútbol harta de trajinar despachos oficiales sin respuestas (otra que El Proceso de Kafka), explica que la complicidad de la policía (cualquiera sea, aclara) con la violencia no se reduce a la represión en las canchas o a los operativos inflados: la connivencia va desde el acompañamiento de los micros de las barras hasta la obstrucción de las investigaciones judiciales. Ejemplifica: cuando un Juzgado X pide una grabación de incidentes para identificar a los barrabravas involucrados, la policía aporta una edición y no el crudo de esa grabación captada por las cámaras de seguridad de los estadios. La policía es, en definitiva, parte del engranaje de la violencia (y a veces, su catalizador).
Bien lo sabe Nizzardo, que, una vez, cuando era dirigente de Atlanta, fue a la Comisaría 29 a hacer una denuncia contra los barras de su club. Estaba sentada cuando alguien la palmeó por la espalda. Era el comisario. “No te podés quejar, eh, por cómo te estamos tratando”, le dijo con una sonrisa.
