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DOMINGO / REPORTAJE a Alejandro Fargosi
domingo 23 marzo, 2014

“Oyarbide tiene denuncias que se rechazan por la protección K”

El abogado y miembro de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura considera una vergüenza que Norberto Oyarbide siga siendo juez. Advierte por la cultura de la impunidad y cree que juzgar a los corruptos es la gran asignatura pendiente de la democracia.

Foto: Nestor Grassi

Mientras desgrabamos esta conversación, sesiona la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, en la que el doctor Alejandro Fargosi representa a los abogados de la Capital Federal. Obviamente el caso del juez Oyarbide es un tema central.
—Mi planteo –explica el doctor Fargosi– es que ya no hay más nada que investigar en el caso específico contra el juez Oyarbide por haber suspendido un allanamiento cuando, justamente, debería haberlo continuado. Tendría que haberse ido de la reunión social en la que se encontraba “con gente agradable”, como él mismo dijo. Y esto, que parece un comentario anodino, es muy importante: fíjese que implica que Oyarbide estaba en plena capacidad como para abandonar esa diversión. No estaba siendo operado en un hospital ni nada por el estilo. Estaba, repito, en plena capacidad como para ir personalmente, poner orden en el allanamiento que se había desordenado con aparentes pedidos de coimas, detener a los policías que estaban haciendo esos pedidos, sobre todo, si tenemos en cuenta dos factores “fácticos” pero no “secundarios”: que el juez Oyarbide no sólo tiene auto oficial que le permite no tener problemas de movilidad sino que, además, el allanamiento era en el Microcentro. Con lo cual no se trataba de entrar a la Villa 1-11-14 con riesgo físico y de desplazamiento. Es decir, todo, analizado de manera coordinada, demuestra que es un caso de incumplimiento de los deberes judiciales y, al menos desde mi punto de vista, está tipificado en la legislación que se aplica en estos casos como “negligencia grave en el ejercicio del cargo”, como marca el artículo 25 de la Ley 24.937. Incluso, se puede considerar como un virtual abandono de funciones de este mismo artículo. O sea que, en uno u otro inciso del artículo 25, hay causal de remoción.
—¿Esta sería entonces la acusación?
—Lo que yo voy a plantear es que procedamos a acusarlo en la Comisión y que procedamos también a suspenderlo en virtud de otras normas que nos lo permiten.
—¿Por ejemplo?
—El artículo 518 del Código Procesal Penal, que explica un subsidio del régimen propio del Consejo de la Magistratura porque existe una grave situación que, de prolongarse en el tiempo, genera daños a la sociedad. Por ejemplo, que el doctor Oyarbide siga siendo juez. Este tema de Oyarbide se viene arrastrando con distintas causales desde hace 11 años como mínimo.
—¿Se refiere a la denuncia de Monner Sans?
—Es una de las denuncias de Monner Sans. Además de esas denuncias, están las mías y las de otras personas que hemos ido denunciando sucesivamente a Oyarbide por las mismas o diferentes causas. Le diría que hay una colección de denuncias, muchas de las cuales han sido ya rechazadas por la protección que le otorga el kirchnerismo, pero que terminan provocando que ocurran estas cosas. Por ejemplo, si el doctor Oyarbide no hubiera estado en funciones en diciembre de 2013, este allanamiento no se hubiera suspendido porque, seguramente, otro juez no lo hubiera suspendido. Lo hubiera llevado a cabo. Es decir que los daños para la sociedad que significa tener un juez como Oyarbide (además de ser una vergüenza) son concretos para la investigación de los temas.
—Perdóneme que aclare pero ¿usted inicia entonces una nueva investigación o aclara una denuncia?
  —Inicié la investigación el 12 y ya estaba terminada el jueves. O sea que la investigación consistía, básicamente, en saber qué había pasado. Esto, a raíz de la conferencia de prensa “de vereda” que brindó el doctor Oyarbide en la calle. Esto fue lo que disparó el asunto y, para mí, la investigación está concretadísima con los dos elementos clave de este asunto, que son: la conferencia de prensa en la que el doctor Oyarbide confiesa haber suspendido el allanamiento porque priorizó la reunión “agradable y con gente agradable” en la que se encontraba y el otro elemento (que ya consta en el expediente) es el del expediente abierto en la Cámara del Crimen, donde Oyarbide ratifica por escrito lo dicho en esa conferencia de prensa. Con lo cual aquí no se trata de ponernos a investigar qué hicieron los policías o qué hizo el secretario del juzgado. Esa cuestión pertenece al ámbito del derecho penal. Es una cuestión penal que está en curso y habrá que ver cómo evoluciona la investigación. Lo que estamos haciendo aquí es el juzgamiento de un juez en función de sus obligaciones judiciales, desde mi punto de vista incumplidas. Lo que corresponde ahora es juzgar al juez, y juzgarlo “ahora”. No podemos seguir con este sistema de demoras en el que la situación del doctor Oyarbide se prolonga indefinidamente en el tiempo y repite, uno tras otro, casos en los que se justifica (más que sobradamente) su remoción.
—¿Y el caso de Liuzzi, como subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, quien llama a Oyarbide para detener el allanamiento en las oficinas de un amigo?
—Lo que ocurre, en el caso de Liuzzi, es que pertenece al ámbito de las investigaciones penales. Hay que ver por qué el señor Liuzzi le pidió al doctor Oyarbide lo que le haya pedido, porque esto no lo sabemos. En realidad, fue un diálogo telefónico que no consta en ningún lado y que tampoco ha sido explicitado por los protagonistas. Lo que ha dicho Oyarbide hasta ahora es que Liuzzi le denunció que estaban pidiendo coimas en nombre de Oyarbide. Nada más. Que la decisión de suspender fue de Oyarbide y no de Liuzzi. Obviamente, no podía ser de Liuzzi. No tiene poder para suspender nada. Lo que no llego a entender es por qué el señor Liuzzi es subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Es decir, una de las autoridades jurídicas más importantes del Poder Ejecutivo que, en vez de ir inmediatamente a hacer una denuncia, como corresponde, llamó al juez. Esto no debe ocurrir. Uno no llama al juez para denunciarle esto. Uno va y hace la denuncia. Sobre todo si tenemos en cuenta que Liuzzi es el número dos de la Secretaría Legal y Técnica, que es la secretaría que ejerce control sobre todos los actos que firma el presidente de la Nación en su faz jurídica. No puede ignorar lo que se está tratando. No puede ignorar que tenía que hacer una denuncia penal Este sistema de amiguismos en el poder es una cosa que debe terminar. Lo que ha ocurrido es de una impudicia que, realmente, a uno lo deja atónito.
—El diario “Clarín” publicó el aumento patrimonial de los bienes del señor Liuzzi y los números no dejan de llamar la atención. Usted lo habrá visto, ¿no?
—Sí. Estoy en el seguimiento permanente de todas estas cuestiones. En el tema de los aumentos patrimoniales se ha llegado a un punto en el que uno ya no se asombra. Increíblemente hay, también, gente que pasa por la función pública y su patrimonio no cambia. Es más: a veces decrece. No hace falta remontarse al siglo XIX. Actualmente, hay mucha gente a la que le ocurre esto. No sé si en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde ninguno tiene cara de pasar necesidades, pero en el caso de Liuzzi espero que se investigue a fondo. Y repito, aquí hay dos cuestiones: una es la de Oyarbide y otra, la de Liuzzi, Zannini y compañía. Ese es un tema sumamente grave que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias porque, además, como dijo el diputado Oscar Aguad, aquí hay quienes sostienen que había una organización delictiva que se dedicaba a “tomar financieras” para, a cambio de dinero, dejar sin efecto los allanamientos que se habían realizado o pedido. En esto es muy importante que todos sepamos que si la gente se asusta y no hace las denuncias correspondientes, los que tenemos responsabilidades reales no podemos hacer nada. ¿Por qué digo esto? Porque en más de una oportunidad, desgraciadamente, me he cruzado con versiones, con amigos a los que uno escucha y le cuentan que “fulano sabe algo”. Pero cuando uno le va a preguntar a esa persona: ¿Qué sabe?, ¿qué le consta?, ¿qué fue obligado a pagar, etc.?, oye respuestas como: “No, de ninguna manera, yo no me puedo meter en estos temas”, “no quiero tener problemas”, “ a mí me pueden apretar, me pueden hacer quebrar… que si mis hijos…”, que si lo que fuere, etc. Entonces, se crea una especie de sistema de silencio generalizado que, de alguna manera, es proactivo con respecto a la corrupción en la Argentina. Porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es de impunidad.
—¿Cómo definiría la corrupción?
—La corrupción es un hecho individual por el cual uno decide si es o no corrupto. Pero cuando, además de corrupción, hay impunidad, se fomenta la corrupción. No hay castigo. ¿Por qué motivo determinados personajes no van a robar si, total, no les pasa nada? Esto es lineal y, además, produce un efecto devastador en la sociedad, porque la consecuencia es que prácticamente toda la población observa y ve que se premia a los que roban. Hay un tema que a un cierto sector de la sociedad no le importa pero a los que se encuentran en estado de necesidad, sí. Le explico: ¿por qué alguien va a dejar de tomar un terreno si todos los que toman terrenos reciben luego la propiedad? En realidad, tenemos que dar gracias de que nadie tome las plazas públicas y parques de todo el país para hacerse una quinta propia. Esto es una barbaridad. Una cosa es el estado de necesidad y otra, la ruptura del contrato social del respeto a las leyes.
—De acuerdo a su experiencia, doctor Fargosi, ¿hay antecedentes de un juez al cual se le hace una denuncia de allanamiento (volviendo al caso Oyarbide) tan minuciosamente descripto y ordene suspenderlo?
—Hay un antecedente, hasta donde recuerdo, que no fue tan flagrante. Me refiero a la época de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, cuando el entonces juez Galeano decidió suspender un allanamiento y fue procesado por eso. No recuerdo en qué terminó ese procedimiento pero sí recuerdo que fue, repito, procesado por haber suspendido un allanamiento. Le explico más: suspender un allanamiento es un hecho gravísimo. Para un juez, un allanamiento equivale a lo que es un procedimiento para la policía. Es equivalente a que, cuando la policía está haciendo un procedimiento (supongamos) en un lugar donde hay narcotráfico, de repente aparezca el comisario diciendo “levantemos todo y vámonos”. Algo inadmisible. Es de una flagrancia manifiesta, y lo asombroso es que haya ocurrido. Además, ni siquiera se llega a entender por qué motivo Oyarbide lo confiesa. Esto es muy raro porque del doctor Oyarbide se puede decir algunas cosas pero lo que no se puede decir con seguridad es que no sabe derecho. Sí, sabe derecho. Entonces, por qué motivo hizo esa declaración ante la cámara; por qué motivo esas declaraciones en la vereda de su casa incluso rodeado de elementos que agravan lo que hizo y no lo aminoran. Es decir, una cosa es suspender el allanamiento cuando están ocurriendo delitos y el juez no puede moverse del lugar donde se encuentra porque, repito, está recibiendo, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia, y otra cosa es suspenderlo cuando está pasándola bien en una reunión social “con gente agradable”, para usar sus propias palabras.
—¿A qué atribuye esta impunidad?
—En primer término, a que tenemos una gran asignatura pendiente como país. Me refiero a la enorme asignatura pendiente de empezar a juzgar, a condenar y encarcelar a los corruptos. Esto no es una broma: desde 1983 hasta hoy (que yo recuerdo), sólo ha habido cuatro o cinco casos de cárcel para funcionarios públicos condenados. Si hacemos memoria, hablamos del concejal Pico, de Mazzorín en la época radical.
—Los pollos de Mazzorín.
—María Julia Alsogaray; Alderete, que creo que sigue con ese tema hoy con nuevos ribetes, Menem. Hablo en términos de condenas. Pero ¿nada más que esa gente? En cualquier país, de todos los que nos rodean, en Europa, en Estados Unidos, hay más condenas por corrupción. Nosotros, que tenemos, según las comparaciones internacionales, el dudoso honor de ser uno de los países más corruptos, solamente, en más de treinta años, ¿podemos nombrar tres o cuatro casos? Y la respuesta es: porque no pasa nada. En Argentina, por el motivo que fuere, no solamente no se combate el delito físico (robos, arrebatos, homicidios) eficientemente (e incluyo el narcotráfico) sino que tampoco se combate la corrupción. Y esta impunidad que fomenta cada vez más corrupción es lo que nos debemos a nosotros mismos.
—¿Cuáles serían las medidas clave que deberían tomarse?
—Por ejemplo, sancionar de una buena vez una ley del arrepentido. Actualmente, la posibilidad de un arrepentido que confiese y disminuir o eliminar entonces la pena se limita al tema del narcotráfico. El arrepentido tiene que aplicarse a todos los delitos porque si no la enorme mayoría de ellos no se descubren nunca. No hay ningún motivo para que una persona confiese un delito si no recibe, a cambio, algún tipo de ventaja como, por ejemplo, el aminoramiento o, eventualmente, la supresión de la pena.
—Aquí llegamos también al tema de la reincidencia actualmente en discusión. ¿Usted piensa que la reincidencia (por desgracia, tan frecuente) justifica el alivio de la pena?
—No solamente no justifica el alivio de la pena sino que va contra el más elemental sentido común, y además va contra las estadísticas criminales. Lo que está demostrando el reincidente es que no se inserta en el orden social, que es el que permite que seamos algo distinto de la selva. Porque, si de lo que se trata es de volver al pasado remoto como si estuviéramos en un lugar donde alguien sólo puede defenderse por medio de la violencia, lo que estamos haciendo es eliminar nuestra forma de vida. Y, sobre todo, lo que es aún más cruel, a los que más condenamos es a los que menos tienen. Le explico: los que, de alguna manera, tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas y sobrante de plata podemos llegar a pagar seguridad. No deberíamos (porque es injusto) pero podemos hacerlo. ¿Y los que no la pueden pagar? Todos los días tenemos varios muertos por la inseguridad. ¿De qué están hablando entonces los que sostienen que la reincidencia no es un agravante? Kant demostró que con la teoría pura no se llega a ningún lado. La razón pura práctica mezcla el sentido técnico de determinados avances de la ciencia jurídica con el sentido común. Y no resiste la prueba del sentido común sostener que al reincidente ya se lo castigó, por lo cual no se lo puede castigar de vuelta. Esto es de un nivel de ridiculez que es realmente para preguntarse si, detrás de esto, hay intenciones mucho más serias o se trata de una falta de análisis de la realidad.


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