El periodista Daniel Santoro devela algunos pasajes de su último libro, "La batalla final de Cristina", donde analiza a la Vicepresidenta y su relación con el poder.
Cristina quiere la cabeza de Stornelli (pero no la puede tener)
—¿Doctor Stornelli, cómo es su relación con el presidente Macri?
—La última vez que lo vi fue en la cancha de Boca en 2010. Yo era el encargado de la seguridad del estadio. No lo dejé entrar porque venía con mucha custodia. ¿Por qué me pregunta?
—No, por nada. Es para evaluar el riesgo procesal.
No es un chiste sino una de las preguntas que le hizo el juez Alejo Ramos Padilla al fiscal Carlos Stornelli en el contexto de la declaración indagatoria a la que lo citó. La escena, contada por primera vez en este libro, revela que Ramos Padilla, en efecto, pensó en dictar la prisión preventiva de Stornelli.
Aunque lo intentó, no pudo hacerlo. Y además, hubiese sido un escándalo: los fiscales gozan, por ley, de inmunidad de arresto.
El diálogo tuvo lugar el 29 de noviembre de 2019, apenas Stornelli entró al despacho del juez y se dieron la mano con cortesía y frialdad. El aire se cortaba con un cuchillo en la oficina del Juzgado de Dolores. Ni siquiera un café pudo bajar la tensión en la sala. Se miraron una y otra vez con desconfianza. De cualquier modo, la simpatía que discretamente le demostraron muchos de los empleados del juzgado sirvió para levantar la moral de Stornelli.
Ramos Padilla pensó en dictar la prisión preventiva de Stornelli. Hubiese sido un escándalo.
Era la primera vez que se encontraban luego de un duelo mediático y judicial en que el juez llamó seis veces a indagatoria a Stornelli y lo declaró en rebeldía. El fiscal, antes de concurrir, se aseguró de que la causa de los cuadernos fuera elevada a juicio oral, para evitar nulidades.
¿Por qué el magistrado le descerrajó esa imprevista pregunta sobre su relación con el entonces presidente? Sucede que las prisiones preventivas se ordenan según el riesgo procesal. En este tipo de casos, se evalúa si el imputado puede obstruir la investigación de la causa o fugarse. El fiscal no iba a escapar. Pero el juez podía inferir que, si tenía una estrecha relación con Macri, entonces jefe de Estado, iba a sabotear la causa. Y con ese “riesgo procesal” podía dejarlo preso.
Era la foto que quería y sigue queriendo Cristina: Stornelli saliendo esposado de un juzgado.
Pero los K apenas consiguieron la foto del ingreso del fiscal, imputado por primera vez en su vida. No la de su detención. Es el mismo fiscal que, en la causa de los cuadernos, logró el procesamiento de 170 ex funcionarios K –entre ellos, Cristina– y poderosos empresarios. No era ni es un caso más. Se trata de un hito en la historia judicial argentina. Elisa Carrió contó a este autor que incluso a Macri “no le gustaba esta causa porque decía que afectaba la macroeconomía”. Además, el entonces presidente tenía amigos y parientes procesados.
Desconcertado por la pregunta sobre Macri, Stornelli caminó los veinte metros que separaban el despacho del juez de la sala de audiencias, mientras daban vueltas en su cabeza las frases con las que lo habían atacado unos días antes. Cristina Kirchner había dicho: “Stornelli es un fiscal extorsionador”. Oscar Parrilli lo había acusado de “apretar empresarios”. El presidente Alberto Fernández había afirmado: “Stornelli es una vergüenza para la Justicia”.
Y el estrambótico operador de Cristina y Alberto, Eduardo Valdés, sentenció: “Stornelli es Macri”.
El objetivo de la vicepresidenta era claro: conseguir la cabeza del fiscal en bandeja de plata. Iba a ser el broche de oro para el relato del lawfare y su batalla final. Desde el crimen de Nisman, Cristina no había tenido una obsesión de estas dimensiones contra un fiscal.
"El pedido de juicio político de Parrilli está basado en mentiras y conjeturas", dice el fiscal Stornelli.
Se había preparado durante seis meses para ese momento. Había estudiado hasta los mínimos detalles de la causa D’Alessio. Y en una entrevista con este autor en su departamento de Palermo, rodeado de su colección de relojes antiguos, el fiscal desgranó sus ideas acerca del interés de Ramos Padilla por su vínculo con Macri.
—¿Por qué el juez Ramos Padilla, Cristina, el presidente Fernández y los medios K lo presentan como un fiscal macrista?
—Me quieren pegar con Macri como parte de su estrategia política y judicial. Es cierto que conozco a Macri. Tengo una relación desde que me ofreció ser candidato a diputado nacional hace diecisiete años. Pero no somos amigos. Le cuento: en 2003, me llamó Juan Pablo Schiavi, quien paradójicamente era en ese momento uno de los armadores del proyecto de Macri. Siempre le tuve mucha simpatía personal a Schiavi. Él era el encargado de convencerme. El día anterior a que cierre la presentación de listas, me llamó Macri para pedir que aceptara la candidatura. Le contesté que me invitaba a una lista, no a un proyecto. Y rechacé su oferta.
—¿Cuándo fue la última vez que trató o vio a Macri?
—Lo última vez que lo vi fue cuando yo estaba a cargo de la seguridad del estadio de Boca. Integro con otros fiscales esa comisión como socio y en forma ad honórem. Macri quería entrar con ocho custodios y le dije que no. Fue hace diez años aproximadamente.
Era un partido caliente en la Bombonera. Me llamaron de la puerta donde estaba. Le dije: “Mirá, Mauricio, acá adentro te cuidamos nosotros, entrá con dos tipos y sin armas”. Me miró con cara de orto. Nunca más lo traté. Él, que había sido presidente de Boca hasta 2008, se enojó. No volvió a hablarme. No tengo relación, o sea, no le hablo ni nada. La última vez que lo vi, pero solamente lo vi, fue en 2019, en un acto en el Colegio Militar. Hay una foto, que no está trucada, pero está sacada en diagonal. Da la sensación de que yo estoy sentado al lado de Macri. En realidad, estoy entre el público. El jefe del Estado Mayor del Ejército de ese momento era íntimo amigo mío de la infancia y me invitó al acto. Macri entró después que empezó el acto y se fue antes de que termine. No tuve ningún cruce con él. Entró y salió. Nunca milité ni participé de ningún espacio macrista.
—¿De dónde viene ese odio del kirchnerismo en contra de usted?
—Yo creo que empezó con el caso Skanska, en 2004, cuando pedí la indagatoria de funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. Luego Kirchner dijo que yo estaba totalmente “pegado a Macri”. Así se creó el relato. Algunos dirigentes del kirchnerismo, alcahuetes y oportunistas, me odian porque odian a todo aquel que investigue. No quieren justicia independiente, ni fiscales, ni periodistas que investiguen. Yo no odio a nadie. Solo hago mi trabajo de fiscal. Con Menem y el menemismo sucedió el mismo fenómeno, pero no tan grave.
—Doctor, ¿por qué dijo que tuvo más relaciones con el presidente Alberto Fernández que con Macri?
—Con el presidente Fernández, antes de ser candidato en 2019, de vez en cuando nos juntábamos. Era una relación cordial aunque no somos amigos. Tenía trato frecuente con el Presidente. Me llamaba para preguntarme sobre la situación de la Justicia en general. Nada raro. Fui varias veces a comer o a tomar un café en su búnker de la avenida Callao.
—¿Qué responde a las críticas del Presidente en su contra, dichas en el marco del Operativo Puf?
—Entiendo que el Presidente está jugando un partido por el poder en su máxima expresión. Pero otros dirigentes kirchneristas me atacan porque buscan una reacción mía para recusarme en las causas que investigo. En estos meses he aprendido a cultivar la paciencia y una actitud zen. Es el precio que hay que pagar. Ni yo ni usted vamos a dejar de investigar por esta operación armada en el Juzgado de Dolores.
—¿Alberto Fernández le preguntaba por causas judiciales?
—Recuerdo que una vez se mostró muy interesado por la situación judicial del ex secretario de los Kirchner, Fabián Gutiérrez. Colijo que el interés era de parte de Cristina. Creo que Gutiérrez quedó preso en octubre de 2018, en la causa de los cuadernos. El arrepentimiento de Gutiérrez lo propuso su abogado, Martín Magram. Paradójicamente, tengo más relaciones con funcionarios del espacio del Frente de Todos que con los de la administración macrista.
—¿Cómo le ofreció Daniel Scioli el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires?
—Scioli me invitó un día a comer cuando era vicepresidente. Creo que el juez Jorge Urso, que era mi amigo, le dio mi teléfono. Luego conversamos varias veces. Fui con un colega. Charlamos. Tenía un proyecto de seguridad para la Provincia. Le pedí pensarlo.
Después, cuando ganó la gobernación bonaerense, me convocó para el Ministerio de Seguridad en 2007, cargo que ocupé hasta 2010. La amistad la mantengo.
—El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli pidió dos veces su juicio político…
—Es un pedido basado en mentiras y conjeturas. Viene del Instituto Patria.
—El otro fiscal que atacó duramente el kirchnerismo fue Nisman, unos días antes y después de su crimen en 2015…
—Estoy convencido de que a mí no me mataron porque ya lo tenían muerto a Nisman y esto les provocó un enorme costo político. Sé que tengo un perfil alto en el debate público por las causas de corrupción. Participé de la marcha por el esclarecimiento de la muerte de Nisman y eso no me lo perdonan. Y además, les preocupa muchísimo mi investigación de la causa de los cuadernos. Entonces, por ahora, no les conviene matarme.
—Pero, aparte de las críticas y los insultos, ¿tuvo amenazas de muerte?
—La más fuerte fue el hallazgo de una carcasa de bomba cerca de la casa de mi hijo. Fue en mayo de 2019. La dejaron debajo de un auto estacionado en la calle Castex, casi esquina Salguero, en Palermo. La Policía Federal halló un artefacto con tres tubos rojos encintados y un reloj que simulaban ser una bomba. Las demás son amenazas en las redes sociales sin importancia.
Aquel 29 de noviembre de 2019, en la sala de audiencias de Dolores, el fiscal no solo aludió a su relación con Macri, afirmó que la denuncia por extorsión era “un armado” entre D’Alessio y Etchebest, orquestado por abogados K y difundido mediante una “operación mediática feroz”.
Stornelli, vestido con un ambo azul, camisa blanca sin corbata y anteojos oscuros, soportó estoico las preguntas durante doce horas de interrogatorio. Allí precisó que el objetivo de la maniobra era hacer caer la causa de los cuadernos y separarlo a él del caso.
El juez se mostró nervioso durante el interrogatorio.
Con testimonios, pruebas y un dictamen de una fiscal, Stornelli contestó todas las preguntas. El dictamen era producto de una causa abierta por una denuncia por fraude contra D’Alessio formulada por el propio Stornelli.
Tras la presentación de Pedro Etchebest, explicó que varios “de los procesados en la causa de los cuadernos, como Roberto Baratta, fueron aceptados como querellantes en Dolores”. Y sus abogados presentaron “recusaciones calcadas” en su contra, en la causa de los cuadernos de las coimas.
Cada vez resulta más claro: el juez de Dolores convirtió la causa D’Alessio en un espejo de los más importantes juicios por corrupción K que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py.
Stornelli miró al juez Ramos Padilla y le dijo: “No me presenté antes para preservar la causa de los cuadernos de la maniobra organizada, entre otros, por los abogados que usted, doctor, indagó en esta causa y aparecen defendiendo a Etchebest, luego a Fariña, o a otros”.
Era otra denuncia directa contra Franco Bindi, el armador del Operativo Puf.
Stornelli analizó párrafo por párrafo la denuncia de Etchebest, deteniéndose en el punto en que afirmó que “duró cuatro horas” la famosa reunión del 8 de enero con D’Alessio en el parador CR de Pinamar. En ese punto, citó un peritaje de las antenas activadas por los celulares de los protagonistas del desayuno frente al mar, en el que se demuestra que la reunión no pudo durar más de “cuarenta minutos”.
"Estoy convencido de que a mí no me mataron porque ya lo tenían muerto a Nisman"
Ese análisis de georreferenciación telefónica precisa que D’Alessio llegó a las 11 y abrió su computadora. Luego se sumó el actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que se convirtió en el “ángel de la guarda” de Stornelli, en tanto fue un testigo improvisado de los verdaderos términos de la conversación con D’Alessio.
Luego, el falso abogado lo invitó a manejar su camioneta último modelo Ranger Rover. A las 11.39 los teléfonos de los tres ya estaban separados. El dato coincide con el testimonio de Matías Etchebest: el hijo del sinuoso Pedro declaró que salió del parador a las 11.40.
Minutos después, los celulares de D’Alessio y Etchebest salieron del alcance de la antena de Pinamar. Y quedaron registrados en la antena de General Madariaga.
Se trata de una pericia clave: la denuncia de Etchebest se basa en que hubo una larga reunión para, por ejemplo, intercambiar chats sobre el soborno de 300 mil dólares solicitado por D’Alessio a Echebest. Y además, pactar con el “recaudador” de Stornelli, el gobernador Sáenz.
A mitad de la indagatoria, el juez interrumpió la grabación y convidó a Stornelli con sándwiches de miga. La tensión bajó unos decibeles.
Al reanudarse el interrogatorio, Stornelli contrastó que Etchebest, en sus conversaciones con D’Alessio, “aparece más preocupado por la causa de los cuadernos que por su propia extorsión”, entre otra docena de contradicciones. Luego soltó un dato explosivo: “Creo que el hijo de Etchebest, cuando estuvo detenido por reducir a la servidumbre a los ciudadanos bolivianos, fue alojado en la misma celda que Roberto Baratta, en Ezeiza”.
A Stornelli le preguntaron por el querellante y ex director de Pdvsa Argentina, Gonzalo Brusa Dovat. El fiscal dijo directamente que es “un mentiroso”, cuando afirmó que fue coaccionado y que fue a su fiscalía a declarar sobre maniobras de la filial local de la petrolera venezolana.
Stornelli recordó que el periodista Rolando Graña declaró en Dolores que fue el propio Brusa Dovat quien lo reconoció en un bar de Plaza de Mayo. En esa ocasión, le pidió volver a verlo para contarle su caso y hacerlo público: Brusa Dovat “está cooptado o se asustó por el impacto mediático de sus declaraciones”, dijo el fiscal.
El ex directivo de Pdvsa, primero, fue entrevistado por este autor y, luego, por los periodistas Rodrigo Alegre, Eduardo Feinmann y Graña. Y en cuarto término, declaró ante Stornelli. Cuando el juez le mostró un informe auténtico de la AFI sobre Brusa Dovat como prueba del espionaje ilegal, Stornelli observó que el documento estaba fechado el 5 de febrero de 2019. Es decir, después de declarar a los medios que fue amenazado por agentes del Sebin chavista, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Es obligación de la AFI investigar si hay tareas de espías extranjeros en territorio argentino.
A continuación, Stornelli se refirió al supuesto intento de extorsión de D’Alessio contra el hijo del jardinero de Cristina Kirchner, Pablo Barreiro, llamado Pablo Erasmo Barreiro. Aclaró que, por entonces, no conocía a D’Alessio.
Al igual que en el Operativo Puf, en el medio aparecieron los abogados K Graciana Peñafort y Alejandro Rúa y se reunieron con antes de que denunciara a Stornelli. Barreiro renunció a su primer abogado porque, dijo, quería “una defensa política y no técnica”, y contrató a Peñafort y Rúa, un defensor de ex funcionarios K vinculado al CELS de Verbitsky.
En su indagatoria, Stornelli confirmó que este autor recomendó tomarle declaración testimonial a D’Alessio. El motivo era que, como ex funcionario de Enarsa, conocía irregularidades en esa empresa estatal, y así lo había contado en una entrevista que le hice para mi libro El mecanismo. Contó también que tomó confiado la declaración testimonial de Brusa Dovat porque me conoce desde hace más de veinticinco años. Explicó que no hago operaciones y que soy “más bueno que el Quaker”.
En un momento de la indagatoria, el juez Ramos Padilla le preguntó por qué no entregó su celular. Respuesta: “Usted no me lo pidió, doctor. Además, borro habitualmente todo lo que escribo en el día”.
La indagatoria en Dolores terminó recién sobre la medianoche. El fiscal salió confiado porque contestó todas las preguntas y no dejó baches desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista político, Ramos Padilla estaba jugando un papel para darle una fachada judicial a esta operación política.
Basta con recordar el rol de un juez y un fiscal y comparar: en las causas penales, el fiscal acusa y el juez, como figura imparcial, resuelve. Pero en el caso D’Alessio fue al revés: desde el arranque de la causa D’Alessio, en marzo de 2019, el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi advirtió a Ramos Padilla que actuaba “sin impulso fiscal”. Y nunca pidió la indagatoria de Stornelli. Fue el juez el que direccionó la causa hacia el fiscal porteño y luego lo indagó, tal y como quería Cristina.
Pronto, más dudas y sospechas envolvieron la investigación de Ramos Padilla. Entre ellas, un confuso incidente mediante el cual los abogados de Etchebest accedieron en forma irregular a unos 60 mil documentos secuestrados en los celulares y las computadoras de D’Alessio.
¿Qué había pasado?
El 11 de marzo de 2019, el fiscal de Dolores aportó una memoria externa vacía al juzgado para que le grabaran allí una copia de la información obtenida tras el allanamiento al domicilio de D’Alessio. Pero el juez denegó el pedido, aduciendo que las partes de la causa, en ese momento, no podían acceder a esos datos. Entonces, el fiscal Curi solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico de la Procuración General de la Nación que analizara esa memoria externa. Los técnicos del organismo determinaron que la memoria había tenido almacenados más de 60 mil archivos, que fueron borrados antes de devolverla. Pero los datos sí fueron copiados a uno de los abogados de Etchebest.
Para que se entienda bien: el kichnerismo accedió a esos 60 mil documentos de D’Alessio antes que el fiscal Curi, Stornelli y los otros imputados. Y según Carrió, llegaron a manos de Cristina Kirchner. La única respuesta del juez fue abrir un sumario para determinar quién fue el responsable del “error”. Mientras seguía el tironeo entre el fiscal Stornelli y el juez, este tomaba cualquier referencia de las computadoras o celulares de D’Alessio como un caso criminal. Así, abrió treinta expedientes más. Es decir: además del caso Etchebest, aceptó a veinte querellantes con pocos o ningún fundamento.
Uno de esos expedientes denunciaba “apretadas” de Stornelli al dueño de Techint, Paolo Rocca, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, y el titular del Grupo América, Eduardo Eurnekian. Supuestamente, para que declararan como arrepentidos en la causa de los cuadernos. La versión, profusamente difundida por los medios K, sostenía que Stornelli le quiso hacer una cámara oculta al abogado Javier Landaburu. Y que Landaburu iba a denunciar al fiscal.
Escribió el diario Página/12: “La imputación por el caso Landaburu tiene que ver con una escucha en la que D’Alessio contó que el empresario Eurnekian pagó 600 mil dólares para no ir preso y no ser allanado. El falso abogado da por supuesto que parte del dinero fue para Stornelli. Se trata de las conversaciones o chats entre D’Alessio y Etchebest donde, como ya se vio, uno buscaba manipular al otro”.
Pero Landaburu se presentó ante el juez y negó en forma categórica haber preparado una denuncia contra Stornelli. El letrado dijo que dicha versión era “absurda por tres razones”:
l Con Stornelli tengo una relación que excede lo profesional, pues compartimos cuestiones comunes en ámbitos sociales y nos vemos varias veces por mes.
l No soy el abogado de Rocca ni de Wagner, consta en la causa de los cuadernos, por lo tanto, Stornelli jamás podría haber pensado que yo iba a hacer una denuncia representando a ellos dos. Los abogados de Rocca son Fontán Balestra y José María Figuerero. Y los de Wagner, no recuerdo quiénes son.
l Eduardo Eurnekian es cliente del estudio del que soy socio, eso consta en la causa de los cuadernos y Stornelli también lo sabe. Entonces, jamás hubiera podido venir a verme D’Alessio y presentarse como abogado de esa persona, porque lo representamos nosotros. La imputación es absurda.
☛ Título La batalla final de Cristina
☛ Autor Daniel Santoro
☛ Editorial Margen Izquiedo
Datos sobre el autor
Es periodista y editor de la sección Judiciales del diario Clarín. Miembro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, profesor de la Universidad de Belgrano y de la maestría de Clarín.
Fundó junto a otros colegas el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo (ocupa el sillón Raúl Scalabrini Ortiz) y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
