A un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en Argentina, desde hoy, se lleva a cabo la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Santiago de Chile. Este tratado, ratificado por 12 países de América Latina y el Caribe, tiene como objetivo consolidar y potenciar los derechos de los ciudadanos a acceder a la información, a participar con igualdad de oportunidades en los procesos de toma de decisiones que afectan o pueden afectar el ambiente y la calidad de vida. Además de la posibilidad de acceder a la justicia en temas ambientales, derechos que resultan fundamentales para la consolidación de la democracia y la construcción de un modelo de gobernanza para el desarrollo sostenible.
El actual modelo de desarrollo existente en nuestra región no es sostenible, y sus frágiles equilibrios económicos, las múltiples brechas y desigualdades, y el continuo deterioro ambiental, han dado lugar a una fuerte conflictividad socio-ambiental y un alto nivel de exclusión de grandes sectores de la población.
El tratado se basa en la premisa fundamental de «no dejar a nadie atrás», y por ello se orienta a proteger y salvaguardar los derechos de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, buscando para ello remover las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de acceso, para que estos puedan ser realizados en condiciones de igualdad.
Un acuerdo fundamental
En tal sentido, es el primer acuerdo en el mundo en adoptar garantías para la protección integral a las personas defensoras del ambiente, que son quienes protegen la biodiversidad, resguardan a los territorios de los impactos que generan las actividades extractivas o simplemente promueven y buscan otras formas de desarrollo y formas de vida. Ello surge en la región del mundo que más riesgo de vida encierra para estas personas y donde año a año se produce el mayor de asesinato de defensores, tal como lo evidencian los reportes internacionales.
Escazú representa entonces una gran esperanza para quienes hoy necesitan contar con mecanismos de protección para sus vidas y nos brinda al mismo tiempo una oportunidad para que las personas vuelvan a creer que sus opiniones cuentan, que la participación institucional no es un ejercicio que siempre cae en un saco roto, y que ninguna actividad podrá prosperar si no cuenta con la necesaria licencia social para operar.
¿Cuáles son sus objetivos?
Ahora bien, el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo principal hacer que las personas puedan tener un pleno acceso a la información ambiental, vale decir toda aquella que se encuentre en poder del Estado y que no sea de carácter reservado. De igual forma la posibilidad de ser consultadas cuando se tomen decisiones, ya sea para habilitar una actividad o un proyecto que pueda de alguna forma generar un impacto significativo al ambiente o la calidad de vida de las personas que habitan en una determinada comunidad y en donde las personas puedan ser efectivamente oídas y atendidos sus reclamos. Finalmente tener la posibilidad de poder acceder a la justicia para la defensa de derechos que como en el caso del ambiente no son de naturaleza individual, sino que corresponden al conjunto de la sociedad.
Por ello, resulta necesario cumplir con al menos dos premisas. En primer lugar, que más países se incorporen como parte del mismo. Hoy contamos con 12 países que lo han ratificado de un total de 33 que conforman la región de América Latina y el Caribe. En este sentido la incorporación de una mayor cantidad de países logrará robustecer los mandatos establecidos en Escazú y para que la región pueda ir dando respuestas de conjunto a problemas que también los involucran para así generar una tendencia virtuosa en favor del cumplimiento de las reglas del acuerdo.
En segundo lugar y no menos importante es lograr la implementación plena y paulatina de los derechos de acceso en cada uno de los países de la región, aspecto que por otra parte resulta hoy obligatorio para Argentina en tanto el mismo ha sido ratificado mediante Ley N° 27.566. Por tal motivo, resulta entonces necesario que Argentina cuente con al menos un plan destinado a lograr su implementación y que las políticas públicas tanto del Estado Nacional como así también de las provincias y los Municipios incorporen de manera inmediata los mandatos establecidos en este Acuerdo.
Mucho más que un convenio
El Acuerdo de Escazú es mucho más que un convenio sobre derechos de acceso que fortalece la democracia ambiental. Es un resultado, así como un paso más en décadas de construcción de una conciencia global, donde no hay ni debe haber contradicción entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, donde el desarrollo no puede lograrse sacrificando a personas o comunidades y avasallando los derechos humanos, y que el Estado de derecho no puede desligarse de la democracia ambiental.
Al igual que otros acuerdos internacionales Escazú es una herramienta que podrá utilizarse a medida de las necesidades. Es por lo tanto un punto de partida que habrá de comenzar a moldearse en los próximos tiempos y una muestra de los resultados que pueden alcanzarse cuando los gobiernos y la sociedad deciden trabajar en conjunto. Aprovechar la oportunidad de sentar las bases para la construcción de una democracia ambiental en América Latina y el Caribe depende ahora de nosotros.
* Abogado especialista en derecho ambiental y director ejecutivo de FARN
