El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su proceso de desregulación al eliminar 58 normas vinculadas al comercio interior y, entre ellas, derogó cuatro disposiciones relacionadas con establecimientos educativos de gestión privada. La medida forma parte de la estrategia de simplificación normativa impulsada por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME y apunta a reducir regulaciones consideradas obsoletas o superpuestas dentro del marco legal vigente.
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Según informó el Ejecutivo, las derogaciones buscan aportar mayor claridad al sistema normativo, facilitar la interpretación de las reglas estatales y disminuir la incertidumbre jurídica. Desde diciembre de 2023, el Gobierno sostiene una revisión integral de la normativa vigente y ya eliminó 240 normas en el marco de su política de desburocratización.
Entre las disposiciones alcanzadas por esta revisión se encuentra el Decreto 2417/1993, una norma que regulaba diversos aspectos de los institutos de enseñanza privada. El decreto obligaba a los establecimientos a informar con anticipación a los padres sobre matrículas, cuotas, condiciones de pago y contratos educativos, además de establecer mecanismos de autorización estatal para determinadas modificaciones arancelarias.
La norma también exigía que los colegios privados presentaran información ante organismos educativos y comerciales, fijaba procedimientos para la aprobación de incrementos vinculados a costos salariales y otorgaba facultades de control a la entonces Secretaría de Comercio e Inversiones.
Las resoluciones que complementaban el régimen educativo
Junto con el decreto principal, el Gobierno derogó la Resolución 22/2006 de la Secretaría de Comercio Interior. Esa medida establecía una excepción para los institutos de enseñanza pública de gestión privada que comunicaran a los padres el contenido del contrato educativo del ciclo lectivo 2007 después de la fecha originalmente prevista.
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También quedó sin efecto la Resolución 167/2008 de la Secretaría de Comercio Interior, que había prorrogado hasta el 30 de noviembre de ese año el plazo para que los establecimientos educativos privados presentaran la información correspondiente al ciclo lectivo 2009. La disposición además exigía comunicar a los padres el contenido del contrato de enseñanza que regiría durante ese período.
Otra de las normas eliminadas fue la Resolución 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio. Esa medida había extendido hasta el 15 de noviembre de 2025 el plazo para cumplir con las obligaciones de información previstas en los artículos 1° y 6° del Decreto 2417/1993 para el ciclo lectivo 2026.
La misma resolución permitía que la presentación de la documentación correspondiente al ciclo lectivo 2026 ante la Secretaría de Industria y Comercio y la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada se realizara hasta el 15 de diciembre de 2025. Su vigencia estaba directamente vinculada al régimen establecido por el decreto ahora derogado.
La eliminación de estas normas se inscribe dentro del proceso de revisión regulatoria que lleva adelante el Gobierno desde el inicio de la gestión. Según el comunicado oficial, el objetivo es adecuar el entramado normativo al marco legal actual y eliminar disposiciones que generen superposiciones regulatorias o procedimientos considerados innecesarios.
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Por último, desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME sostuvieron que las derogaciones contribuyen a "simplificar las relaciones comerciales", al tiempo que permiten "facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica". Con estas cuatro medidas vinculadas a la educación privada, el Gobierno sumó un nuevo capítulo a su plan de simplificación del comercio interior y reducción de trámites administrativos.
GZ
