En la política de tierras del Gobierno conviven los remates de terrenos estatales a desarrolladores y ahora la titularización de tierras de los barrios populares, de la mano de un trabajo de las organizaciones sociales.
Dos referentes de ambos sectores, el empresario Eduardo Costantini, con torres en Catalinas y creador de Nordelta, y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, que formó parte del relevamiento de los 4.300 barrios populares que serán regularizados, debaten las políticas.
Para Grabois, “no hay planificación” sino “especulación de los desarrolladores. Costantini considera que no hay competencia entre las tierras para el ‘real estate’ y los barrios populares. Ambos coinciden en la necesidad de que sea una política de largo plazo que incluya dotar a los barrios de servicios públicos.
Eduardo Costantini
“La tierra para inversiones y la vivienda social no compiten”
—¿Cómo evalúa el proyecto de regularización de títulos de tierra para barrios populares?
—Tiene que ser un programa integral para mejorar la condición del hábitat de vida de todos los asentamientos. Hay muchos programas que están más integrados, más avanzados, como el caso de la Villa 31 que incluye la infraestructura, planes de vivienda y regularización de la tierra para darle la titularidad a quienes ocupan esas viviendas. Estamos hablando de barrios donde faltan todos los servicios: no tienen agua, gas, cloaca. Hay que tomarlo como un aspecto integral del barrio para mejorar las condiciones de vida y eso es un esfuerzo nacional en base al nivel de pobreza que hay. Si no hay crecimiento, empleo y educación, falta lo elemental y es un aspecto de necesidad básica que alcanza a un porcentaje grande de la población. Me parece bien que las familias que están ocupando esos terrenos y esas viviendas tengan un título. Eso es irreversible. ¿La alternativa cuál es? ¿Que se relocalicen? A veces por razones urbanísticas puede ser conveniente el traslado dando alternativas de vivienda.
—¿En qué casos cree que sería mejor buscar una relocalización?
—Depende de la situación geográfica, la situación de transporte, la cercanía con el lugar de trabajo, depende de los niveles de los terrenos porque quizás son inundables o están contaminados como a la vera de un arroyo. Hay situaciones extremas donde la solución tiene que ser el traslado. El tema es complejo pero es importante darle una solución. Es un síntoma de un nivel de pobreza por falta de desarrollo del país. Decir ‘no estoy de acuerdo porque lo han ocupado ilegalmente’ es de un gran reduccionismo. Inexorablemente las familias van a buscar un lugar para habitar. Eso hay que encararlo dentro de la situación del país. En la medida en la que no disminuya el índice de pobreza, van a surgir otros asentamientos.
—¿Para adelante qué se debería hacer?
—Todo lo que esté hasta ahora hay que regularizarlo, darle los títulos, lo vamos a cobrar en la medida que se pueda. Eso me parece correcto. En adelante hay que tener en cuenta el aumento poblacional y que se van a necesitar más casas y no tienen las condiciones económicas para comprar una vivienda. Se pueden dar más recursos del presupuesto para la construcción de casas accesibles en barrios donde estén todos los servicios. Hay que destinar tierras a la construcción de estos barrios. Eso tiene que ser una política preventiva del Estado porque lleva décadas disminuir la pobreza.
—¿Hay competencia entre las tierras para inversiones y las de fines sociales?
—Las tierras para desarrollar no son las tierras donde se dan estos asentamientos, la localización es distinta. No es un tema de competencia. Lo importante es que los Estados tengan medidas preventivas para que el aumento poblacional se corresponda con un lugar donde vivir.
—¿Lo convocaron para este proyecto o un plan de vivienda social?
—Como somos desarrolladores hemos hablado en términos generales de permisos pero no estamos en un comité de asesoramiento. El régimen de permisos para la clase media, con crédito hipotecario, permite dar acceso a la vivienda y el país es un poco surrealista con los créditos. Eso no viene solo. Tiene que haber un plan urbanístico global, tiene que haber acceso, transporte. Hay que rezonificar áreas. Algunas son rurales y hay que hacer la infraestructura con las municipalidades y provincias. En Nordelta estamos trabajando hace 20 años con la planificación para infraestructura.
—Le gustaría participar de un plan para desarrollo de vivienda social?
—Sí, claro. Si fuese económicamente factible y sostenible, sí.
Juan Grabois
“No hay planificación sino especulación de desarrolladores”
—¿Puede haber resistencia al proyecto de regularización?
—Creo que está muy encaminado porque hay una conciencia de que es una situación que es producto de malas políticas económicas, urbanas y cierta negligencia de quienes tienen poder en la Argentina. No incluyo solo a los políticos sino a los desarrolladores inmobiliarios. Esto resultó en que haya 5 millones de seres humanos viviendo en condiciones precarias, sin servicios básicos y en una gran precariedad en relación a la tenencia de los terrenos, que a su vez genera las condiciones parala penetración del narcotráfico. Este es un proyecto que se consensuó desde el inicio con las autoridades nacionales, la oposición, Techo y Cáritas.
—¿Prevén cuestionamientos por el gasto presupuestario?
—No tiene un costo grande para el erario público porque la mayoría de las tierras donde están asentados los barrios eran sucesiones vacantes, tierras con deudas impositivas, que ya tenían problemas de papeles anteriormente. En la discusión de la ley seguramente van a aparecer planteos porque tiene que haber un compromiso presupuestario para dotar de las redes de agua, cloaca y energía eléctrica y requiere una planificación donde el Ejecutivo tiene que informar cuántos barrios va a urbanizar cada año porque estamos hablando de más de 4.300 barrios. Sin planificación y con un criterio de vidriera política, no se va a resolver el problema. La ley es muy buena. Es producto de la capacidad de diálogo que hemos tenido todos y es producto de un trabajo de las organizaciones sociales que lograron en muy pocos meses y con alrededor de 8 mil promotores sociales hacer un relevamiento casa por casa en los barrios populares. Si se hace politiquería no se le va a poder dar continuidad con el próximo Gobierno -sea el que sea- y el que venga después, porque se requieren seis años.
—En seis años terminarían los 4.300 barrios?
—Si se hace con el compromiso presupuestario que se requiere, se puede hacer. Pero hay que volcar 1% del PBI para integración urbana de los barrios. Es algo muy barato porque impacta en la calidad de vida de quienes viven adentro pero también de quienes viven afuera. Sin integración urbana, que no es sólo el título sino la infraestructura, la integración de transporte, vamos a vivir en una sociedad dual. Estamos a tiempo de parar un proceso de favelización de la Argentina.
—¿Cómo se trabaja con los nuevos barrios?
—Promovemos la creación de un millón de lotes con servicios en las distintas ciudades del país, los conurbanos, los pueblos más pequeños. Nuestro pueblo sabe construir. Lo que necesita es el lote y que tenga acceso a la luz, el agua; que haya transporte; y que pueda acceder a los materiales a un precio razonable: que no haya especulación en los corralones. El Estado tiene que financiar la construcción de la vivienda. Es un sistema realista pero requiere planificación. El Gobierno anterior tuvo Procrear y este Gobierno le dio continuidad, pero ninguno tuvo una política de lote con servicios. Los créditos UVA son para la clase media. Los sectores populares, los más empobrecidos, no llegan a eso porque no cumplen los requisitos bancarios o el 20% del monto.
—¿Hay competencia con las tierras que se rematan para desarrollos inmobiliarios?
—Es una inmoralidad que en la Argentina haya gente que se vea obligada a ocupar un terreno para construir un rancho cuando hay tanta tierra disponible, del Estado o rural que podría ser rezonificada con muy poco dinero. Se podría utilizar el dinero de los remates de tierras estatales para zonificar en tierra ociosa en zonas como autopista Ezeiza-Cañuelas. En Rosario se prohibió la creación de nuevos countries planteando que ese modelo urbanístico donde hay pobreza atenta contra una sociedad integrada y la igualdad ante la ley. No hay planificación sino especulación de corto plazo de los desarrolladores inmobiliarios.n
