“Todos los compañeros estamos súper contentos porque pudimos frenar el remate. Ahora vamos a poder seguir trabajando”, dijo orgulloso Pedro González, presidente de la cooperativa de trabajo Talar Coop Latinoamericana. Es que “gracias a la solidaridad de los vecinos y compañeros de otras cooperativas”, como él afirma, los 16 trabajadores de la fábrica recuperada que produce monturas de cuero para caballos lograron frenar la subasta de sus maquinarias, prevista para el viernes 21 de febrero que había sido gestionada por los antiguos dueños de la ex empresa Jocri SA.
El jueves 20 a la mañana, día estipulado para la muestra de las maquinarias, cooperativistas y vecinos en apoyo a los trabajadores se movilizaron frente a la fábrica. Esto no solo provocó que quienes pretendían comprarlas se fueran sin ingresar al inmueble, también hizo que se presente Juan Manuel Valdés, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, quien enseguida se solidarizó con el reclamo.
Junto a Luis Alberto Caro, abogado de la cooperativa y presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, el legislador del Frente de Todos firmó el proyecto de Ley de Expropiación. Gracias a este mecanismo legal, la jueza Vivian Fernández Garello tuvo que dictar la suspensión del remate.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cederá, a título oneroso, los bienes objeto de la expropiación, con cargo de continuar con la explotación de las unidades productivas y con la consecución de sus fines solidarios, autogestionarios y cooperativos a la Cooperativa de Trabajo Talar Coop Latinoamericana Limitada”, dice el Artículo 2 del proyecto firmado por Valdes y redactado por el doctor Caro.
El conflicto. El 1º de mayo de 2017, mientras los 54 empleados de la empresa Jocri SA, festejaban su día, su jefe Jorge Canave les informó que había presentado la quiebra. A la mañana siguiente, cuando los trabajadores llegaron a la fábrica de monturas de cuero para caballos, ubicada en la calle Montenegro 1369 del barrio porteño de Villa Ortúzar, encontraron las puertas soldadas. Lejos de resignarse y volver a sus casas, tomaron la fábrica y comenzaron su lucha.
Al momento de la quiebra, la empresa producía unas mil monturas por mes que eran comercializadas en Europa a 400 dólares. El inmueble era propiedad de la empresa Hyppoleder, que vendió su patrimonio a la empresa Aymara S A, radicada en Paraguay. Los trabajadores denunciaron un vaciamiento y una quiebra fraudulenta en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 53 de Capital Federal.
Luis Alberto Caro explica la situación. “Es un vaciamiento de la empresa, no es que vino la quiebra por problemas económicos. La cuestión clave fue la venta del inmueble de Hyppoleder a Aymara, porque ésta última empresa es propiedad del yerno del dueño de Jocri que está radicada offshore en Paraguay. Esto de quiebra no tiene nada, los directivos se deshacen de la empresa”.
En sintonía González, presidente de la cooperativa, argumenta que “es imposible” que la empresa haya quebrado. “La idea de los dueños era llevar la empresa a Paraguay. Nosotros veníamos viendo la movida que estaban haciendo pero como teníamos trabajo, producción y vendíamos todo, nunca pensamos que iba a presentar la quiebra”, cuenta.
Lucha y resistencia. Desde aquel 1º de mayo de 2017, los trabajadores no paran de luchar para conservar su trabajo. “Nosotros somos trabajadores responsables y todos tenemos familia. Yo soy de González Catán y desde que se presentó la quiebra prácticamente vivo acá para mantener y cuidar nuestro espacio. Tengo 52 años, ya no consigo laburo en ningún lado”, cuenta Anastasio, quien trabaja en la fábrica hace 25 años
Los 16 trabajadores siempre recuerdan a su compañero Julio Riquelme, quien no soportó la presión de perder su trabajo y el estrés de “vivir” en la fábrica y falleció de un paro cardíaco. Además, la crisis económica de los últimos años, el incremento desproporcionado de las tarifas y el encarecimiento del costo del cuero por la depresión del peso agregaron leña al fuego. “Pasamos de pagar 18 mil a 125 mil pesos de luz. Por eso tuvimos que empezar a fabricar llaveritos y carteras para venderlas a nuestros vecinos casa por casa”, se lamenta Anastasio.
El remate. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 31, a cargo de la doctora Vivian Fernández Garello, había dictado el remate de las maquinarias para el viernes 21 de febrero y la exhibición de las mismas para los días 19 y 20. Cuando se conoció el pedido de remate y el aval de la jueza, los trabajadores ofrecieron comprar las maquinarias en forma directa. “La oferta consiste en pagar el valor de tasación de $ 1.305.395 en un solo pago, en efectivo, mediante depósito en la cuenta bancaria a nombre de los presentes actuados en el Banco Ciudad de Buenos Aires dentro de los 60 días de quedar firme la adjudicación a favor de la Cooperativa”, dice el documento.
Pero la letrada rechazó el pedido y luego la apelación a su rechazo. Según Caro, el argumento técnico que expone la jueza para rechazar la compra de las maquinarias se basa en que en principio, no se dictó la continuidad de explotación de la fábrica por parte de los trabajadores, lo cual está estipulado en la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras. “Esto es una mala interpretación de la Ley de Quiebras por parte de la jueza”, dice Caro y lo argumenta en la apelación: “Es importante considerar que el artículo 203 bis no exige que se haya resuelto la continuidad de tal explotación a los efectos de que se pueda solicitar la adquisición”.
Enrique Martínez, director del Instituto para la Producción Popular (IPP), explica que estos procedimientos son producto de un vacío legal. “Se necesita una legislación general que reglamente que una empresa que deja de funcionar por quiebra o fuga de los dueños pueda seguir siendo operada por los trabajadores” (Ver recuadro).
Finalmente, gracias a la lucha sostenida por los trabajadores a lo largo de tres años, las máquinas ya son de la cooperativa. “Hace poco pudimos hacer un nuevo contacto en Alemania para exportar nuestras monturas. Ahora vamos a la fábrica a continuar con nuestro trabajo y cumplir con el pedido”, concluye González.
Hernán Solano y su lucha contra el cáncer
Hernán Solano es empleado de Talar Coop: su relato es conmovedor: “En el 2018 andaba muy mal porque se venía juntando el estrés, la preocupación y la necesidad. Tengo a cargo a mis dos hijos y pago alquiler. A veces, me quedaba tres días seguidos laburando hasta las 4 de la mañana y tomaba un litro de café por día para estar despierto. Estaba mal alimentado. Mis hijos me pedían cosas y yo tenía la impotencia de no poder comprárselas o llevarlos a algún lugar a que se diviertan. Todo eso me fue provocando una impotencia muy grande y empecé a sentir ardor en la boca del estómago. El 15 de septiembre del 2018 no soportó más mi salud y caí internado muy mal en el hospital Tornú. Me dieron de alta dos semanas más tarde. El 10 de diciembre me mandaron al pabellón de oncología y me dijeron que tenía un tumor. Cuando tuve la entrevista con el doctor me dijo: “Tenés cáncer en el estómago y está avanzado”.
“El año pasado tuve una operación de alto riesgo y gracias a Dios, los médicos y todos los que me ayudaron salí bien. Me sacaron todo el estómago. Al momento de la operación vieron que en el hígado tenía 24 ganglios. Sacaron 11 y quedaron 13. Por ahora están dando negativos, pero hay que quemarlos con la quimio.
El 5 de enero fui a buscar el medicamento para la quimio al banco de drogas, pero el medicamento no está. Me comentaron que cuesta 500 mil pesos. Ahora estoy esperando que el Gobierno de la Ciudad haga las auditorías necesarias para conseguirlo. La enfermedad avanza y yo estoy sin el medicamento”.
Enrique Martínez: “Faltan leyes que protejan a los trabajadores ante una quiebra”
El director del Instituto para la Producción Popular y ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) habla sobre la situación de las cooperativas en los últimos años.
—¿Son habituales estos mecanismos en los que las empresas planean rematar las maquinarias luego de decretar quiebra?
—Este mecanismo perverso se basa en una suerte de vacío legal que sucede todo el tiempo. No hay una legislación que diga que, producida la quiebra, si el juez decreta la continuidad del trabajo a cargo de los obreros, eso debería luego traducirse en la posibilidad de acceso al patrimonio. El Estado debería hacerse cargo de la compra de las maquinarias y que los trabajadores puedan quedarse con la empresa pagando las deudas con un plan de pago hacia el Estado como corresponde.
—¿No está amparado en la Ley de quiebras eso?
—No está reglamentado que se debe expropiar la empresa. En la ley está reglamentado que se puede dar la continuidad de la actividad, pero es temporario y facultativo del juez.
—¿Cómo fue la situación de las cooperativas en estos últimos años?
—Terrible. Los servicios pasaron a ser un elemento clave de su costo. Las cooperativas no tienen conflicto laboral entre los trabajadores, pero lo que no se puede evadir es el conflicto con los prestadores de servicios, ya que en muchos casos les multiplicaron los servicios por diez. En estos años de macrismo, las deudas con los servicios han sido su principal problema y han dejado a muchas de ellas al borde de la extinción.
—¿Qué medida cree que debería tomar el Estado al respecto?
—Se necesita una legislación general que, como proponen los laboristas en Inglaterra, reglamente que una empresa que deja de estar por quiebra o fuga de los dueños pueda seguir siendo operada por los trabajadores y que ellos tengan el derecho de acceder a su patrimonio. Eso genera todo un marco de protección en el pago de servicios, en deudas previsionales y en créditos de proveedores que hoy no existe en la Argentina. Incluso Bernie Sanders en Estados Unidos también propone esa solución para los derechos de los trabajadores.
