El acaudalado terrateniente recorre la llanura a caballo con sombrero de copa y el bigote prolijamente peinado mientras observa con el rostro impávido al trabajador que cosecha su renta. Cuando se habla de “dueños de la pampa argentina” es fácil recordar aquellas escenas que grafican los libros de historia del siglo XIX, ya que se tiende a pensar que los descendientes de aquella oligarquía que alimentó el mito del “granero del mundo” siguen usufructuando la tierra fértil de la pampa húmeda. Si bien existen familias tradicionales con grandes extensiones, como los Braun Peña, los Anchorena y los Blanco Villegas (familia materna de Mauricio Macri), ya no son los dueños de la gran llanura pampeana y mucho menos quienes las explotan.
Pocos datos. La Argentina tiene más 266 millones de hectáreas de tierras rurales con posibilidad de ser explotadas para agricultura y ganadería. De esa enorme extensión, la Región Pampeana cuenta con más de 50 millones de hectáreas. ¿Quiénes son entonces los dueños de esas tierras?, ¿cómo las explotan?, ¿existen leyes y regulaciones para controlar su tenencia?
Responder a estos interrogantes no es nada sencillo porque no existen datos oficiales fehacientes que den cuenta de quiénes son los verdaderos propietarios. Según el Indec, el Censo Agropecuario de 2008, que se llevó a cabo en pleno conflicto del gobierno de Cristina Kirchner con las entidades agrarias, “se desarrolló de forma imperfecta”, por lo que “no fue posible obtener resultados nacionales que permitieran su comparación con los datos obtenidos en los censos de 1988 y de 2002”. De este modo, los datos más confiables son los del censo de 2002, pero están completamente desactualizados.
Para regular la tenencia de las tierras y evitar la extranjerización, el país cuenta con la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras (conocida comúnmente como ley de tierras). Promulgada en diciembre de 2011, establece un tope de 15% de tierras en manos de extranjeros en una determinada región y dicta que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo”.
Los datos más confiables sobre la propiedad de la tierra son del censo de 2002. El de 2008 se realizó de forma "imperfecta", según el Indec
Sin embargo, un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri el 26 de junio de 2016 modificó la ley y estableció “la eliminación del marco de la ley a las personas jurídicas controladas por formas societarias o extranjeras en un porcentaje mayor al 25 %” y “la eliminación del tope de compra de 1.000 hectáreas en la ‘zona núcleo’ por titulares extranjeros”.
Extranjeros. Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales –órgano encargado de la aplicación de la ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– hoy la Argentina cuenta con un 5,57% de superficie en manos de extranjeros y la región pampeana con el 3,31%.
Marcelo Sili, investigador del Conicet y especialista en desarrollo rural y territorial, hace una advertencia al respecto: “En la Argentina nunca hubo controles serios. Si algún extranjero quiere comprar tierras y no lo dejan pone un testaferro argentino y eso no está controlado para nada. La concentración de la tierra y la compra indiscriminada se acrecentó en las últimas décadas en todos lados y el problema no está en la modificación o no de la ley de tierras, sino en que en el país no existe ninguna política clara con respecto al territorio”.
Sili señala que si bien la ley de tierras es nacional, “la potestad de control de la tierra es provincial y en muchas ocasiones se delegó el control a los municipios” y explica por qué las familias patricias del siglo XIX ya no poseen aquellas grandes extensiones. “Las grandes estancias pampeanas se fueron dividiendo. El padre que tenía 10.000 hectáreas las repartió entre sus cuatro hijos. Entonces, a esos hijos les tocaron 2.500 a cada uno. Después esos tuvieron más hijos y les tocaron menos tierras. Luego sucedió que muchos de esos descendientes no se quedaron trabajando la tierra, sino que se fueron para Buenos Aires y las grandes ciudades y empezaron a alquilarlas”, según expuso a PERFIL.
La familia Grobocopatel es oriunda de Carlos Casares. La mayoría de sus tierras son cultivadas bajo el modelo de pool de siembra
Sojeros y arrendatarios. Lejos quedó aquella figura del terrateniente obteniendo la renta de su propia tierra. Ni siquiera la vieja Sociedad Rural Argentina, que históricamente aglutinó a la oligarquía ganadera, maneja los hilos de la dinámica productiva nacional. Hoy, el poder está basado en la soja y son las grandes empresas como Cargill, Bunge, Dreyfus, Aceitera General Deheza y Vicentin las que concentran toda la producción de aceite de soja y sus subproductos. La mayoría de estas empresas están nucleadas en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y controlan la compra de toda la producción de soja y su exportación.
La investigadora del Conicet y la Universidad Nacional de Quilmes, Noemí Girbal Blacha, publicó un estudio en el que detalló que en 1970 la superficie plantada con soja en todo el país era de 30.470 hectáreas y en 2012 alcanzó las 18.902.259, y la producción en toneladas creció cuatro veces. “El paquete tecnológico de semilla transgénica-glifosato-siembra directa derivará en un incremento del rendimiento por hectárea y la superficie sojera aumenta desplazando otros cultivos”, puntualiza el informe.
En sintonía, María Dossi, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y especialista en el estudio de las entidades agrarias argentinas recuerda que en la década del 90 entra al país la soja transgénica junto con el agroquímico glifosato producido por la multinacional Monsanto y “comienza a entrar en crisis la estructura agrícola tradicional, cuando los medianos propietarios no pueden sostener su tierra y empiezan a entregarlas en arriendo”. De esta manera surge un nuevo actor: el contratista sin tierra.
Los Grobo. El máximo exponente de esta nueva forma de producción basada en el arriendo y la tercerización es la familia Grobocopatel, oriunda de la ciudad de Carlos Casares y dueña de la empresa Los Grobo, que tiene más de 120.000 hectáreas en producción con un porcentaje mínimo de propiedad. La enorme mayoría de esas tierras cultivadas con soja y trigo bajo el modelo del pool de siembra es alquilada a estancieros grandes, medianos y pequeños. Otras grandes empresas de este tipo son Andreoli SA, MSU y Cresud.
“La Sociedad Rural ve a Grobocopatel como un outsider y no como un terrateniente puro. Sobre todo porque no tiene un afincamiento total en la tierra y así construyó un imperio. Por otro lado, Los Grobo también operan en Brasil, Paraguay y Uruguay y tienen la visión del empresario innovador y la Sociedad Rural sigue siendo muy tradicional”, explica Dossi.
"Los grandes empresarios generan un impacto negativo en los pueblos rurales, porque deslocalizan la renta a Buenos Aires y el exterior"
Por su parte, Sili señala a un nuevo actor surgido al mismo tiempo que los nuevos grandes contratistas y los denomina “productores familiares expandidos”. Se trata de productores pequeños capitalizados que son propietarios de hectáreas pero que se expandieron arrendando otras tierras a nivel local y viven en los pueblos cercanos. “Los grandes empresarios generan un impacto negativo en los pueblos rurales porque deslocalizan la renta a Buenos Aires y al exterior. En cambio, los productores familiares expandidos viven en el pueblo o en la pequeña ciudad vecina y compran en el mercado local y así dinamizan la vida económica local”, diferencia.
Para controlar la dinámica del arriendo, que el censo de 2002 mostró que para ese entonces ya ocupaba 14 millones de hectáreas en todo el país, la Argentina cuenta con la Ley Nº 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, que fue promulgada en 1948 ¡Hace 70 años! Como demuestra el libro La problemática de la tierra en la Argentina, de Marcelo Sili, esta situación genera problemas para los productores locales: “Sin duda esta situación perjudicial para los agricultores se vio favorecida por una legislación permisiva, que tolera la generalización de la práctica del contrato por cosecha y con ello impone la inestabilidad y la discusión constante de los precios en los arrendamientos que, inspirada más en la lógica financiera de los inversores que en la de la producción, llevó a las exageradas rentas actuales, inaccesibles para los productores comunes”.
Finalmente, Dossi plantea la dificultad de los gobiernos nacionales y provinciales para regular las prácticas de los grandes empresarios. “El Gobierno argentino está muy condicionado con esas empresas porque generan las divisas que se necesitan imperiosamente, sobre todo hoy para pagar la deuda. Cuando las empresas especulan con los precios de los commodities internacionales y no liquidan su producción se generan graves problemas. Los que tienen el poder son ellos y es muy difícil controlarlos con la legislación vigente”, concluyó el especialista.
