Poco a poco, la Justicia cierra el cerco sobre Donald Trump. El presidente de Estados Unidos observa desde su sillón del Salón Oval cómo sus ex asesores, hombres que gozaban de su más absoluta confianza, son imputados e, incluso, condenados a prisión, en distintas causas que amenazan legal y políticamente al jefe de Estado. El último de ellos fue su ex abogado Michael Cohen, que fue condenado este miércoles a tres años de prisión por comprar el silencio durante la campaña de dos amantes del mandatario. Así, se unió a una abultada lista de 33 personas y tres empresas imputadas en el Rusiagate y en una decena de causas. Por ahora, el jefe de Estado no fue acusado ni sus compañías investigadas, pero poco a poco los fiscales ponen en jaque a su círculo íntimo.
Cohen ingresará a prisión el 6 marzo de 2019. Hasta ese entonces, pretende colaborar con la Justicia y “limpiar” su imagen en los medios de comunicación, aunque eso implique entregar la cabeza de su ex jefe. “El es probablemente la mayor amenaza que tiene Trump. Recibió una condena relativamente larga porque los fiscales concluyeron que no había aportado toda la información que tenía. Pero ahora tiene un fuerte incentivo para sacar todo a la luz, con la esperanza de obtener una reducción de su condena”, explicó a PERFIL el abogado David Lurie, con matrícula en Nueva York. Cohen también podría infligir otro daño al presidente: declarar en su contra ante comisiones del Congreso. Los demócratas asumirán a partir de enero el control de la Cámara de Representantes y podrían convocarlo para desgastar políticamente al republicano. Según reveló a Newsweek el senador democráta Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, Cohen sería citado al Capitolio antes de que empiece a cumplir su condena.
El otro hombre fuerte preso es Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, condenado por fraude bancario, evasión impositiva, conspiración contra los Estados Unidos y obstrucción a la Justicia. Además, fueron condenados George Papadopoulos, ex asesor de política exterior, y Alex van der Zwaan, un abogado que trabajaba para Manafort. En tanto, Michael Flynn, ex Asesor de Seguridad Nacional de Trump, será condenado el próximo martes, tras declararse culpable de negar al FBI haber conversado con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak.
Frentes abiertos. Hay decenas de causas que salpican a Trump. La de más voltaje político es la trama rusa, que investiga si hubo una colusión entre su campaña presidencial y el Kremlin, con el objetivo de influir en el resultado de las elecciones y perjudicar a su rival, Hillary Clinton. Los tribunales de Manhattan, en tanto, investigan la violación a la ley de financiación electoral tras los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, que efectuó Cohen con dinero de la campaña, y a la modelo Karen McDougal. Los 150 mil dólares que cobró McDougal fueron aportados por el tabloide National Enquirer, tras una reunión que mantuvieron Cohen y David Pecker, dueño de American Media Inc., la empresa editora de la publicación, que ahora llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia. Según reveló NBC, el presidente habría participado de ese cónclave.
Si bien la Constitución no prohíbe que un presidente en ejercicio sea investigado por los tribunales, una directiva adoptada por el Departamento de Justicia blindaría al republicano por el momento. “Parece muy poco probable que Trump sea enjuiciado mientras esté en el poder. Pero otras personas, incluyendo sus hijos, pueden ser imptuados. Además, las empresas de Trump o su campaña presidencial podrían ser acusadas si hubiesen violado la ley”, agregó Lurie.
Si los fiscales embisten contra la Trump Organization o contra su campaña presidencial, el mandatario podría ser citado a declarar como testigo. Políticamente, sería un punto de quiebre en su mandato: todos los medios de comunicación cubrirían minuto a minuto el juicio, donde por primera vez un mandatario se sentaría en el estrado. La percepción de la opinión pública podría ser letal para el republicano, en caso de que una masa considerable de votantes percibiera que el presidente fuese el verdadero imputado.
Más investigaciones. Según reveló esta semana The New York Times, un grupo de fiscales federales investiga si la asunción de Trump y un Super Pac que apoyó su campaña recibieron donaciones de naciones extranjeras, entre ellas Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Arabes Unidos. La ley estadounidense prohíbe expresamente esa financiación, que tendría como objetivo influenciar la política exterior de la Casa Blanca.
