Bolivia atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el histórico giro político que llevó a la presidencia al economista moderado Rodrigo Paz Pereira en noviembre de 2025. Tras seis meses de gestión, el mandatario se encuentra virtualmente atrapado en una tenaza política y social.
Por un lado, una masiva ola de bloqueos y protestas de sectores populares; por el otro, una silenciosa pero feroz pinza ejercida por la ultraderecha boliviana, que encuentra su principal caja de resonancia en el propio vicepresidente de la República, el controvertido expolicía Edmand Lara.
El detonante original fue económico. Tras ganar las elecciones prometiendo un “capitalismo para todos”, la aplicación de las primeras reformas de corte liberal —particularmente el recorte a los subsidios de los combustibles— encendió la mecha del descontento en un tejido social históricamente combativo.
A la fecha, el país registra decenas de puntos de bloqueo activos en sus principales carreteras. Organizaciones sindicales, centrales obreras y movimientos campesinos exigen de manera unificada el freno a las medidas fiscales y la restitución del apoyo estatal a los sectores más vulnerables.
Las movilizaciones ya han dejado un saldo de más de un centenar de detenidos y recurrentes enfrentamientos con las fuerzas del orden, sumiendo a las principales ciudades en un escenario de desabastecimiento latente.
El juego de la ultraderecha. Lejos de encontrar un frente interno cohesionado para mitigar el conflicto, Paz sufre el boicot dentro de su propio palacio. El vicepresidente Edmand Lara, quien construyó su popularidad en redes sociales con una fuerte retórica populista e intolerante, ha decidido desmarcarse públicamente de la línea oficialista.
Lara ha manifestado su “respaldo” a ciertas demandas de las movilizaciones populares, un movimiento táctico que los analistas locales leen no como un giro a la izquierda, sino como una estrategia deliberada para erosionar la figura de Paz y pavimentar el terreno para salidas de fuerza.
A esta fisura interna se suma la presión coordinada de la ultraderecha externa, liderada por la alianza Libre y los herederos políticos del exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Los sectores más radicales de la derecha boliviana -con fuerte base en el departamento de Santa Cruz- acusan al gobierno de Paz de “tibieza”, de supuesta complicidad institucional con mafias del narcotráfico y de incapacidad absoluta para imponer el orden.
“El gobierno de Paz está atrapado en el peor de los mundos: los movimientos sociales lo ven como un ajustador neoliberal, mientras que la ultraderecha radical lo tacha de incompetente y blando, operando a través de Lara para forzar una derechización represiva total”, señala un informe de coyuntura del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).
La luna de miel del primer gobierno post-MAS se ha evaporado en tiempo récord. Rodrigo Paz se enfrenta a un dilema de supervivencia política: si cede ante las demandas de los sindicatos y campesinos para apagar los bloqueos, perderá el respaldo de las élites económicas y los sectores que demandan la liberalización del país. Si, por el contrario, endurece la represión legal y policial, terminará de validar el discurso de mano dura de la ultraderecha y de su propio vicepresidente, entregándoles el control de la agenda pública.
Mientras los camiones permanecen varados en las rutas altiplánicas y orientales, la gobernabilidad de Bolivia pende de un hilo. El destino de este nuevo ciclo político se definirá por la capacidad de Rodrigo Paz para resistir la pinza de una oposición social en las calles y una conspiración ideológica en los pasillos de su propio gobierno.
