El expresidente norteamericano Donald Trump defendió la portación y el uso de armas durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, celebrada en Houston, Texas. En el mismo Estado, el actual presidente, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, intentaron consolar a los ciudadanos de Uvalde, ciudad en duelo por el asesinato de 19 estudiantes de primaria y dos maestras a manos de un atacante solitario.
Fue el segundo viaje de Biden en dos semanas, para reanimar a una comunidad conmovida por muertes trágicas en un tiroteo. Había ido el 17 de mayo a Buffalo, Nueva York, donde otro atacante solitario asesinó a 10 afroamericanos en un supermercado con la excusa de la supremacía blanca.
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Ambos tiroteos hicieron aflorar las arraigadas divisiones del país y su incapacidad para alcanzar un consenso sobre las acciones para reducir la violencia con armas de fuego.
Un centenar de personas gritó en Uvalde: “Hagan algo”. Biden respondió: “Lo haremos”. ¿Cómo mientras la Segunda Enmienda de la Constitución garantiza el derecho a la compra y la portación de armas de fuego y, en este caso en particular, la policía no actuó lo suficientemente rápido para detener al atacante?
A lo largo de los años, Biden ha estado involucrado de cerca en los éxitos más notables del movimiento por el control de armas, como la prohibición de 1994 a la venta de armas de asalto, que expiró en 2004, y el fiasco en la aprobación de nuevas leyes después de la masacre de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook, de Newtown, Connecticut.
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En el Congreso de Estados Unidos, un grupo bipartidista de senadores se reunió el fin de semana para ver si podía alcanzar siquiera un modesto acuerdo sobre un proyecto de ley de seguridad en el manejo de armas de fuego luego de una década de gestiones fallidas.
Si bien no existe apoyo suficiente de los republicanos a propuestas más amplias en materia de seguridad, incluyendo una nueva prohibición a la venta de armas de asalto o una revisión universal de antecedentes antes de que una persona compre armas, los legisladores volverán a reunirse esta semana. Tienen un plazo de 10 días para llegar a un acuerdo.
GA PAR
