Tengo la urgencia de opinar sobre la reforma judicial impulsada por el Gobierno. El problema es que no sé exactamente qué decir, porque todavía no alcancé a analizar bien el proyecto, que tiene medio centenar de páginas.
Ya sé: hay periodistas, abogados y dirigentes opositores y oficialistas que salieron a criticar o apoyar con vehemencia desde minutos después de que Alberto Fernández hiciera la presentación, e incluso desde antes. Y hasta hubo gente común que -sin la obligación que yo tengo de entender lo que pasa porque es mi trabajo- enseguida salió a fijar su posición sobre temas que hasta para los expertos resultan demasiado técnicos o extremadamente complejos. Los que más claro tienen todo, hasta organizaron al instante un cacerolazo para protestar.
Lo único que me consuela es que algunos especialistas con los que hablé en las últimas horas están como yo, aún analizando el proyecto oficial. Tienen dudas. Creen que puede haber aspectos positivos, pero también sospechan que algunos de los puntos podrían esconder la intención de resolver causas judiciales que complican a personas cercanas al oficialismo, en especial a Cristina Kirchner.
Pero entre tantas dudas, tengo una certeza. Después de tantos años de cavar en la grieta, los que están bien en el fondo de ese precipicio ideológico con dos orillas sólo están dispuestos a escuchar las ideas que confirmen sus propios prejuicios. Miren los diarios, vean y escuchen los programas periodísticos: “La reforma judicial es una trampa para conseguir impunidad”. O no: “La reforma judicial le dará a la Justicia la independencia que nunca tuvo”. Son crónicas de dos países distintos.
Es al revés. Antes de cualquier reforma judicial o de cualquier plan económico, lo primero que debe hacer el Gobierno para que algo funcione es pasar del relato anti-grieta a la construcción real y tangible de mecanismos de diálogo institucionalizado. El Presidente no sólo tiene la posibilidad de pasar a ser el eje vertebrador de un llamado formal al consenso, sino que -lamento decirlo- no tiene otra alternativa que hacerlo. Nada será creíble para una parte de la sociedad si no se la convence de que aquello que se propone sólo será posible como producto del diálogo y no de trampas para beneficiar a unos o a otros.
Sin crear las condiciones necesarias para el diálogo no habrá plan o reforma que funcione. Ni futuro.
*Periodista. Presidente de Editorial Perfil. Esta columna fue tomada del formato audiovisual.
