LAGOS – Los líderes del G20 reunidos en Johannesburgo el mes pasado enfrentaron una dura realidad: muchos gobiernos de países en desarrollo están gastando demasiado en el servicio de la deuda. Para mantener un flujo de fondos hacia los acreedores extranjeros, tuvieron que recortar el gasto en educación, salud e infraestructura. Por el momento estos países pudieron evitar el impago, pero a costa de su propio desarrollo.
El hecho de que gobiernos de África, Asia y América Latina tengan que cerrar hospitales y cancelar programas de almuerzos escolares para pagar deudas es un fracaso no sólo moral, sino también estratégico. A un mundo donde los países no pueden invertir en crecimiento y desarrollo sostenible le costará lograr estabilidad, prosperidad y resiliencia frente al cambio climático.
Hace cinco años, en medio de la pandemia de COVID19, el G20 lanzó el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda, con el fin de ayudar a los países muy endeudados a reestructurar sus obligaciones en forma ordenada, rápida y equitativa. Pero el alivio prometido no se materializó. Según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 37 de los 67 países de bajos ingresos habilitados para recibir financiación concesional están en las categorías de sobreendeudamiento o riesgo alto, pero sólo cuatro (Chad, Zambia, Ghana y Etiopía) pidieron una reestructuración en el marco del mecanismo. Sus experiencias revelan las debilidades del Marco Común: ofrece muy poco alivio y demasiado tarde.
En respuesta, el G20 encargó a organismos tecnocráticos que busquen un modo de acelerar el proceso y aumentar el nivel de alivio. Pero sin negar la importancia de este trabajo técnico, no es suficiente. Los países deudores todavía consideran que la política no es lo bastante decidida. Ya no se habla tanto de una «crisis de deuda» cuanto de un «atolladero de deuda»: un mundo en el que todos están atascados esperando un cambio que nunca llega.
En tanto, los acreedores privados extranjeros están desde 2022 retirando capital de las economías en desarrollo. El mensaje es claro: los riesgos son demasiado altos y no se vislumbra una solución significativa. Cuando los inversores se van, los gobiernos tienen que salir a buscar otras fuentes de financiación.
Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y el FMI acudieron al rescate. El resultado es que el porcentaje de deuda externa de los países en
desarrollo de la que son acreedores se disparó, y ya supera el 75% en una veintena de países. Esto crea un círculo vicioso: cuando la mayor parte de la deuda soberana de un país está en poder de organizaciones multilaterales que en las reestructuraciones no reciben quitas, los acreedores privados se vuelven aún más reacios a invertir.
Para salir del atolladero de la deuda, los líderes del G20 deben restablecer la confianza en el Marco Común y actuar con urgencia. Esto implica reafirmar a los países deudores que las solicitudes de alivio se tramitarán de forma rápida, justa y generosa. El reciente comunicado de los líderes del G20 y la declaración de sus ministros de finanzas sobre la sostenibilidad de las deudas fueron insuficientes, ya que sólo repiten lo del trabajo técnico. Se necesitan compromisos más firmes respaldados por acciones tangibles.
En primer lugar, los líderes del G20 deben desestigmatizar la reestructuración. Cuando la deuda se convierte en lastre para el crecimiento, el hecho de pedir un alivio y comprometerse a hacer reformas tiene que considerarse un ejemplo de gobernanza económica responsable.
En segundo lugar, el alivio debe ser significativo. Una reducción simbólica que deja a los países con un espacio fiscal limitado sólo prolonga la crisis. Los líderes del G20 deben reponer proactivamente los fondos para el alivio de deudas. Aunque los contribuyentes de los países de altos ingresos (que en muchos casos también están muy endeudados) tal vez se resistan a asumir estos costos, seguir rescatando a acreedores privados indirectamente a través de los BMD también es caro. Cuanto antes se otorgue un alivio de deuda, más barato resultará.
En tercer lugar, los acreedores privados tienen que hacer su parte. Sobre la base del principio de trato comparable, los acreedores privados tienen que igualar cada dólar de alivio de deuda que aporten los acreedores oficiales, y los líderes del G20 tienen que incorporar esta política a sus legislaciones nacionales. El modelo de autorregulación que asumieron los bonistas en las dos últimas décadas no funcionó con otros acreedores privados, y basta un solo acreedor que no acepte una reestructuración para hacerla fracasar.
Algunos sostienen que a los países que reciban un alivio de deudas les costará más obtener financiación en el futuro. Pero la realidad es que ya enfrentan costos de financiación prohibitivos. Un saneamiento de sus balances atraerá inversores más rápido que aplicar medidas de austeridad. Las pérdidas sufridas por los inversores los volverán más exigentes, e impondrán primas de riesgo a los países que no mejoren la gestión de sus deudas, lo que actuará como un bienvenido incentivo para la buena gobernanza.
El G20 enfrenta una confluencia de perturbaciones geopolíticas, climáticas y económicas. Pero el atolladero de la deuda de los países en desarrollo las atraviesa todas. Sólo dando solución a este desafío subyacente habrá esperanzas de superar los otros. Los líderes del G20 ya han expresado su compromiso con el alivio de deudas, ahora necesitan coraje para terminar la tarea.
Traducción: Esteban Flamini
*Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria, es miembro del Club de Madrid.
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