Este mes de octubre se cumplen dos años de las elecciones que consagraron a Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Luego del aplastante 46% de la primera vuelta (contra el 29% de Fernando Haddad, del PT) en el artículo titulado “El capitán en su laberinto” comentamos tres grandes contradicciones que el entonces inminente presidente debería resolver tarde o temprano. El primer lugar, el riesgo de la violencia política, legitimada con su triunfo electoral; segundo, las tensiones con el sistema político, propias de su discurso antipolítico, ante las cuales podría optar por la realpolitik (negociación y acuerdos) o la confrontación vía una estrategia de movilización populista, en especial contra el Congreso. También en el plano político/institucional, la tensión con el sistema y los valores democráticos, dada su naturaleza autoritaria y su reivindicación de la dictadura militar. Tercero, en el plano económico era notoria la contradicción entre el liberalismo y la formación nacional-desarrollista de Bolsonaro.
Durante 2019 el mandatario brasileño renegó del presidencialismo de coalición que caracteriza al sistema brasileño, es decir la formación de coaliciones con otras fuerzas políticas que permitan alcanzar mayorías en el Congreso. Como el presidencialismo de coalición se convirtió en sinónimo de corrupción luego de los escándalos del mensalão y la Lava Jato, la estrategia fue en parte la aprovechar el consenso existente en el Congreso en torno a la agenda económica (con la Reforma Previsional como gran tema de 2019), pero por otro lado la de presionar mediante las movilizaciones callejeras, tanto al Legislativo como a la Corte Suprema, por los temas de interés del bolsonarismo. Entre los blancos directos de las manifestaciones que se reiteraron durante todo 2019 estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del Demócratas y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, también del Demócratas, así como el llamado Centrão, el conjunto de partidos de derecha y centro derecha que suelen tener predisposición para formar parte de gobiernos tanto de izquierda como de derecha. Así, a pesar de su mala relación con el Congreso, Bolsonaro logró aprobar la Reforma Previsional (con mayoría especial) y algunas medidas de liberalización económica.
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Luego del receso de verano, la estrategia de movilización contra el Congreso fue retomada en marzo de este año, pero ahora con un tono más furibundo. Las llamadas manifestaciones “antidemocráticas”, que pidieron el cierre del Congreso y la Corte Suprema, tuvieron lugar casi fin de semana de por medio entre marzo y junio. Aunque con convocatorias débiles, Bolsonaro las utilizó para amenazar públicamente con la intervención militar, en medio de algunos avances de la Justicia contra su gobierno y en particular la denuncia de interferencia en la Policía Federal, realizada por Sergio Moro al momento de renunciar como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Pero no se trató sólo de bravuconadas de golpismo. Un artículo de la periodista Monica Gugliano en la revista Piauí, titulado “Voy a intervenir. El día que Bolsonaro decidió enviar tropas al Supremo”, relata aquellos días y cuenta la intención del presidente de intervenir militarmente la Corte Suprema. Quien habría calmado los ánimos y persuadido a Bolsonaro de no hacerlo habría sido el influyente general Augusto Heleno. Más allá de esa versión, como comentó el prestigioso politólogo brasileño Octavio Amorim Neto en una conferencia virtual organizada por la Fundación Getulio Vargas, al inicio del gobierno de Bolsonaro se abrían dos escenarios: uno optimista, que era el de un gobierno conservador pero “normal”, y uno muy pesimista, que era el del gobierno antisistema, que iría contra las instituciones y que buscaría alguna forma de ruptura institucional. Para Amorim Neto, 2020 se asemejó a este segundo escenario. Sin embargo, Bolsonaro fue derrotado.
Así, durante el primer año y medio de mandato, el gobierno de Bolsonaro pasó de la tensión con el sistema político y las dificultades para gobernar, a exponer crudamente la contradicción entre su naturaleza autoritaria y el sistema democrático. Afortunadamente, la violencia política nunca tuvo demasiada relevancia, aunque sucedieron algunos hechos no menos graves como el ataque con bombas molotov a una productora que realizó una sátira de Jesus o la marcha de “los 300” -un puñado de bolsonaristas que formaron frente al edificio de la Corte Suprema con el rostro cubierto y antorchas al estilo Ku Klux Klan y que resultaron estar armados- .
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Coincidiendo con una serie de hechos que se resumen mayormente a una avanzada de la Justicia contra el gobierno y su militancia (destacándose la detención del antiguo colaborador de la familia Bolsonaro, Fabrício Queiroz, y de la militante extremista Sara Winter), a mediados de junio y de manera abrupta Jair Bolsonaro interrumpió la escalada golpista, cesó los ataques a la Corte y al Congreso (este último había salido del blanco un poco antes) así como las movilizaciones antidemocráticas. En paralelo con esta tregua, de la que ya nos hemos ocupado en otro artículo, y la efectivización del pago del auxilio de R$600 en el contexto de la emergencia sanitaria, la aprobación de Bolsonaro subió en unos meses hasta alcanzar el 40% en septiembre. Después de ver caer su aprobación desde el 49% hasta el poco más del 30% en sólo los primeros tres meses de gobierno y mantenerse prácticamente en ese nivel durante todo su mandato, el 40% actual es una pequeña primavera para Bolsonaro.
Pero más importante que el aumento de su aprobación son las condiciones de gobernabilidad que está generando a partir de su cese en la confrontación antipolítica y la construcción de nuevos puentes con la Corte y el Congreso. El gobierno dio pasos importantes en la construcción de la alianza con el hasta ayer denostado Centrão. La incorporación de Ricardo Barros como líder del gobierno en Diputados, en agosto pasado, marca el inicio de otra etapa en la relación con el Congreso. Barros es hombre del partido Progresistas, fue líder del gobierno en la Cámara con Fernando Henrique Cardoso, vice líder con Lula y Dilma, ministro de Salud de Temer y ha sido crítico de la Lava Jato. La confrontación con el Congreso de 2019 y la primera parte de 2020, utilizando una estrategia de movilización populista (el pueblo versus la elite), finalmente dejó lugar a la realpolitik.
Entre los cambios profundos que están teniendo lugar en el gobierno de Jair Bolsonaro se encuentra también el apartamiento del núcleo radicalizado del bolsonarismo. El carácter antisistema siempre fue el corazón del núcleo del bolsonarismo, la radicalización política, el autoritarismo, y en definitiva, una vocación rupturista con el orden institucional, mayormente justificada en la necesidad de realizar una “limpieza” política (expresión muy utilizada) para sentar las bases de una “verdadera democracia”. No obstante, desde abril se observa un paulatino cambio en el gobierno brasileño. Crecientemente han sido marginados los olavistas y el activismo digital bolsonarista ha pasado a darle preferencia a otros asuntos antes que a la confrontación con la “vieja política”, el Congreso y la Corte.
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Sin embargo, el verdadero núcleo político de Bolsonaro son sus hijos, y esto pone un límite a la posibilidad de un “Bolsonaro sin bolsonarismo”, ya que dos de sus tres hijos con participación política están vinculados a las llamadas milicias digitales y a ala ideológica u olavista. En tanto autoridad política en su familia, Jair Bolsonaro es el patriarca de la familia que gobierna Brasil, y por más que los aliados políticos procuren apartar a los hijos en pos de poder o mayor moderación del gobierno, parece difícil que sus hijos dejen de ser su núcleo político.
La primavera de Bolsonaro consiste en la mejora de su imagen, pero sobre todo en que, habiendo superado las contradicciones con el sistema político, ha sentado las bases para fortalecer el poder político de su gobierno. A ello se le suma el acierto de saber aprovechar en beneficio propio el pago del auxilio de emergencia (al que inicialmente se opuso, pero le fue impuesto por el Congreso) y el cambio de actitud hacia la región del Nordeste, la segunda región más poblada, claramente menospreciada durante el primer año, pero que hoy pasó a ser el destino número uno de sus viajes y con un lugar central en la comunicación del gobierno. Así, en gran parte, Bolsonaro rompió con la idea de que no le interesan los pobres ni el Nordeste.
Por último. La tensión entre el liberalismo enunciado y las preferencias económicas de Bolsonaro ha sido evidente desde el comienzo, pero se ha agudizado a partir del deseo de darle la mayor continuidad posible al pago del auxilio de emergencia. El gobierno busca crear un programa que sea el sustituto del Bolsa Familia, el programa creado por Lula da Silva en 2003. Según informó Barros hace algunas semanas, la idea es ampliar en un 70% el número de beneficiarios e incrementar el monto pago por el Bolsa Familia. El Renda Ciudadana, como se lo bautizó, fue anunciado por Bolsonaro a fines de septiembre, pero ha chocado de frente con el dispositivo del “techo de gastos”, la limitación del gasto público aprobada por Temer en 2016, según el cual los gastos no pueden superar los del año anterior, realizándose solo un ajuste según la inflación.
Por otro lado, el modelo del actual ministro de Economía, el Chicago boy de Paulo Guedes, apenas ofreció un magro crecimiento del 1,1% en 2019 y Bolsonaro lo habría intimado a lograr por lo menos un 2% para 2020. La pandemia puede haber colaborado en correr el horizonte de la expectativa de crecimiento y la anhelada recuperación económica pos crisis del bienio 2015-2016, y sobre todo en quitarle responsabilidades a Bolsonaro, ya que se trata claramente de un factor externo. Esa interpretación es así en el corto plazo, aunque no necesariamente a mediano plazo. La cuestión es que las elecciones de 2022 serán sin dudas un plebiscito sobre la gestión económica de Bolsonaro. Por lo tanto, es esperable que la tensión con el liberalismo económico -que es hegemónico en Brasil- y en particular con el techo de gastos, crezcan aún más. En esa cruzada será clave la elección del próximo presidente de la Cámara de Diputados en febrero de 2021, siendo que el actual presidente, Rodrigo Maia, es un férreo defensor de la disciplina fiscal. Un presidente proveniente del Centrão podría facilitar la alteración del statu quo.
Habrá que ver si existe la posibilidad de buscar un equilibrio en el Congreso que incluya la aprobación de más reformas estructurales durante el mandato de Bolsonaro, reformas de interés de actores políticos (como el tándem Demócratas-PSDB) y económicos, pero que acarrean impopularidad, en simultáneo con una ampliación del gasto social y de obras de infraestructura en la medida que no perjudiquen más a las cuentas públicas. En todo caso, esa negociación es eminentemente política, se da en el marco de los partidos políticos brasileños con peso en el Congreso y sin margen para las presiones externas como las pretendidas por el bolsonarismo y sus manifestaciones antidemocráticas. El “Bolsonaro sin bolsonarismo” es el resultado de una lucha de fuerzas que terminó favoreciendo a los actores preexistentes y a la dinámica del sistema político brasileño. Esto, a su vez, está beneficiando al propio Bolsonaro, dotándolo de mayores herramientas para gobernar, perdiendo intensidad en sus bases, pero con la posibilidad de ganar amplitud en los apoyos. El conservadurismo es un terreno mucho más fértil para la popularidad de Bolsonaro que la radicalización de la antipolítica y los anhelos rupturistas.
El patriarca Bolsonaro está ante una incipiente primavera. Si realmente dará lugar a una etapa de prosperidad política para su proyecto depende en gran medida de cómo se resuelva el conflicto con el hegemónico liberalismo económico. Lo que es claro es que esa tensión no solo ya existe, sino que se va a agudizar en el camino a 2022.
