La inflación es un problema estructural de la Argentina que en los últimos años solo se ha agravado. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promedió 28%, mientras que aumentó al 39% en la gestión de Mauricio Macri, y ya se ubica en 46% en la de Alberto Fernández. Las perspectivas no son mejores hacia adelante. A la falta histórica de consensos para resolver el origen doméstico de la inflación ahora se suma que la economía del resto del mundo también presiona al alza sobre nuestros precios. El desafío del Gobierno es empezar a mostrar resultados, caso contrario el freno a la inflación terminará siendo producto de un plan de shock, que entre otras cosas, generará una fuerte contracción en la economía.
El aumento de precios de 6,7% de marzo se encontró apenas por encima del máximo alcanzado en los últimos años: 6,5% en abril del 2016 y septiembre del 2018. La diferencia es que en estos dos períodos de la gestión anterior el salto se explicó principalmente por una decisión de la política económica. En abril del 2016 la actualización de tarifas de servicios públicos hizo que los precios regulados aumentaran 32% mientras el resto de los precios creció un 3%. Por su parte, entre agosto y septiembre del 2018 el peso se devaluó 40%, lo que empujó la inflación núcleo al 7,6% durante el noveno mes del año, siendo que el resto de las categorías creció a una tasa del 4,3%.
Por el contrario, en marzo pasado las tres divisiones de precios subieron por encima del 6% mensual (en el caso de los precios regulados –las tarifas por excelencia– subieron 8,4%, los precios núcleo –el 70% del total– aumentaron 6,4% y los estacionales –frutas y verduras, por ejemplo– 6,2%). Lo que refleja que hoy en día no existe ningún ancla para la inflación: todas las categorías aportaron para un salto del índice general de precios respecto a febrero, que había sido de 4,7%.
El Gobierno fue partícipe de ese resultado, más allá de si estuvo en lo correcto o no, principalmente mediante dos mecanismos. El primero fue la autorización de aumentos en la energía, así por ejemplo electricidad, gas y otros combustibles en el Gran Buenos Aires aumentó 21,6%. En segundo lugar, comenzó a levantar más rápidamente la principal ancla contra la inflación: el tipo de cambio. En marzo el peso se depreció 3%, mientras que en enero y febrero lo había hecho al 2,1% mensual. Hacia adelante es esperable que ambos comportamientos se profundicen poniendo un piso alto para el aumento de precios, cercano al 4% mensual.
Más allá de que ambas decisiones del Gobierno se enmarcan en lo acordado con el FMI, es válido mencionar que a esta altura es difícil pensar en otro camino posible. La crisis de deuda externa que atraviesa el país desde 2018 obliga a un nivel de acumulación de reservas del Banco Central, que no puede lograrse pisando el precio del dólar oficial, más aún mientras las importaciones sigan en valores récord. Y tampoco permite financiar un nivel de subsidios energéticos tan alto como el del año pasado, que fue del 2,3% del PIB.
Ahora bien, el shock en los precios internacionales que desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania también presiona al alza la inflación. Para dimensionar, el índice de precio de commodities de energía que elabora el Banco Mundial para países de ingresos medios y bajos aumentó 24% en marzo respecto a febrero. A su vez, el índice global del precio de los alimentos que elabora la FAO creció 13% y alcanzó el porcentaje más alto desde 1990. Lo cual explica en parte porqué la inflación en alimentos y bebidas en nuestro país se ubicó en 7,2% similar al 7,5% del mes anterior, pero esta vez traccionada con fuertes aumentos relacionados al precio del maíz y el trigo, por ejemplo en pan y cereales que llegaron al 11,6% en el Gran Buenos Aires, la región con más incidencia en el índice nacional.
De todas formas, es evidente que el salto en la inflación no se debe únicamente al levantamiento de las anclas que usó el equipo económico hasta este año o al impacto de la guerra. Muestra de ello es que sectores donde esas variables tienen baja incidencia, como por ejemplo los servicios en restaurantes y hoteles, aumentaron 5,4%; similar a bienes y servicios varios (peluquería, cigarrillos), 5,5% Como siempre, la inercia inflacionaria y la formación de expectativas también juegan. Y ahí es donde el Gobierno tiene una gran deuda pendiente.
El acuerdo con el FMI lo obligaba a trazar un plan económico, insumo principal para coordinar a todos los sectores que influyen en la formación de precios. Sin embargo, eso no sucedió. Por un lado, porque como señaló el directorio del Fondo, el impacto de la guerra obliga a modificaciones sobre las metas acordadas. Pero principalmente por el rechazo tanto de un sector importante del oficialismo como de la principal coalición opositora –Juntos–.
La misión del FMI en mayo abre una ventana de oportunidades. El Gobierno puede mostrar que alcanzó los cuatro criterios de ejecución durante el primer trimestre: acumulación de reservas internacionales netas, reducción de la emisión monetaria, techo del déficit fiscal y no incremento de la deuda flotante. También puede recalibrar el programa para volver a darle credibilidad, en particular en lo referido a la reducción de 0,6 puntos del PIB en los subsidios energéticos. A partir de ahí, deberá mostrar la cohesión interna necesaria para que empecemos a creer que realmente hay un plan económico y que su cumplimiento va a ser factible. Entre otras cosas, necesitamos saber cómo va a hacer las cosas y para eso la discusión del presupuesto es el factor determinante. Y necesario para lograr el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas.
Al mismo tiempo, el Gobierno debe dar respuestas que no están dentro del programa acordado con el FMI. En particular en lo referido al mercado laboral. La manera más rápida de observar el deterioro que generan niveles de inflación tan altos es la dinámica de los salarios reales. Para los trabajadores registrados, los más favorecidos, diciembre de 2021 fue la primera vez desde junio de 2018 en el que su salario le pudo ganar a la inflación durante dos meses seguidos. La reciente aceleración de la inflación dificulta que esa tendencia se sostenga y puede dar comienzo a una carrera de precios y salarios que empeore aun más la actual situación socioeconómica. El desafío es evitar ese camino y garantizar la necesaria recomposición de los salarios. Hay espacio para hacerlo. El año pasado, a pesar de que la economía creció 10%, la participación de los salarios en el ingreso nacional se redujo en cinco puntos porcentuales mientras el margen de rentabilidad creció.
Una parte importante de la caja de herramientas que utiliza la política desde hace décadas demostró haber quedado obsoleta. El escenario internacional cambió profundamente y cuando Alberto Fernández termine su actual gestión vamos a haber vivido diez años con una inflación promedio del 40%. Es necesario diseñar e implementar nuevas políticas públicas para no profundizar el deterior social y productivo de nuestro país. De lo contrario, volveremos a transitar como en el pasado, planes de shock que en pos de corregir los de-sequilibrios macroeconómicos profundizan los sociales.
Con 40% de pobreza no hay margen para eso.
*Director de Analytica Consultora.
