La crisis sanitaria se extendie en el tiempo y parece proyectarse por varios meses más, al menos hasta que haya una vacuna que pueda aplicarse a gran parte de la población. Sin embargo, desde los organismos multilaterales, hay ya conclusiones, muchas ellas preocupantes respecto de la situación del país y de la región. Latinoamérica y el Caribe padecieron y padecen con mucha fuerza a la enfermedad. Y es seguramente la región del planeta que sufrirá más fuertemente la crisis económica, con proyecciones de recuperación más lentas que la de otros lugares del planeta.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe viene siguiendo distintos aspectos del daño producido hasta hoy y formulando sugerencias para la actualidad y para lo que viene. En el último agosto eleaboró un informe en el que analizó la cuestión del rol del cuidado de los recursos naturales durante la pandemia. Y la primera conclusión es que esta es una temática en la que el rol del Estado es clave: regular, administrar e incluso subvencionar son esenciales en más de un sentido.
Además, de las reflexiones generales, del informe se desprenden conclusiones vinculadas al ambiente y a la infraestructura de sociedades como las nuestras y que explican también por qué la enfermedad se expandió: cuestiones como las del acceso al agua potable y a la electricidad tienen directa relación con la posibilidad de contener al virus y con el desarrollo posterior.
Recomendaciones. El informe de Cepal tiene dos aspectos: por un lado establece algunos aspectos vinculados al estado de situación con más de seis meses de pandemia, que podrían considerarse como un diagnóstico de situación y un segundo aspecto vinculado a sugerencias para los gobiernos.
De los rubros analizados —agua y electricidad, cuidado de la biodiversidad, actividades extractivas y agricultura y alimentación—, se desprende que los estados no siempre cumplieron con su rol y que en el futuro serán indispensable. La agenda 2030 de la humanidad no solo no debe ser postergada. La recomendación es volver a ella como una necesidad urgente.
Diagnóstico. “La pandemia de COVID-19 ha producido impactos sociales y económicos de gran magnitud a escala regional y mundial. Son bien conocidas las consecuencias directas de las medidas de restricción de movilidad aplicadas por los gobiernos de la región, pero no se han explorado en mayor detalle las relaciones claves de los recursos naturales con los factores precursores, la expansión de los contagios y los impactos del mismo virus. La relación de los recursos naturales con la pandemia del COVID-19 es muy diversa. Por un lado, son factores esenciales para el control de la crisis (alimentos, agua potable, biodiversidad y electricidad), y por otro, se ven impactados por sus consecuencias (uso de combustibles, minerales, etc.). El acceso al agua potable es fundamental por constituir el lavado de manos una de las principales medidas para evitar el crecimiento de los contagios; la energía y electricidad son indispensables para garantizar el suministro de agua y las condiciones de habitabilidad de los hogares, así como para asegurar el funcionamiento de los hospitales; la actividad agrícola es la base para el mantenimiento de la seguridad alimentaria; y por lo último, los recursos naturales no renovables tienen gran importancia macroeconómica en la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe”, comienza el informe.
Luego, enfatiza en que “Las medidas de cuarentena han provocado una disminución transitoria y sostenida en el uso de los combustibles y por lo tanto en sus emisiones y contaminación asociada, así como en la explotación misma de los recursos. El COVID-19 es una enfermedad zoonótica (de transmisión de animales a humanos) pero que se ha propagado de humanos a humanos con mucha facilidad por el alto hacinamiento y conectividad de nuestra estructura social. Una parte del problema de las enfermedades zoonóticas, al que hasta ahora no se ha prestado mucha atención, radica en que se siguen desplazando las fronteras naturales, así como fragmentando, destruyendo y degradando los ecosistemas que tienen la capacidad de “controlar” la propagación de enfermedades. En todos los estudios que exploran las causas de la propagación de enfermedades zoonóticas, el cambio de uso de suelo es la mayor. Los primeros cinco factores son: cambios de uso de suelo (fragmentación y degradación de ecosistemas), cambios en la industria alimentaria, susceptibilidad humana y conectividad internacional (viajes). Una alta diversidad de especies, característica de los ecosistemas sanos, regula la abundancia de aquellas que actúan como reservorios primarios de virus, lo que reduce la transmisión de patógenos. La evidencia apunta a que la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos es necesaria para proteger la salud humana directa e indirectamente”.
¿Qué hacer? El informe se detiene en los diferentes rubros. Pero establece algunas conclusiones concretas para la gestión pública referidas a las distintas temáticas abordadas.
En este sentido, el rol de lo público es clave: “Impulsar el rol del Estado como garante de los servicios básicos de agua y energía con facultades para priorizar a los más vulnerables. El Estado juega un papel clave para impulsar las políticas públicas relacionadas con el suministro de servicios básicos; desarrollar sistemas de subsidios para el pago de las facturas de los hogares más vulnerables; y junto con las empresas proveedoras, asegurar la continuidad del suministro”, es una de las primeras recomendaciones.
En cuanto a la asistencia a los sectores más vulnerables sugiere que se debe dar un paso más adelante, para evitar las cuestiones referidas al golpe más duro que acompañará a la situación sanitaria: la cantidad de pobres aumentará: la cuestón del hambre, por ejemplo. “Garantizar el acceso a alimentos para las poblaciones más vulnerables mediante el fortalecimiento de programas de alimentación, con apoyo monetario estatal y con el compromiso de toda la sociedad civil. Es necesario además asegurar el funcionamiento de las cadenas de suministro alimentario, a partir del establecimiento y consolidación de políticas financieras de ayuda a la producción agrícola y a la industria alimentaria. Se recomienda también impulsar la transición hacia nuevos modelos productivos más sostenibles, inclusivos y adaptados al cambio climático”.
La siguiente recomendación está referida a las actividades extractivas: “Garantizar que el funcionamiento de las actividades ligadas a las industrias extractivas de recursos naturales no renovables en aquellos países donde éstas son claves para la economía, salvaguardar la salud de los trabajadores y las poblaciones de las comunidades aledañas. Evitar alivios fiscales innecesarios, la desregulación ambiental y social y reforzar las medidas de fiscalización orientadas principalmente a la prevención de actividades ilegales. Por último, es importante promover el desarrollo de nuevas tecnologías que incrementen la eficiencia de los procesos, su resiliencia tras emergencias y su sostenibilidad.
Luego analiza dos aspectos vinculados directamente a lo ecológico. Propone directamente: “Un elemento fundamental, vinculado a todas las recomendaciones previas, es aunar esfuerzos para preservar la diversidad e integridad de los ecosistemas, respetando sus fronteras naturales y evitando la fragmentación, degradación y destrucción de hábitats. Esto constituye una tarea clave para proteger la salud humana, ya que regula la dispersión y disminuye el riesgo de contagio de las enfermedades zoonóticas”.
La Comisión Económca para América Latina y el Caribe señala que en el rol de los Estados también incide de manera definitiva, la educación: “La educación y conciencia son factores clave para asegurar un cambio de paradigma con respeto a la valorización de los recursos naturales. La pandemia ha hecho una división entre bienes y servicios esenciales y no-esenciales, y un resultado evidente ha sido que la valoración de una actividad pre-COVID no corresponde a su valor durante la pandemia o post-COVID, por ej. los trabajadores menos pagados están entre los más esenciales, y lo esencial (alimentación, salud, agua limpia) muchas veces depende de un uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad”, cierra el informe.
El cuadro de situación es preocupante. “Las medidas para frenar el avance del COVID-19 han tenido efectos sobre los recursos naturales y han producido profundos impactos que afectan a las economías y en consecuencia a los sectores sociales más vulnerables de la región. Se ha observado una disminución de los precios globales de los combustibles fósiles, minerales y productos agropecuarios de exportación, la caída de la demanda energética, la reducción de la rentabilidad de las empresas, la merma de los ingresos fiscales y el debilitamiento de las divisas regionales. Esto, a su vez, disminuye la capacidad económica de los gobiernos que es clave para la lucha contra la pandemia y sus impactos económicos y sociales. Todo ello contribuye al aumento de la pobreza y la pobreza extrema en la región, en un contexto cuyo peak aún es incierto”, dice la CEPAL.
