Tras más de un año del inicio de la crisis sanitaria, el balance en términos sociales para la región muestra un escenario complejo. De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional, América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia, con una contracción económica del 7,4% en 2020. Este deterioro se ha visto reflejado en un incremento del desempleo, tanto formal como informal, que ha desembocado en un drástico aumento de la pobreza.
Cerca de 3 millones de empresas han cerrado durante la pandemia de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto llevó a que el desempleo, tanto formal como informal, que afectaba a ocho de cada cien personas antes de la crisis sanitaria, en 2020 pasara a afectar a casi 11.
En los meses de mayor confinamiento y paralización de la actividad económica, entre abril y junio del año pasado, millones de trabajadores informales pasaron al desempleo. Datos de la Cepal evidencian una reducción anual para el segundo trimestre de 2020 en el empleo informal del 35% en Chile, 20% en Brasil y 31% en Costa Rica.
Esta reducción del “trabajo en negro” afectó particularmente al sector rural por la precariedad laboral del sector agrícola en la región. Adicionalmente, las mujeres se vieron más afectadas que los hombres debido a su mayor participación en los sectores más afectados como la hotelería y el turismo, el servicio doméstico y el comercio.
Con la paulatina reactivación de la actividad, el empleo informal ha empezado a recuperarse. Se espera que cuando la situación se normalice el camino más directo para la ocupación sea la informalidad, con puestos de menor calidad y menores salarios. Solo para este año se calcula que aproximadamente unas 7,5 millones de personas se sumen a la bolsa de latinoamericanos que trabajan sin seguridad social, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La informalidad varía entre países; sin embargo, este tipo de empleo es un fenómeno latente en las economías de la región. El trabajo “en negro”, además, se distribuye de forma desigual con una presencia desproporcionada de mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles educativos y habitantes de zonas rurales.
Este tipo de empleo se caracteriza, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la falta de contratos, licencias, vacaciones, indemnizaciones y, principalmente, acceso a seguridad social. Y su caracter estructural en la región se debe a la incapacidad de las economías, la debilidad institucional, la corrupción, las amplias brechas educativas y sociales, e incluso la discriminación por etnia, género o condición socioeconómica.
Las diferencias saltan a la vista. Mientras que en Uruguay la informalidad afecta a una de cada cuatro personas o en Chile a tres de cada diez, en Honduras, Guatemala o Bolivia afecta a alrededor de ocho de cada diez trabajadores.
Para hacer frente al incremento de la informalidad, desempleo, pobreza y la recuperación económica, es fundamental que en el corto plazo los países mantengan, y en lo posible amplíen, las políticas de ayuda social adoptadas en 2020. Asimismo, es necesario implementar medidas destinadas a la generación de empleo formal y reactivación de pequeñas empresas.
En el mediano y largo plazo, América Latina y el Caribe tienen el desafío de fortalecer su institucionalidad, mejorar la productividad, corregir inequidades estructurales, cerrar brechas sociales y ampliar sus sistemas de protección y seguridad social. Solo de esta manera podrán mitigar tanto las causas como las consecuencias de la informalidad laboral.
*Economista. Profesor en la Universidad de las Américas - UDLA (Ecuador). (www.latinoamerica21.com).
Producción: Silvina Márquez.
