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OPINIóN / OPINION
miércoles 14 noviembre, 2018

La OCDE es una oportunidad clave para la Argentina

La Argentina enfrenta una oportunidad única, que le posibilitaría finalmente alcanzar un futuro basado en la solidez institucional y en el desarrollo económico inclusivo.

Por Patricio Degiorgis *

Marcelo Scaglione, el representante argentino ante la OCDE. Foto: Cedoc Perfil

La Argentina enfrenta una oportunidad única, que le posibilitaría finalmente alcanzar un futuro basado en la solidez institucional y en el desarrollo económico inclusivo: su eventual ingreso como miembro pleno en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En esa línea, este objetivo fijado en 2015 como una de las prioridades máximas de la política exterior del actual Gobierno debería convertirse en una verdadera política de Estado, que trascendiera, por la duración y envergadura del proceso, a la actual administración.

Con sede en París, la OCDE es una organización multilateral de 36 estados miembros que, a partir de una seria y amplia recopilación de datos en cada uno de ellos, elabora recomendaciones y políticas tendientes a colaborar con los respectivos gobiernos en el fomento de la prosperidad, el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el desarrollo social sostenible.

Dicho esto, y a diferencia de otras organizaciones internacionales, la OCDE basa su éxito en el examen mutuo, la vigilancia multilateral y el control y revisión constante que, por medio de sus direcciones y comités, realiza sobre la implementación de las políticas específicas con las que los diversos países miembros intentan alcanzar dichos objetivos.

De ese modo se logran conquistar estándares mínimos en las más diversas áreas -desde la gobernanza corporativa al cuidado del medio ambiente, pasando por la educación o la economía digital-, a los que todos deben acceder, cumplir y mantener, asegurándose altos y parejos niveles de desarrollo.

Es entonces así como se entiende que más del 75% de la Inversión Extranjera Directa (IED) a escala global se concentre en esos 36 estados, y no en otros.

Ahora bien, no obstante que la relación de la Argentina con la OCDE se remonta a 1985 -fecha en la que el país adhirió al Esquema de Semillas-, y que en la actualidad participa en más de 20 comités técnicos, la adhesión plena a dicha organización constituye un proceso lento, riguroso y en etapas, que fue iniciado recién en junio de 2016, cuando el actual gobierno oficializó su voluntad.

A partir de ese momento, gracias a la labor mancomunada de diversos ministerios y embajadas, y bajo la coordinación eficaz del subsecretario representante ante la OCDE, Marcelo Scaglione, la Argentina alcanzó el apoyo explícito a su candidatura por parte de absolutamente todos los estados miembros. El problema, sin embrago, es que la propia organización está retrasando ahora la definición sobre la cantidad de países -y en especial, pertenecientes a qué regiones- quedarían habilitados para presentarse como candidatos.

La Presidencia del G-20 constituye una oportunidad extra para el país, dado que aquél delega en la OCDE una parte importante de su actividad técnica. Del mismo modo, junto con México y Brasil, la Argentina participa de la Agenda OCDE-G20, tendiente a alcanzar estándares elevados de gobernanza regional.

Sin embargo, llegar a convertirse en estado miembro, además de años, demanda una serie de reformas y adecuaciones que requieren de concesos sólidos y de largo plazo por parte de la dirigencia local. Reformas en áreas como competencia, mercados financieros, trabajo y asuntos sociales, educación, desarrollo territorial, salud, gestión de empresas públicas, igualdad de género, acceso a la información, gobierno digital y abierto o manejo del agua son sólo algunos ejemplos de los diversos sectores en los que deberían encararse adecuaciones normativas y regulatorias capaces de alinear al país a los estándares ya alcanzados por los 36 estados de la organización, la mayoría desarrollados.

Ese compromiso y sujeción del país a las reglas y estándares de la OCDE le permitiría, finalmente, reconstruir la confianza internacional, fortalecer sus instituciones, garantizar la seguridad jurídica y estabilizar su economía, traduciéndose todo ello en un aumento de las inversiones externas y en la expansión de sus exportaciones, para asegurar un crecimiento sostenido con inclusión y desarrollo social de largo plazo.

 

* Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano (CESIUB)


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