El cabo Ariel Mendoza nunca vivió un enfrentamiento. En 14 años de servicio en la Policía Federal, apenas sacó su arma en los entrenamientos en el polígono de tiro. Aunque sí experimentó situaciones de extrema tensión y persecuciones: “La adrenalina te seca la boca”, recuerda.
Dos años atrás, el cabo Mendoza cumplía horas adicionales en la sede del Registro Nacional de las Personas (Renaper) cuando un tiro que salió de su arma mató a Ariel Domínguez, un joven de 22 años que cruzaba Paseo Colón para tomar el colectivo que lo llevaría del trabajo a su casa. Era un 20 de julio, Día del Amigo, y un grupo de adolescentes provocaba disturbios. Mendoza los vio y corrió tras ellos. La Bersa Thunder 9mm reglamentaria se cayó de la cartuchera y se disparó contra el pavimento. Domínguez se desplomó sobre la calle con un balazo en la cabeza.
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El lunes pasado, el cabo fue absuelto. Lo acusaban de homicidio culposo. “Cerré un ciclo. Estoy un poco más tranquilo. Ahora empecé a dormir. Estoy en cero, como si hubiese vuelto a nacer”, respira. Pero no se alegra: “No tengo nada que festejar. Tengo que vivir con todo esto. Hay una persona que falleció y una vida no es un caramelo. No hay palabras para pedir disculpas. No es algo que quise causar, no puedo tirar el tiempo atrás”, se lamenta.
No le gusta hablar de “lo que pasó”, pero hace el esfuerzo: “Salí corriendo y escuché el disparo. Me agazapé y lo vi tirado en el piso. Se me disparó la cabeza. Se me nubló todo. El mundo se me vino abajo”, evoca. Con los ojos vidriozos confiesa: “No entendés por qué te pasó esto a vos. Te replanteás todo, pero no me arrepiento de haber salido porque era mi deber. No soy una persona fría o que no me importan los demás. No soy un policía de gatillo fácil y no hubo negligencia de mi parte. El tiro me podría haber matado a mí o a un compañero. Le pudo pasar a cualquiera. Tuve la puta desgracia que esto me pasó a mí”.
Mendoza ingresó a la Policía Federal por descarte. Se recibió de maestro de obra, pero no consiguió trabajo. Intentó con Prefectura, pero se había pasado de la edad límite. Policía Federal fue la mejor opción para desplegar su vocación de servicio: “Entré porque quería ayudar a los demás”, explica a PERFIL en el estudio de sus abogados, Alfredo Olivan y Martín Calvet Salat.
El cabo está más flaco, dejó crecer la barba y aparenta más años. A la tragedia se le sumó un drama: su esposa falleció en un accidente de tránsito cuando iba a buscar trabajo. El ex efectivo no aceptó sacarse fotos. “No quiero exponerme por mis hijos. No me gustaría que en la escuela los presionen o que me llamen porque le pegaron a alguien que les dijo ‘tu papá mató a un chico’.” “Sé que para muchos yo soy un ‘gatillo fácil’ pero la familia (de Domínguez) me respetó, no sufrí ningún tipo de agresión.”
Se ofusca por momentos. “No le tengo rencor a nadie.Volvería a la policía. Hoy no me interesa lo que digan ni me interesa aclarar nada, es suficiente con lo que viví. Yo sólo me la banqué. No me gusta andar diciendo que soy inocente.”
El caso causó revuelo en el Ministerio de Seguridad, en ese momento, a cargo de Nilda Garré, no sólo porque se hablaba de gatillo fácil, sino porque las pericias determinaron que el arma reglamentaria era defectuosa. Y también fallaron las tres que fueron peritadas. “Las Bersa de esa partida todavía están circulando. Puede volver a pasar algo igual”, advierte Mendoza.
“Para nosotros la justicia no existió”. “No nos esperábamos esto. Creemos que actuó con imprudencia. No se trató de cualquier persona, sino de un policía al que se le cayó el arma”, dice a PERFIL Leonardo Domínguez, hermano de Ariel. “Si bien las pericias demostraron que no tuvo intención nos queda una sensación de vacío. Para nosotros la justicia no existió. No queríamos perpetua, pero tampoco la absolución, él fue un inoperante. Eso nos dejó mal. Mi mamá llora todos los días desde hace dos años y medio.”
La familia de la víctima presentó denuncias contra el Estado y la fábrica de armas. “Hubo dos casos más, pero los heridos fueron policías. Hay cientos de armas defectuosas que se siguen utilizando. Es grave. Hay una serie de irregularidades en la fuerza que tienen que ser modificadas para que esto no vuelva a ocurrir. Además, los reglamentos de la policía datan del gobierno de facto. Pretendemos que esto cambie”, cuenta. La familia Domínguez espera reunirse con Cristina Caamaño, secretaria del Ministerio de Seguridad.
