La Justicia investiga a José Francisco López, segundo de Julio De Vido
La fortuna del secretario de Obras Públicas creció siete veces desde 2003. Maneja $ 31.000 millones anuales. La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
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Telam
José Francisco López no es uno de los nombres resonantes del gobierno kirchnerista. No tiene fama, ni presencia en los medios, ni candidaturas. Pero ocupa la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, un rol clave en el Ministerio de Planificación Federal con una caja de 31.000 millones de pesos anuales, y es el segundo detrás de De Vido. Además, está acusado de enriquecimiento ilícito, ya que habría multiplicado su fortuna siete veces desde que asumió el cargo.
López informó bienes por 158.900 pesos cuando llegó al gobierno en 2003, y en su última declaración jurada reconoce una fortuna de 1.109.815 pesos, un incremento del 698 por ciento, según los datos que posee la Oficina Anticorrupción.
Entre sus propiedades destaca La Araceliti, una vivienda en la localidad de Concepción, Tucumán, que fue ocupada por sus padres y ahora está reconvertida en una empresa que produce entre tabaco y caña de azúcar. López dijo ser el dueño de la mitad de la empresa, mientras que la otra mitad está a nombre de su esposa, Maria Amalia Díaz, jubilada del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.
La Araceliti está habilitada para realizar construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas, informó el diario La Nación, que también reportó sobre las sospechas de que la empresa auditaría las obras públicas nacionales en la provincia. López posee, además, terrenos en la villa turística santacruceña de El Calafate.
Por todo esto, López fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Daniel Rafecas, de licencia hasta el 21 de febrero, espera los resultados de una pericia encomendada al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en la investigación. El magistrado pidió ayuda a Prefectura para relevar las propiedades investigadas y también investigó las cuentas bancarias del funcionario, según el diario Clarín.
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