La causa conocida como "Hotesur", donde se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández y a su familia por presunto lavado de dinero a través de uno de sus hoteles, contiene importantes elementos que pueden comprometer el futuro judicial de la familia Kirchner. En el programa La Cornisa, se revelaron parte del contenido de las cajas decomisadas por Claudio Bonadio, y que ahora están a la espera de una decisión del juez Daniel Rafecas.
En un informe realizado por el ciclo de Luis Majul, se detalló que una enorme cantidad de Información valiosa y sensible sobre Hotesur -guardada en cientos de cajas azules como producto de los 30 allanamientos que ordenó el juez Claudio Bonadío el año pasado- podría agravar considerablemente la situación procesal de la expresidenta Cristina Fernández, de Lázaro Báez y de Cristóbal López, entre otros.
Además de balances, declaraciones juradas, cheques e información contable cruzada entre la expresidenta, Báez y Cristóbal López, fuentes judiciales confiables revelaron que también se encontraría un CPU (gabinete de computadora) que contendría “la contabilidad paralela” de las empresas de Lázaro. El CPU fue secuestrado gracias a empleados que sabían de su existencia y su valor probatorio y lo comunicaron de manera disimulada a los miembros de la Policía Metropolitana que participaron del allanamiento.
Las cajas jamás fueron revisadas y permanecen bajo llave, pero su contenido fue reconstruido por el equipo de investigación de La Cornisa TV, en base a las actas que confeccionaron los investigadores y que recibió Bonadío horas antes de ser recusado por la Cámara Federal y que se girara el expediente a su colega Daniel Rafecas. Las cajas están amontonadas en el edificio de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina, Dársena F, Puerto Nuevo y jamás fueron pedidas ni revisadas por Rafecas durante los 8 meses y medio que mantuvo a la causa cajoneada, hasta que se la sacó de encima.
Además de las actas, La Cornisa TV obtuvo las fotos de la documentación secuestradas en los domicilios de las empresas de la expresidenta, Máximo Kirchner, Báez y López, a saber:
- La inmobiliaria Sanfelice & Sancho, donde trabajaba Máximo Kirchner.
- La sede del Grupo Indalo, de Cristóbal López, en Córdoba al 600 en la Ciudad de Buenos Aires.
- Valle Mitre SA, empresa de Lázaro Báez administradora de hoteles de los Kirchner hasta diciembre de 2013.
- Idea SA, otra de las empresas ligadas a los hoteles.
- Las oficinas Hotesur SA, la sociedad de Cristina, Máximo y Florencia.
- La sede de Diagonal Sur SA, donde incautaron una computadora que contendría “la contabilidad paralela” de las empresas de Lázaro.
- Austral Construcciones, la empresa constructora de Baez que despidió a más de 1700 empleados en los últimos días.
- Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucón Austral y Don Francisco.
- Badial SA, la primera firma de Lázaro a la que se le descubrieron facturas truchas.
- Y los Hoteles Alto Calafate, La Aldea y Los Sauces, todos propiedad de la familia Kirchner.
Se trata de cientos de cajas extraídas de los 30 allanamientos que realizó en Juez Bonadio de manera simultánea en Buenos Aires, Rio Gallegos, Comodoro Rivadavia, Bariloche y Calafate el día 13 de julio de 2015. Rafecas se hizo cargo de la causa ante la recusación de Bonadio solo cinco días después de los allanamientos. El magistrado guardó las pruebas que podrían ser claves en las causas Hotesur SA y Los Sauces SA como así también la investigación que lleva a cabo la AFIP sobre las cuentas de Cristóbal López.
Entre esa documentación que hoy permanecen en Prefectura se encuentran:
- 19 cajas que contienen las declaraciones juradas correspondientes a los periodos 2008 a 2013 de Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Kirchner, Osvaldo Sanfelice, Patricio Arandia Pereyra, Romina Mercado, Lázaro Baez, Martín Baez, Adrián Berni, Ricardo Albornoz, Néstor Kirchner, Valle Mitre SA, Idea SA, Hotesur SA, Los Sauces SA y Co.Ma SA.
- Las declaraciones sobre el impuesto a los bienes personales de las personas mencionadas anteriormente.
- 3 cajas de cartón que poseen documentación de la AFIP sobre Cristóbal López.
La primera caja contiene declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los periodos 2007 a 2013. La segunda caja contiene actuaciones relativas al impuesto de Bienes Personales de 2007 a 2014. La tercera caja contiene Anexos de sociedades del empresario donde figuran las nóminas de empleados.
- Comprobantes de movimientos de la cuenta bancaria del Banco Santa Cruz cuyo único responsable y firmante es Máximo Kirchner.
- Un sobre con 520 fojas de actuaciones correspondientes a la AFIP de la Empresa Hotesur.
- Un sobre papel madera con la sucesión de la familia Kirchner que comprueba que la misma no está terminada.
- Un sobre papel madera que contiene información sobre los aportes a la seguridad social de las firmas Austral Construcciones SA, Badial SA, Alucom Austral SRL, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, La Estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla SA, Co.Ma. SA, Valle Mitre SA, Idea SA, Los Sauces SA, Hotesur SA. El grupo Báez le debe al Anses unos 90 millones de pesos.
- Un bibliorato gris con movimientos de la cuenta Corriente de Banco Santa Cruz de la firma Hotesur. Una carpeta color rosado con movimientos de cuenta corriente del Banco Santa Cruz sucursal Buenos Aires de la firma Hotesur. El único firmante de estos movimientos es Máximo Kirchner. (Hay dos reportes del año 2013 que están bajo sospecha. Hubo una denuncia en la UIF pero nunca se investigó).
- El contrato Macro nro. 5010000096 de Aerolineas Argentinas con Idea SA provedora del Hotel Alto Calafate con detalles de las contrataciones realizadas para el hospedaje de la tripulación en Calafate de las empresas Aerolineas y Austral. (Aerolineas Argentinas pagó por adelantado 4,85 millones de dólares. El contrato se firmó en 2007 y caduca en agosto de 2016. Corresponden a 47.912 noches.).
- Facturas emitidas por Aerolineas Argentinas a Alto calafate Hotel Patagónico Hotesur SA, Valle Mitre SA y Alto calafate Hotel Patagónico Idea SA.
- Dos cajas con movimientos contables, actas de asambleas, actas de directorio, registros de acciones y de accionistas, registros de asistencia a asambleas y libros especiales de sueldos y jornales de las firmas OIL y de Inversora M&S entre 2006 y 2014.
- Ambas cajas fueron secuestradas del allanamiento den Av. Córdoba 657 7ª piso (Dirección en Buenos Aires del Grupo Indalo).
La diputada Margarita Stolbizer cree que Bonadio, a cargo ahora de la causa Los Sauces SA, puede pedir toda la documentación secuestrada y guardada en Prefectura por Daniel Rafecas. También la AFIP podría solicitarla para su actuación contra el Grupo Indalo de Cristóbal López.
El servidor oculto
Fuentes judiciales confirmaron a La Cornisa TV que varios empleados del grupo Baez revelaron, durante los allanamientos de julio de 2015, que los movimientos contables de las empresas del empresario K, se encontraban en la Empresa Diagonal Sur Comunicaciones, de Río Gallegos. Hasta allí llegaron los investigadores y encontraron en el altillo del edificio de la empresa un servidor informático. Lo pudieron abrir con una llave especial Token, un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. La Cornisa TV accedió a las fotos de este servidor donde, según fuentes judiciales, se encontraría “la contabilidad paralela del Grupo Báez”.
Toda esta información fue secuestrada por Bonadio. Pero cuando la causa pasó a manos de Rafecas, Martín Baez presentó un escrito en septiembre de 2015 para pedir la devolución del servidor. Rafecas no se lo devolvió. Sin embargo autorizó a los abogados del Grupo Báez a obtener una copia de ese material. Lo hizo el 17 de septiembre de 2015. La copia la hizo efectiva el Jefe de Cómputos de los Tribunales de Comodoro Py el día 4 de noviembre de 2015. La obtuvo sin la presencia del fiscal, ni de peritos ni de abogados de las partes. El 6 de noviembre de 2015 los abogados de Martín Báez retiraron la copia. Autorizar un backup de evidencia informática clave permitiendo el acceso a la misma a personas ajenas a la investigación judicial es, en sí mismo, "un procedimiento invasivo", según consignó La Cornisa. Puede determinar la “contaminación de la prueba”. Por otra parte, el no disponer que la medida la realice personal idóneo y sin la presencia de las partes vulnera, también, la cadena de custodia del material, concluyeron en el programa.
