Zaffaroni le delegó a su apoderado casi todo el control sobre sus propiedades
PERFIL accedió al documento en el que el juez de la Corte le dio el derecho a Ricardo Montivero a "intervenir en todos sus negocios presentes y futuros".
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Cedoc
Quienes aseguran que Ricardo Serafín Montivero es la mano derecha del juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni parecen no estar equivocados, tampoco lo estarían los que dicen que su apoderado solía hablar en nombre del magistrado. Sólo a un hombre de estrecha confianza se le podría brindar un poder tan amplio que incluyera hasta el cobro del salario.
Hace 11 años que el fiel Montivero administra los bienes de Zaffaroni. El poder, de ocho carillas, lleva la firma del escribano Eduardo Larronde y del actual juez de la Corte. “Para que en su nombre y representación intervenga en todos los negocios y asuntos de orden administrativo, presentes y futuros, cualquiera sea su naturaleza y la jurisdicción a que correspondan”, se lee en uno de los párrafos.
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Entre los bienes del juez que administra su apoderado se encuentran cinco departamentos que eran utilizados como prostíbulos vip para privados. La denuncia fue realizada por la ONG La Alameda y pide que se investigue si detrás de los prostíbulos que funcionaban en departamentos de Zaffaroni hay una “asociación ilícita”.
En un escueto escrito al Congreso, el ministro de la Corte reconoció que los cuestionados alquileres “fueron todos firmados por mi apoderado”. También señaló que “por elementales razones de tiempo y de preferencias he instruido a mi apoderado para que entregue toda la administración a una inmobiliaria que se ocupe de rentarlos y percibir los alquileres correspondientes”.
Según el poder firmado en 2000, en materia de locación, Montivero podía “dar o tomar alquiler, arrendamiento, o subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles con o sin contrato”. Y, entre otros actos administrativos, el apoderado podía “fijar sus saldos activos y pasivos”, “exigir fianzas o cauciones como demás garantías de los contratos, nombrar administradores”, y “representar en asambleas de consorcios de copropietarios con voz y voto”.
