El freno en la actividad y la recesión producto de la crisis financiera se siente en la calle y hace que se enciendan las alarmas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, la región más afectada. En estos distritos no sólo los intendentes peronistas están alertas, si no que también los jefes distritales de Cambiemos comienzan a inquietarse.
“La situación social es crítica, la demanda social y de alimentos esta creciendo. En nuestro distrito, en los últimos 90 días aumentó un 38 % la cantidad de comedores y además estamos asistiendo con alimentos a trabajadores de empresas que cerraron como Cresta Roja”, explicó el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Además de la mercadería que se da a los distintos comedores, el viernes, en su distrito, se formó una fila de 200 metros para pedir comida y en los últimos 15 días el área social atendió a cinco mil personas. Por primera vez, debieron comenzar a hacer operativos nocturnos en los que también se entregan alimentos.
En La Matanza, uno de los principales riesgos se da en el cruce de información sobre beneficiarios de planes sociales que hace que a una persona con la jubilación mínima se le quite los planes. “De esos 7500 pesos que cobran, muchos tienen descuento por las moratorias y se endeudan con mutuales. Con lo que les queda no pueden comer”, relatan desde el municipio gobernado por Verónica Magario. Explican que en estas tierras la cantidad de comedores entre 2015 y 2017 pasó de 84 a 160.
En los últimos tres meses, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, tuvo cifras aún más duras, ya que se contabilizó un aumento del 60% de quienes asisten a los comedores. A 12 kilómetros, en Hurglingham, los sectores más vulnerables también muestran su crecimiento. Desde marzo contabilizan 4 mil chicos más en los comedores. Para la entrega de mayor cantidad de alimentos, el municipio de Juan Zabaleta realizó convenios con empresas de la zona como Bimbo para que las tasas de Seguridad e Higiene sean abonadas con mercadería que se distribuye en los barrios más pobres. Además, previendo un fin de año conflictivo, se armó un plan de contingencia con distintos supermercados para iniciar un acopio de comestibles.
El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, elaborado por la Universidad Católica Argentina mostró que en el Conurbano la asistencia alimentaria de la infancia alcanza al 37,7.
En San Fernando, el impacto de la crisis mostró una particularidad: muchas personas comenzaron a llegar a los polideportivos municipales para bañarse en el lugar y así no consumir electricidad y gas en sus viviendas.
“En nuestros territorios se da un combo explosivo que son la falta de trabajo, la ausencia del estado nacional y la inseguridad. En Merlo aumentamos en un 30% la entrega de bolsones de comida. Hay mucha gente que pisa por primera vez un comedor y llegan por los 700 comercios cerrados que dejó sin trabajo a miles de vecinos. A los argentinos los tienen en terapia intensiva y les siguen pidiendo que donen sangre para beneficiar a los sectores financieros no productivos”, sostuvo el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez. En los partidos del conurbano la desocupación llegó al 11,3%.
Cambiemos. Los intendentes del oficialismo tampoco pasan un buen momento. El sector de las Pyme, muy golpeado por la crisis, está afectando en los municipios de la primera (el norte y oeste del conurbano) y la tercera (el sur del conurbano) sección electoral, al igual que el impacto en los servicios públicos. Un grupo de alcaldes le pidió una reunión al ministro de Energía, Javier Iguacel, por analizar qué pasará con las tarifas de luz. El costo del alumbrado público para muchos se incrementó hasta diez veces y se hace sentir en las cuentas públicas. Con una agenda apretada, aún no respondió cuándo se reunirá con ellos.
En cuanto a las Pymes, la gobernadora María Eugenia Vidal le ordenó al Banco Provincia invertir $11.200 en créditos con tasa subsidiada y les pidió a los intendentes que “bajen” los programas de fomento al territorio. Se trata de 265.470 pequeñas y medianas empresas que generan 4,4 millones de puestos de trabajo en el territorio bonarense (el 75% del empleo privado).
En el caso del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, al igual que Nicolás Ducoté (Pilar), lanzaron una serie de medidas. Martiniano Molina (Quilmes) y Ramiro Tagliaferro (Morón) se preparan para una crisis económica de alto impacto, dicen.
En Lanús, los pequeños contribuyentes no pagarán el segundo semestre de la tasa de Seguridad e Higiene. Asimismo, se eximió del pago de este impuesto a los comercios e industrias que inicien su actividad entre julio y diciembre de este año.
En Pilar, Ducoté eliminó la misma tasa por tres meses, bajó los costos a la mitad para habilitar un comercio y prepara una reforma del Código de Habilitaciones para que “sea más sencillo, y menos burocrático”, abrir un local, según confirmó el intendente. Un dato lo alarmó: en el período febrero-marzo-abril bajó la cantidad de pedidos para construir.
En la misma senda, en Quilmes lanzarán esta semana un proyecto de ordenanza para eximir de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a los comerciantes monotributistas, con lo que el municipio dejará de percibir $1,4 millones mensuales.
“Sabemos del esfuerzo de los comercios que son fuente de trabajo de nuestros vecinos y decidimos bajar la exigencia tributaria”, apuntó Molina.
Amenaza de piqueteros
Los movimientos sociales del Triunvirato de San Cayetano se reunirán este miércoles con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Elevarán una serie de reclamos con el foco puesto en la situación alimentaria que, según sus estimaciones, se ha agravado en los últimos meses. Si no hay respuesta, realizarán una gran protesta nacional frente a hipermercados para conseguir alimentos para comedores y merenderos.
Será el primer encuentro formal de los representantes de Barrios de Pie, CTEP y la CCC con la funcionaria desde el año pasado. Hace ya tres semanas que se habían multiplicado las gestiones para concretar la cita, luego de la multitudinaria marcha federal que organizó el triunvirato en coincidencia con el veto a la ley anti-tarifas.
Según pudo confirmar PERFIL, la reunión será acompañada por representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, que oficia como facilitador de este diálogo. En este caso, ocurre luego de las fuertes críticas vertidas la semana pasada contra el Gobierno durante la Semana Social de la Iglesia.
La tensión entre el Ejecutivo y los representantes pastorales del Papa fue un factor que influyó en las dificultades para coordinar un encuentro, indicaron fuentes al tanto de las gestiones. El Gobierno sostiene que planea dejar fuera del ajuste al gasto social, pero las organizaciones -y la Iglesia- insisten en que el deterioro reciente exige medidas de emergencia que garanticen un “blindaje social”.
