El derrotero de Omar “El Caballo” Suárez parece una señal de advertencia ante los rumores de una posible embestida oficialista contra sindicalistas díscolos. El jueves, Suárez dejó su lugar de residencia, el penal de Marcos Paz, para ratificar una denuncia en los juzgados federales de Comodoro Py. Se lo vio con paso cansino, andar encorvado y una tupida barba blanca. El ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) está hoy irreconocible. Pasó de las peleas por el poder gremial en un sector estratégico de la economía a una batalla tribunalicia para lograr la prisión domiciliaria por razones de salud.
A su caso se sumó recientemente la detención de Juan Pablo “el Pata” Medina, ex titular de la seccional La Plata de la Uocra. Son los dos ejemplos más extremos. Pero no son los únicos con compromisos judiciales y causas abiertas. Antonio Caló, Hugo Moyano, Víctor Santa María y Omar Plaini son algunos de los cegetistas de primera línea que fueron denunciados y tienen procesos abiertos.
En paralelo a los movimientos tribunalicios, voceros del oficialismo dejaron trascender, tal vez envalentonados por las mieles electorales, posibles acciones de impacto contra jefes sindicales de primera línea. Esto ocurre cuando un sector mayoritario de la conducción de la CGT propicia una instancia de diálogo con el Gobierno, tras una serie de amagues combativos que terminaron en la nada.
Antes de caer en desgracia, Suárez había sumado unas 19 denuncias en los tribunales federales. La primera fue en el año 1995 por enriquecimiento ilícito . En 2002 lo denunció el abogado Ricardo Monner Sans, por defraudación a la administración pública. Después siguieron otras presentaciones en su contra en 2004, 2007, 2014 y 2015, por delitos como defraudación contra la administración pública, coacción, asociación ilícita, defraudación y entorpecimiento de los servicios públicos. Llegó, incluso, a ser acusado de homicidio simple por uno de los denominados “denunciadores seriales” de Comodoro Py.
A pesar del volumen de denuncias en su contra, el palmarés judicial de Suárez no había hecho mella hasta el cambio de gobierno en 2015. El 26 de agosto de 2016 fue denunciado por lavado por Gladys González, actual candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, por entonces interventora del SOMU. La denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº 6 de Rodolfo Canicoba Corral, quien había dictado la intervención del gremio en febrero y ordenó el encarcelamiento de Suárez en septiembre de 2016. Este año se sumaron dos nuevas denuncias, a raíz de dos testimonios realizados ante el Juzgado Nº 6. Tras ir a sorteo, recayeron en ese mismo tribunal. Ambas están caratuladas como “averiguación de delito”.
El caso Suárez se presenta como un trofeo del “cambio” y un ejemplo de la cruzada oficialista para reducir el costo sindical. Algunos aseguran que la salida de escena del Caballo redujo los costos de operación naviera en más de un 30%. En el mundo gremial, ponen en duda la premisa de que su situación o la de Medina pueda ser un factor de disuasión contra dirigentes de más peso.
Por otro lado, hay antecedentes de las consecuencias que podría tener una medida judicial de impacto contra dirigentes que aún tienen fuerte gravitación. El ejemplo más claro ocurrió durante la saliente administración kirchnerista, y fue protagonizado por el extinto líder de los peones rurales, Gerónimo “Momo” Venegas. En 2011, su detención motivó una ola de protestas en todo el país que paralizó la actividad en el interior. Muchos se imaginan, por ejemplo, lo que podría ocurrir ahora si avanzaran, por ejemplo, contra Hugo Moyano.
