El juez federal Rodolfo Canicoba Corral tuvo que cerrar, en contra de su voluntad, una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción de represas en Santa Cruz "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic". Según explicó el magistrado, el fiscal no había instado la acción penal en la denuncia que habían planteado los radicales Ricardo Gil Lavedra (ex diputado y ex juez) y Manuel Garrido (diputado y ex fiscal). Por ello, reclama una reforma judicial para actuar en casos como este en el que existe un "vacío legal".
En agosto pasado, una denuncia de los medios denunció posibles irregularidades que se habrían producido en el proceso licitatorio para la construcción de las represas de Santa Cruz, que suponía un desembolso de 21.600 millones de pesos. Por ello, los legisladores plantearon una denuncia para investigar si, como se sospechaba, el "proceso licitatorio buscó beneficiar a oferentes con vínculos con el Gobierno, luego de haberse utilizado medios fraudulentos".
Según la denuncia, el proceso licitatorio colocó en primer lugar "a la Unión Transitoria de Empresas formada por las empresas Electroingeniería Sociedad Anónima, la empresa China GezhoubaGroupCompany e Hidrocuyo Sociedad Anónima". Puntualmente, la denuncia pidió investigar al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino; al secretario de Obras Públicas, José Francisco López; al subsecretario de Recursos Hídricos, Atilio Bortolozzi, y al secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini.
Abierta la denuncia, el fiscal Miguel Angel Osorio decidió no impulsar la acción por considerar que las acusaciones se fundamentaban en "conjeturas anoticiadas", basadas en fuentes de terceros anónimas que no se podían corroborar. El juez Canicoba anuló el dictamen del fiscal, pero el caso llegó a la Cámara Federal, donde la Sala II confirmó la nulidad del dictamen y remitió las actuaciones al fiscal nuevamente. Hoy, en su fallo, Canicoba Corral hizo hincapié en "la imposibilidad de proceder" frente a la falta de pedido fiscal para proceder a la investigación.
"En primer lugar, no debe soslayarse que tal como se encuentra redactado nuestro código de procedimiento, ante discrepancias de opiniones sobre el impulso de la acción penal entre el Sr. Juez instructor y el Fiscal de la causa, deben resolverse en el sentido elegido por éste último, el Ministerio Público", se quejó Canicoba Corral. Por eso, reclamó a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, una reforma judicial con el objeto de brindar una solución normativa al vacío legal existente.
