La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia analiza este martes, en audiencia pública, la decisión que tomó el juez federal Gustavo Lleral sobre destruir las grabaciones obtenidas de los teléfonos de Sergio Maldonado y de otros tres allegados de Santiago Maldonado, el joven artesano que falleció en agosto pasado en Chubut.
La audiencia se realizará en la sede de ese alto tribunal, según confirmó a Télam su presidente, Javier Leal de Ibarra. "Mañana (por hoy) están citadas las partes para una audiencia que se iniciará a las 11:15 en un todo de acuerdo a lo que establecen los artículos 454 y 455 del Código Penal", confirmó el magistrado, quien explicó que "la causa llega por una apelación que realizó la fiscal federal de Esquel (Silvina) Ávila".
Sobre el tiempo en el que se va a decidir sobre las escuchas, Leal de Ibarra precisó: "Tenemos diez días de plazo para resolver, aunque la decisión se podría tomar este mismo martes, tras un cuarto intermedio".
La causa llega a ese tribunal tras la resolución del juez federal en lo penal de Rawson, Gustavo Lleral, quien declaró la nulidad de las intervenciones a los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi (amigo de Santiago), Claudina Pilquiman y Marcela Anarda Stocovaz, las cuales habían sido ordenadas por el anterior juez del expediente, Guido Otranto.
Lleral sostuvo en diálogo con Télam que su decisión de desestimar las intervenciones telefónicas es porque "interpreté que es una clara violación a la intimidad de personas que no estaban señaladas en ningún delito, lamentablemente se está naturalizando algo tan grave como vulnerar la intimidad de las personas". "Por eso el 30 de septiembre, ni bien tomé contacto con el expediente cuando me constituí en Esquel y observo que estaban intervenidos los teléfonos, lo dejé de inmediato sin efecto y lo que hice hace aproximadamente un mes fue dictar una resolución donde ordeno la destrucción de todos los registros", agregó.
La resolución, dictada el 11 de mayo pasado por Lleral, fue recurrida por la fiscal Silvina Ávila, quien pide que los resultados de las escuchas no se destruyan porque podrían demostrar cómo se gestó una operación destinada a entorpecer y desviar el trabajo de la justicia.
