El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por Horacio Verbitsky, y otros organismos consideraron hoy un "grave retroceso institucional" la designación en comisión de dos jueces de la Corte Suprema. Advirtieron además que así se afectan "la independencia, imparcialidad y legitimidad" del máximo tribunal.
Los firmantes del comunicado aseveraron que los jueces nombrados son pasibles de presiones, los llamaron a rechazar sus designaciones e instaron al gobierno de Mauricio Macri a cumplir con los procedimientos.
Además, sostuvieron que resulta "un avance indebido del Poder Ejecutivo en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema; contraría los principios definidos por la Corte Suprema de Justicia en los últimos fallos para asegurar la estabilidad e imparcialidad de los jueces; y constituye un grave retroceso en los mecanismos de participación popular para la evaluación de los candidatos".
"Los jueces designados en comisión no contarán con las garantías constitucionales mínimas para ejercer su trascendental rol, en particular su tarea de evaluar la validez de los actos y decisiones de los demás poderes del Estado, dado que su estabilidad se encontrará sujeta a la aprobación de sus pliegos", agregaron los organismos.
En ese sentido, precisaron que "esta precaria situación les impide ejercer su rol con imparcialidad, afecta la división de poderes, y los hace pasibles de presiones de los demás poderes del Estado", según informó la agencia DyN.
"Frente al escenario político mencionado, las ONG abajo firmantes denunciamos y alertamos las graves consecuencias que, para la calidad institucional, acarrea una decisión de este tenor. Por tales motivos, consideramos esperable que, en este contexto, los candidatos propuestos rechacen la designación para ocupar dichos cargos", señalaron las ONG.
"Al Poder Ejecutivo Nacional a que reconsidere su decisión de realizar nombramientos de jueces de la Corte Suprema en comisión, y a que cumpla con el procedimiento regular de nominación", al tiempo que solicitaron al Congreso "que sancione una Ley Nacional que recoja los principios y directrices de dicho decreto", concluyeron.
El documento lleva la firma, además, de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal (APP) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
