Tras una pelea judicial de ocho meses, la Cámara Comercial permitirá que la fiscal del caso Correo Argentino SA acceda y analice los libros contables de Sideco y Socma Americana, dos empresas clave de la familia del presidente Mauricio Macri.
La Sala B de la Cámara Federal dio un giro inesperado la semana pasada y quebró la buena racha de Correo en la causa. La decisión de las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero desestimó los pedidos de los abogados de Correo, que intentan poner un freno a la decisión de la fiscal general Gabriela Boquin de investigar y denunciar el supuesto vaciamientos de las cuentas de Correo hacia los bolsillos de otras empresas de los Macri, como Socma Americana y Sideco.
Los asientos contables podrían abrir nuevas puertas en la investigación y permitir detectar otros movimientos sospechosos desde las cuentas de Correo hacia el Grupo Macri. Los pagos del holding ya dieron muestras de presuntas irregularidades en su contabilidad blanca. PERFIL contó hace dos semanas que entre diciembre de 2005 y al menos enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, también del Grupo Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Para la Justicia esa empresa consultora era una pantalla y fue utilizada para canalizar sobornos dirigidos al ex funcionario kirchnerista.
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Un parate de ocho meses. La empresa residual de Correo está en concurso de acreedores. Desde 2005, protagoniza una disputa legal con el Estado, al que le debe miles de millones de pesos y al que le reclama otros tantos. En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia llegaron a un acuerdo.
Cuando la negociación llegó a la fiscal de la Cámara Comercial para ser homologado, Boquin objetó el pacto, sosteniendo que implicaba "una condonación de la deuda" de la empresa de la familia presidencial al Estado por más de $ 4.277 millones. Tras el escándalo, el Presidente ordenó que la negociación vuelva a foja cero.
Al estar concursada, Correo tiene sus cuentas congeladas y cada movimiento financiero debe ser autorizado por la jueza del caso, Marta Cirulli, en pos de proteger el dinero que deberán cobrar sus acreedores. En este caso, el propio Estado. En abril, Boquín descubrió que Correo Argentino SA había utilizado fondos para pagar gastos de funcionamiento que no se condicen con la inactividad de la empresa y sus escasos empleados. Esos gastos, además, tenían un singular destino: los bolsillos de otra empresa del Grupo Macri.
Correo tenía en abril sólo tres empleados y cinco directores. No tiene utilidades ni actividad comercial. Sin embargo, en 2016, logró una autorización judicial para retirar $ 1,6 millones y US$ 185.213. Ese dinero se utilizó para el alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales y cocheras por $ 40.000 por mes a Sideco. Las oficinas se ubican en el mismo edificio donde funciona Sideco, Socma Americana, Chery Socma y MacAir, en avenida Del Libertador 498, piso 18º.
Los fondos también se utilizaron para pagar cargas sociales de gerentes de otras firmas del Grupo Macri; y hasta una fiesta de fin de año para su escaso personal. Entonces, Boquín identificó las irregularidades; pidió la intervención de la administración de la compañía concursada para evitar que sigan disponiendo de los fondos; y pidió seguir investigando la maniobra. De acuerdo con la fiscal, ese desvío de fondos tenía como destino vaciar las cuentas de Correo hacia los bolsillos de la familia presidencial.
Pero los alquileres y “gastos de funcionamiento” pagados a Sideco no fueron los únicos desvíos. Boquin detectó movimientos hacia otra compañía del holding de los Macri: Socma Americana SA. Con los fondos de Correo, sus administradores le compraron acciones por US$ 2.100.000 de una sociedad uruguaya del grupo, Neficor SA (accionista de la empresa automotriz Chery Mercosur SA). Nuevamente, los fondos de Correo terminaron en los bolsillos de una empresa de los Macri.
La causa. Desde abril, los abogados de Correo intentaron impedir que se ejecuten las medidas solicitadas por la fiscal. En distintos escritos, cuestionaron la legitimación de Boquin para pedir las medidas y sostuvieron que la fiscal de Cámara sólo tiene “deber de consulta” ante pedidos de la Cámara Comercial y no puede investigar como los “fiscales penales”. La postura de Correo fue apoyada por parte de los síndicos de Correo, que comparten abogados con las empresas de los Macri.
Boquín les contestó en dos escritos presentados en junio y septiembre. Volvió a enumerar las irregularidades y el vaciamiento de las cuentas de Correo. Pidió que se considere intimar a Sideco Americana SA -la controlante de Correo Argentino SA- a devolver las sumas pagadas por estos “gastos exorbitantes”, más intereses. Además, recordó las funciones que le atañen como fiscal.
Finalmente, el 6 de diciembre llegó la decisión de las juezas de la Sala B. Determinaron que la fiscal tiene “legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes” en el concurso preventivo de la compañía de los Macri.
Los abogados de Correo buscarán llegar hasta las últimas instancias para evitar que la investigación comience a enfocarse también en los movimientos contables de las empresas del Grupo Macri. En sus escritos de apelaciones, a los que accedió PERFIL, ya adelantaron irán hasta la Corte Suprema.
