Ricardo Echegaray enfrenta actualmente dos juicios orales y públicos por hechos vinculados a su rol al frente de la AFIP en los años kirchneristas. Uno, en el que es querellado por Alfonso Prat-Gay (ver aparte) y otro por la deuda de Oil Combustibles, donde se lo juzga por haber permitido las maniobras que dejaron que Cristóbal López y Fabián de Sousa perjudiquen al fisco con una deuda que, al momento de ser descubierta, ascendía a 8 mil millones de pesos, y ahora ya duplica ese monto.
En tanto que en febrero pasado, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que avance una investigación contra Echegaray por asociación ilícita. Fue, entre otros elementos, ante la sospecha de que desde el organismo recaudador habría liderado una banda con el fin tanto de perseguir opositores como así también de proteger a empresarios cercanos, y desplazando a quienes se alejaban de las directivas.
La decisión del tribunal de alzada se dio en el marco de una denuncia presentada por el organismo, en 2018. Allí se aseguraba que, “desde mediados de 2008 hasta 2015, se han materializado distintas conductas desplegadas por diversas personas –tanto funcionarios de la propia AFIP como personas ajenas al organismo– que actuaron mancomunadamente, utilizaron y abusaron de la estructura y funciones” para “cometer una diversidad de ilícitos”.
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Allí se detallaba que la pluralidad de delitos “se materializó, en todos los casos, con la concurrencia de un mínimo de tres personas y siempre bajo la dirección del administrador federal de turno y del único director de la DGI que estuvo en su cargo entre agosto de 2008 y 2015”.
El ex funcionario enfrenta no solo los dos juicios actuales, sino también varias otras causas, en las que está desde investigado hasta procesado. Entre ellas acumula procesamiento en una vinculada a Lázaro Báez así como desde hace pocos días es investigado en el marco de la causa que se abrió por la filtración de imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman, a su llegada al país, poco antes de denunciar a CFK.
