El juicio por la obra pública kirchnerista, en un impasse

El juicio de “obra pública”, el primero que puso a la ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Kirchner, en el banquillo de los acusados, entró en una breve impasse. Mientras que mañana no habrá audiencia, el próximo lunes comenzará la ronda de indagatorias, en cuyo último turno está pautado que  CFK dé su versión de los hechos por los que está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que habría direccionado las obras públicas en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez.

En paralelo, la atención se divide entre lo que puede suceder con el planteo que llegó a Casación sobre la recusación al profesional Eloy Bona, del Cuerpo Perito de la Corte Suprema, y los primeros resultados de la pericia. Considerado uno de los ejes claves del caso, esos primeros números dan cuenta de que habría habido más de 170 millones de dólares de sobreprecio en las cinco obras analizadas.

Dividido en dos planos: uno contable y otro a nivel de ingeniería, el estudio es clave para la estrategia acusatoria. Parte de la acusación de la fiscalía está basada en que Báez nunca presentó los certificados correctos que permitían al Estado saber cuál era su capacidad de contratación, pese a lo cual se le siguieron otorgando obras. De allí también se desprende que las obras analizadas se comenzaban, pero luego Báez pedía prórrogas para seguir dilatando los tiempos, porque no llegaba a hacerlas como debía.

La pericia también apunta a determinar en qué plazos las obras se hicieron en comparación con aquellos en los que se deberían haber hecho. También se puso la lupa en cómo están o estuvieron hechas, porque se detectó que en algunos casos se hacían obras adjuntas.

Consta además que Austral competía con sus propias empresas, lo que está prohibido. En algunos casos, como el tramo 3 de la Ruta 3, Austral compitió con Gotti y Kan, ambas de Báez. En tanto que en otras lo hizo con algunas de estas y con Petersen de los Eskenazi o Esuco, de Carlos Wagner. Allí además se habría detectado que sus competidores ofertaban por arriba del 20% del presupuesto oficial, lo que induce a pensar que la situación estaba acordada de antemano.

También se estableció que para fines de 2015, cuando se produjo el recambio de autoridades presidenciales, Báez abandonó 26 de las obras a su cargo, parte de lo cual fue nuevamente licitado por el macrismo, por montos inferiores a los anteriores, de acuerdo a la denuncia presentada por la Dirección de Vialidad Nacional y corroborada por los fiscales.

Otro de los puntos que llaman la atención es que se estableció que el Estado no quedó en deuda con las empresas de Báez. Antes de dejar el poder, el kirchnerismo canceló todos los pagos que Báez reclamó con certificados parciales de obra.

En tribunales se especula con que el debate será más largo que lo previsto. Se estimaba que duraría 18 meses, pero hoy todos dan por sentado que a este ritmo puede superar los dos años. Eso siempre y cuando  siga dentro de lo previsto. Tanto en la Corte como en Casación hay reclamos de las defensas que pueden tener gran incidencia en el debate y su continuidad.

Uno de ellos tiene que ver con el rol de  Bona, que fue recusado por CFK por una serie de “me gusta” a comentarios presuntamente agraviantes contra ella en las redes sociales. Lo habría hecho antes de ser nombrado perito oficial.

La pericia es considerada uno de los ejes fundamentales de la acusación contra los involucrados, entre quienes también están Julio De Vido y José López. La ronda de indagatorias se abrirá con Héctor Garro, ex titular de Vialidad Santa Cruz.