Funcionarios a cargo del control de drogas podrían ser procesados

Alrededor de 50 mil kilos de efedrina ingresaron al país entre 2006 y 2008 y fueron desviados al mercado negro y al narcotráfico. Los funcionarios que debieron controlar el destino de esa sustancia podrían ser procesados en los próximos días, confirmaron a PERFIL fuentes de la causa.
El ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar), José “Bochi” Granero, podría trasformarse en el funcionario más cercano a los Kirchner procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público en una causa relacionada con el narcotráfico.
Granero fue amigo cercano de Néstor Kirchner, parte de su familia sigue vinculada al poder político de Santa Cruz, de mano de Máximo Kirchner, y mientras estuvo a cargo de la Sedronar protagonizó una encarnizada interna con Aníbal Fernández por las políticas contra el narcotráfico.
Servini de Cubría logró cuantificar cuál sería la suma aproximada de la efedrina derivada al mercado negro. La causa se concentra en el accionar de la Sedronar, que debía controlar cuánta efedrina ingresaba al país, autorizar su ingreso, controlar a los importadores, compradores y vendedores, y verificar cuál era el destino de la sustancia. Esta semana, la jueza analizaba las últimas páginas de un escrito de más de 120 fojas en las que explicará las razones de su decisión.
Además de Granero, están comprometidos su segundo, Gabriel Abboud, y una tercera línea: Julio De Orué. Fueron indagados a principio de año. La decisión sobre su posible procesamiento se postergó hasta después de las elecciones del domingo. La jueza los considera políticamente responsables de haber otorgado permisos indiscriminados de importación de efedrina a un grupo de droguerías y personas indigentes, testaferros de empresarios.
Granero se defendió acusando a Fernández por la falta de apoyo y supuestas trabas a la labor de la Sedronar. PERFIL publicó que en la causa por el triple crimen de General Rodríguez –en el marco de una compraventa de efedrina– consta que un teléfono Nextel a nombre de Aníbal Domingo Fernández mantuvo 25 comunicaciones con el Nextel de otro quilmeño: Alejandro Giancristóforo, entonces funcionario del Renar (Registro Nacional de Armas), que dependía del ministerio de Aníbal y que militaba para él.
Ese mismo teléfono de Giancristóforo mantuvo 668 comunicaciones con el teléfono de Martín Lanatta, sentenciado a prisión perpetua por los crímenes de Forza, Ferrón y Bina.