La Justicia indaga sobre el rol del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en el caso Autopistas, una de las causas contra los ex funcionarios de Mauricio Macri, de acuerdo con fuentes que investigan la renegociación de los contratos de los accesos Norte y Oeste.
En junio de 2018, el gobierno de Cambiemos le reconoció a la empresa española Abertis deudas por un total de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. Además, se le extendió la explotación de ambos accesos hasta 2030. La compañía fue socia de Sideco hasta abril de 2017.
Transporte y Vialidad sostienen que con este acuerdo le ahorraron casi US$ 2.300 millones al Estado al evitar el avance de una demanda internacional de Abertis por el congelamiento de los peajes. Una investigación de PERFIL contradice ese argumento en base al análisis de los últimos 36 casos cerrados contra la Argentina en el Ciadi.
En las últimas cuatro semanas, este medio consultó a asesores técnicos de cuatro áreas del Ejecutivo macrista que intervinieron en distintas etapas de la renegociación de los contratos de Abertis. En los distintos organismos coincidieron en que el acuerdo fue “gravoso para el Estado”. Algunos de ellos reconocieron que se corrieron de la negociación para evitarse problemas legales en el futuro”. Ninguno de los consultados accedió a que se lo identificara.
Los técnicos consultados agregaron que durante 2017 y 2018 había “apuro” oficial por acordar con Abertis; que se utilizó una demanda internacional ante el Ciadi como “elemento de presión” y que se intentó forzar el aval de Dujovne a la firma de los nuevos contratos.
En 2018, Dujovne rechazó los pedidos de convalidar la renegociación con Abertis tras la recomendación de sus asesores jurídicos en el ministerio, reconocieron funcionarios técnicos de las carteras consultadas. Sus abogados encontraron “una salida legal” para negarse a cumplir con el pedido de Transporte y Vialidad.
El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el rol de al menos cuatro funcionarios en la renegociación de los contratos de Abertis, explicó a PERFIL una fuente judicial. El juzgado analiza cómo actuaron el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y ex el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El cuarto es Dujovne.
Los primeros tres están siendo investigados porque intervinieron de manera directa. Indagan en el cuarto porque se abstuvo, confirmaron en el juzgado. El juez sospecha que se corrió porque podría haber advertido irregularidades.
PERFIL confirmó con un documento del Ministerio de Transporte y la consulta a ex funcionarios que existieron pedidos expresos y reuniones en Hacienda entre abril y junio de 2018 para convencer a los asesores de Dujovne de convalidar los contratos de renegociación de las dos autopistas.
El 4 de abril de 2018, el director de Asuntos Jurídicos de Transporte recomendó en un dictamen que antes de concretar el acuerdo con la empresa debía enviarse el expediente a Hacienda para que dieran el visto bueno. Así consta en el escrito al que accedió este medio.
Autopistas: qué dicen los documentos de un caso que puede complicar a Macri y sus funcionarios
El pedido se fundamentó en un decreto de Macri de 2016 que establecía que Hacienda debía avalar las renegociaciones de los contratos de servicios públicos, en este caso, peajes.
PERFIL consultó a uno de los principales funcionarios presentes en aquellas reuniones para convencer a Hacienda: el ex gerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad Ricardo Stoddart, quien defendía la firma de los contratos de las autopistas. Su respuesta sobre la negativa de Hacienda fue: “No tengo nada para decir respecto a ese tema”.
En el entorno de Saravia Frías remitieron la consulta a la ex cartera de Dujovne. Voceros de Dietrich sostuvieron que Hacienda intervino dos veces en la renegociación. “En la primera intervención del área legal de Hacienda respondieron que, al cambiar la ley de emergencia (económica), no tenían que intervenir. En la segunda intervención, devolvieron (el expediente) sin expedirse”.
Esa fue la “salida legal” de Dujovne. Lo explican mejor sus voceros, aunque no le otorgan esa lectura: “A fines de 2017 el Congreso Nacional no renovó la emergencia económica y, en consecuencia, Hacienda dejó de tener competencia para intervenir en las renegociaciones de todos los contratos de servicios públicos. Por esa razón, en la primera mitad de 2018 el Ministerio no intervino en la renegociación”. Es decir: no tenían por qué intervenir, aseguran.
“Venía con mucho impulso pero nosotros no teníamos competencia y no entramos, nos corrimos. Es normal que te pidan que firmes en contratos de esa magnitud”, dijo el más prudente de los técnicos consultados.
Las principales observaciones que no convencían a los técnicos eran que el nuevo acuerdo “prorrogaba las concesiones por 12 años”; “reducían las inversiones con respecto al contrato original”; “era un contrato nuevo, no una renegociación”; “las tarifas se dolarizaron”. PERFIL intenta conocer la versión de Abertis desde septiembre pero la empresa se niega a responder.
