Lejos de apaciguarse, el enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces federales amenaza con recrudecer. La procuradora Alejandra Gils Carbó avanzará con el Código Procesal que limita el poder de los magistrados, mientras que en los tribunales responderán en 2015 con avances y nuevas presentaciones en las investigaciones por corrupción.
Tanto los magistrados como las fuentes del Gobierno consultadas por PERFIL creen que la pelea se profundizará. Sin embargo, los jueces federales aguardan el dato clave que definirá hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno. Tras el desembarco de Oscar Parrilli en la Secretaría de Inteligencia (SI), lo que inquieta a la Justicia es quiénes formarán las “filas operativas” del organismo. Esas áreas estaban al mando de Antonio Jaime Stiuso y sus hombres. Quienes asuman ahora serán los encargados de las maniobras subterráneas de la SI, y sus perfiles definirán sus técnicas: negociación o apriete. Durante los primeros años del kirchnerismo primaron el apriete, las amenazas y la extorsión. En la última etapa, ganó la negociación por un solo motivo: la SI ya no respondía a los Kirchner.
Dos de los hombres que están en condiciones políticas y ejecutivas para llenar esos espacios subterráneos son el director de Reunión Interior, Fernando Pocino, y el jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani. Ambos con excelente relación con el cristinismo.
Parrilli le garantiza a la Presidenta lealtad unidimensional. Lo ordenado por Cristina Fernández de Kirchner será ejecutado. A diferencia de algunos de los funcionarios salientes de la ex SIDE, tiene un solo jefe. El problema al que se enfrenta es cómo lograr que la totalidad de los espías le respondan a Cristina Kirchner.
Hoy, la principal amenaza de la mandataria es el juez federal Claudio Bonadio, quien personifica como nadie la guerra entre los jueces y el Gobierno. Tiene a su cargo la causa más directa contra la Presidenta y su familia: una investigación sobre la empresa Hotesur SA, que el juez convirtió de una denuncia por irregularidades administrativas en una causa que pone en riesgo el futuro judicial de la familia Kirchner. Bonadio no pierde tiempo. El magistrado estará en su despacho durante todo enero trabajando, mientras el oficialismo trama la siguiente embestida en su contra.
Mientras la nueva conducción de Inteligencia se acomoda, la ofensiva estará a cargo de la procuradora, que se abocará durante 2015 a acelerar la implementación del sistema acusatorio impuesto por el nuevo Código Procesal Penal, confirmaron cerca de la jefa de los fiscales. Este sistema cambia por completo el esquema de poder en los tribunales, y su misión en el último año de gestión cristinista será crear las condiciones para activar los cambios. Ya no serán los jueces quienes investiguen y manejen las causas por corrupción –y de todo tipo, claro–. Serán los fiscales, 17 de los cuales se nombrarán en el mediano plazo. Ya anunció tres concursos para cubrir fiscalías para este año. Y antes de fin de año nombró a fiscales subrogantes en puestos sensibles, como los que estarán a cargo de causas como la de Papel Prensa –en la que el Gobierno pretende la indagatoria del CEO de Clarín, Héctor Magnetto–, y en fiscalías generales, de las que depende el avance o no de muchas causas. Los nombramientos metieron el dedo en la llaga del Poder Judicial. La importancia de su papel lo demuestran también las denuncias que embestirán en su contra a partir de ahora.
Ayer, una institución reconoció por primera vez que existe “un enfrentamiento entre el Gobierno y la Justicia”. La Asociación de Fiscales, que integra la propia Gils Carbó, emitió un duro comunicado contra la procuradora y sus políticas. Dijo que la “politización” del Ministerio Público Fiscal “es algo nunca visto, que está generando un enorme daño”. Criticó sus decisiones, los nombramientos y la acusó de intentar “disciplinar e intimidar” a los “fiscales independientes que pretendieran investigar casos de corrupción”.
