El sobreseimiento del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la "Causa Odebrecht" llegó a la Corte Suprema de Justicia, porque la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un recurso de queja extraordinario para que el máximo tribunal revea su legitimación en el expediente.
Se trata de la causa que se abrió contra el jefe de los espías, luego de que uno de los "arrepentidos" de Odebrecht denunciara que le había hecho giros bancarios al funcionario argentino en 2013, cuando se definía el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En enero pasado el diario La Nación reveló la existencia de cinco transferencias que se le habrían hecho a Arribas en momentos en que se relanzaba esa obra de la cual finalmente terminó participando la constructora brasileña. Arribas lo negó, aunque después reconoció haber recibido un giro por unos 70 mil dólares por la venta de un bien en Brasil, donde vivía.
La causa se abrió por la denuncia de la diputada Elisa Carrió; el fiscal Federico Delgado impulsó la investigación pidiendo datos, pero un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó la versión de Arribas y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral firmó el sobreseimiento. El fallo fue ratificado por la Sala I de la Cámara Federal a raíz de que el fiscal general Germán Moldes desistió de sostener la apelación. Pero la PIA -una repartición especial de la Procuración que investiga los casos de corrupción- elevó el caso a la Cámara Federal de Casación Penal al validar su papel de procuraduría especial contra funcionarios públicos.
Sin embargo, el 23 de junio pasado el juez Juan Carlos Gemignani -al que se sumaron sus colegas Angela Ledesma y Eduardo Riggi- afirmó que Arribas "a la fecha de los hechos materia de investigación no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública" y por lo tanto la PIA no tenía por qué intervenir al no tener "legitimación para apelar el sobreseimiento".
Ahora, tras fracasar días atrás en un recurso ordinario, la PIA presentó un escrito para llegar de manera extraordinaria al máximo tribunal del país. A criterio de la PIA, la decisión de Casación fue "manifiestamente arbitraria" cuando sostuvo que "en la causa no habría funcionarios públicos involucrados por el sólo hecho de no estar individualizados y que por ello se carecía de motivos para permitir la intervención a esta Procuraduría".
"Fuimos claros y concretos en la demostración de los graves perjuicios que ocasiona la decisión a la institucionalidad, en este caso, al Ministerio Público. Impedir la actuación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa en casos de corrupción afecta intereses que exceden a las partes y abrazan a toda la comunidad. La gravedad institucional está más que evidenciada", advirtió.
