POLITICA

La constructora del Polo Audiovisual acumula denuncias por irregularidades

Antes de que ganara la licitación para la faraónica obra, Riva SA, ganó licitaciones del gobierno nacional, de Buenos Aires y de Córdoba. El resultado.

Riva también realizó reformas en el Aeroparque Jorge Newbery.
| Cedoc

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que reactivará el proyecto del Polo Audiovisual en la Isla Demarchi de la Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires después de dos años de abandono. En su discurso, la jefa de Estado informó que el proyecto estará a cargo de Riva Sociedad Anónima.

El nombre puede ser desconocido para la mayoría del público, pero es bien conocido en el gobierno nacional. Mejor dicho, en los gobiernos: la constructora realizó obras para el Poder Ejecutivo Nacional, para el gobierno porteño, para la provincia de Córdoba e incluso para el Consejo de la Magistratura. Y por varias de esas obras se ganó denuncias por irregularidades.

El propio proyecto del Polo Audiovisual estuvo rodeado de polémicas. La jefa de Estado lo anunció a fines de agosto de 2012, cuando decía ser "la reencarnación de un gran arquitecto egipcio". Después de desalojar las industrias de dragado, el predio de 120.000 metros cuadrados quedó abandonado. Pero el "Hollywood argentino" siguió durmiendo la siesta, porque el proyecto para rezonificar el terreno quedó trabado en la legislatura porteña.

Nada de eso es culpa de Riva S.A., que fue una de las tres empresas que presentaron un proyecto para el predio: propusieron construir 216.000 metros cuadrados con un “edificio híbrido” de 300 metros de altura y una inversión de 2.277 millones de pesos. Las otras dos interesadas eran IRSA, de Eduardo Elsztain, y CPC, de Cristóbal López. Dos empresarios de muy buenas relaciones con Cristina y Macri.

Pero la empresa que dirigen el arquitecto Alberto L. Surace y el ingeniero Santiago Riva -hijo del fundador, Amadeo Riva, fallecido el 27 de mayo pasado- también tiene contactos en el gobierno porteño: Construyeron el Metrobus de la Avenida 9 de julio, que une Constitución con Retiro. El proyecto de tres kilómetros y 17 paradas costó 195 millones de pesos, es decir, 65 millones por kilómetro o 11,5 millones por parada, según publicó entonces el diario La Nación. La suma final fue bastante superior a los 115 millones que se presupuestaron inicialmente, un aumento que no se explica por la inflación.

Otro proyecto cuestionado es el del "edificio inteligente" que iba a hospedar al Consejo de la Magistratura en el microcentro porteño. La obra se adjudicó en septiembre de 2009 a Riva S.A. por 50 millones de pesos, que se convirtieron en más de 70 por "aumento de costos". Según denunció el abogado Ricardo Monner Sans, los pagos se realizaron, pero el predio ubicado en las calles Uruguay 722 - Viamonte 1345 sigue vacío. La causa está en manos del juez Daniel Rafecas.

Riva también estuvo a cargo de la construcción de la nueva terminal de ómnibus de Córdoba Capital, un proyecto que quedó bajo el agua. Literalmente: el edificio se levantó en un terreno inundable justo al lado de la vieja terminal, y cuando llueve mucho suele inundarse la planta baja. La obra, que costó 94 millones de pesos (se habían presupuestado 86) le valió una denuncia de legisladores del Frente Cívico al entonces gobernador Juan Schiaretti.