La Corte Suprema le advirtió a Mauricio Macri que está lejos de tener en sus manos la llave mágica para resolver la encerrona de las tarifas en que se metió el Gobierno. Por unanimidad, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y el debutante Horacio Rosatti se limitaron hoy a pedir más información y patearon hasta después de la feria judicial cualquier definición de fondo.
La decisión fue un trago amargo para las expectativas del macrismo, que añoraba una señal contundente contra las medidas judiciales que frenaron los aumentos.
“La solución le corresponde al Gobierno”, deslizó en diálogo con PERFIL uno de sus integrantes del Tribunal cuando la copia de la resolución firmada por los cuatro miembros ya se había difundido entre los medios.
Por lo bajo hubo quejas por la escasez de información sobre el aumento en manos de la Corte Suprema. Y para los entendedores del lenguaje cortesano, la resolución del Tribunal también fue un reproche diplomático por la falta de previsión del Gobierno frente a la controversia judicial que, antes o después, iba a desatar el tarifazo.
Si Macri pensaba que la nueva integración del Tribunal se transformaría rápidamente en gestos de apoyo, la resolución de hoy lo desmiente. En pocas palabras, la Corte Suprema se limitó a pedir información al Gobierno sobre el impacto del aumento de las tarifas en los usuarios, a fin de evaluar en un futuro si se cumplen los derechos de “gradualismo y progresividad”, esto es, si se aquellos que más tienen pagarán más y si los más vulnerables pueden afrontarlo. Y dejó todo lo demás para más adelante. “Todavía no tenemos un caso para definir”, enfatizó un miembro del tribunal.
¿A qué se refieren con “gradualismo y progresividad? La mejor definición fue un ejemplo: si el aumento lleva a la quiebra a un hogar o una empresa por sobrendeudamiento, los principios no se cumplen.
En cuanto a los tiempos, la Corte Suprema no resolverá ninguna cuestión de fondo sobre las tarifas antes de agosto. Y tal vez ni siquiera entonces. Primero deben llegar a sus manos una de las dos causas emblemáticas que se discuten en el Poder Judicial.
Una es la iniciada en Córdoba que suspendió los aumentos al aceptar una medida cautelar. Cuando llegue, la Corte Suprema simplemente debe resolver si deja vigente o anula la suspensión.
La resolución de fondo llegará cuando arribe a la Corte Suprema la causa de La Plata, porque en su fallo no sólo se suspendieron los aumentos sino que también se los consideró nulos por la falta de convocatoria a una audiencia pública previa. Será entonces cuando el máximo tribunal deberá definir si son nulos o válidos los incrementos. Las señales de hoy y los antecedentes jurídicos sugieren que la Corte Suprema ratificará la capacidad del Poder Ejecutivo para fijar un aumento pero limitará su aplicación para garantizar los derechos de “gradualismo y progresividad”, es decir, buscará suavizar el impacto entre los sectores sociales más vulnerables. Para eso, igual, faltan varias semanas. Tal vez meses. Ahora, la pelota está de nuevo en la cancha del Gobierno.
