El Gobierno efectuará un "veto total" de la ley que declaró la emergencia agropecuaria por la sequía en varios partidos de la provincia de Buenos Aires, porque su contenido "deja huecos por todos lados y es de muy mala factura". Así lo informó ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, oficializando una decisión cuestionada por todo el arco opositor y la Comisión de Enlace de entidades agropecuarias, que envió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitando que no vete la ley.
"Manifestamos profunda preocupación por la intención anunciada desde el Poder Ejecutivo Nacional de vetar la ley de declaración de zonas de desastre y emergencia agropecuaria en diversos distritos de la provincia de buenos aires por efectos de la sequía, sancionada por el Congreso de la Nación", señalaron los ruralistas en su misiva.
Al respecto, rechazan que la iniciativa haya sido aprobada por error y señala, por el contrario, que "no puede dudarse la clara intención de los Diputados y Senadores de la Nación al votar el artículo cuarto de la Ley, de morigerar el impacto de la imposición más regresiva ante la peor emergencia climática de los últimos 100 años y que todavía subsiste en muchas zonas del país".
"No puede dudarse que la voluntad de los legisladores, respaldada por el voto unánime de las dos Cámaras, ha sido el camino iniciado por el Congreso de la Nación buscando el inicio de la reconstrucción de la confianza y la recuperación del diálogo que reclama la sociedad y necesita la Argentina para avanzar en la senda de la seguridad jurídica y la consecuente inversión, requisitos esenciales para la disminución del desempleo y la pobreza en el país", añadieron los ruralistas en su pedido. Asimismo, sostuvieron que "la excepción otorgada a la Provincia de Buenos Aires debiera extenderse a todas las zonas que sufren ésta inclemencia climática".
"Le solicitamos -indicaron a la jefa de Estado- que su análisis sea amplio, constructivo y equitativo hacia miles de ciudadanos que en forma directa o indirecta viven en el interior del país, y que contribuyen a la generación de riquezas como requisito esencial de la consecuente redistribución".
Como respuesta, el jefe de Gabinete justificó el veto aduciendo que el artículo cuarto (el que se habría aprobado "por error") podía dar pie a distintas "maniobras" y que no beneficiaría a los productores que padecieron la sequía porque sus cosechas ya fueron comercializadas.
"Tengo muy claro que la norma es de muy mala factura y que nos obliga a nosotros a tener que vetarla", afirmó el ministro, porque "cuando uno ve el articulo cuarto del proyecto, ve que prevé una rebaja de hasta el 50 por ciento en la exportación, por 180 días". Explicó que "si uno se pone a analizar detenidamente, piensa, se supone que el objetivo es beneficiar a los productores al momento de comercializar su producción, sería la razón de un proyecto de esta característica, evidentemente, cuando uno lo mira detenidamente, se da cuenta que es de cumplimiento imposible".
Indicó que ello es imposible porque "a esta altura del año, los productos agropecuarios ya han sido comercializados, fundamentalmente el trigo, que es el principal cultivo de esa zona, ergo, el precio pagado por los exportadores incluye los descuentos de los derechos de exportación, ya esta vendido, ya esta pagado, con los descuentos por los derechos de exportación, por lo tanto esa medida lo único que haría seria beneficiar o a los acopiadores o a los exportadores que disponen de ese producto, y el beneficio entraría en vigencia a partir de su promulgación, que seria en los próximos días, por 180 días".
"De cualquier modo -continuó- no se está asistiendo a productores que han perdido (su cosecha por) la sequía, se está otorgando beneficios para la próxima comercialización de la próxima cosecha", precisó.
