La anulación de la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), su intervención judicial y el desplazamiento del cargo al secretario general del gremio, Abel Furlán, tuvo un fuerte impacto en todo el arco del movimiento gremial argentino. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concentró los repudios de las principales centrales sindicales, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, porque ven detrás del fallo judicial una búsqueda de disciplinamiento para los trabajadores que se plantan frente a las políticas libertarias. “Este modelo económico necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización”, denunciaron desde la UOM, e invitaron a un abrazo en defensa del gremio el martes al mediodía en su sede central, en Adolfo Alsina 485.
Como informó ayer PERFIL, la resolución lleva las firmas de los jueces Víctor Pesino y María Dora González, los mismos que restablecieron la vigencia de la reforma laboral el 23 de abril. Al día siguiente de esa medida, el gobierno nacional recompensó a Pesino con cinco años más en su cargo, porque había llegado al límite de los 75 años de edad. Pesino y González declararon nulos los comicios que se llevaron adelante entre el 2 y el 4 de marzo pasados en la Seccional Zárate-Campana de la UOM. El fallo extendió la nulidad de la votación nacional, en la que había resultado reelecto Furlán, y ordena que cese en su mandato como secretario general de la UOM. Declara, además, la acefalía del gremio y designa su intervención judicial.
La UOM es el principal sindicato industrial de la Argentina, con 83 años de existencia. Forma parte históricamente de la CGT, pero desde el año pasado es uno de las patas principales del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), integrados por gremios más combativos que los de la calle Azopardo. “No es casual este ataque. Comenzó poco después de que la UOM fuera la casa donde nos encontramos las organizaciones sindicales que decidimos enfrentar, en todos los terrenos posibles, los embates que el gobierno nacional desplegó contra la clase trabajadora desde el primer día de su gestión”, alertó el FreSu.
“Este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”, señaló la UOM en un comunicado. Para el gremio de Furlán, la intervención judicial es el desenlace de una “operación política, judicial y empresaria” con un único objetivo: “Disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.
La CGT no tardó en sentar su posición. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia”, indicaron en un comunicado. Un dirigente de la central obrera, en diálogo con PERFIL, fue más categórico. “Es peor que en la dictadura, ¡porque esto sucede en democracia!”.
Las dos CTA emitieron un comunicado conjunto firmado por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy. Aseguraron que mientras el mundo reconoce que la libertad sindical y el derecho de huelga son derechos fundamentales, en la Argentina “se intenta disciplinar al conjunto del movimiento obrero y limitar su capacidad de representación, organización y lucha”. Para las CTA esta avanzada no puede analizarse aisladamente del contexto político y social que atraviesa el país. “El Gobierno nacional impulsa políticas de ajuste, un industricidio en curso, pérdida salarial y debilitamiento de las organizaciones sindicales”, enumeraron.
Recordaron además que la medida, de inusitada gravedad institucional, sucede en momentos en que la comunidad internacional acaba de recibir un pronunciamiento histórico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tribunal reafirmó que la libertad sindical y el derecho de huelga constituyen derechos fundamentales protegidos por el Convenio 87 de la OIT.
“No existe libertad sindical real allí donde el Estado, el Poder Judicial o los grupos empresarios intervienen para desconocer la voluntad democrática de las y los trabajadores”, agregaron.
