Hugo Moyano declaró en la mañana de este miércoles en Córdoba, ante el juez Alejandro Sánchez Freytes. La presentación fue en el marco de la causa en la que el líder de Camioneros está imputado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compraventa de inmuebles en La Falda.
Daniel Llermanos, abogado del gremialista, envió a Perfil la declaración de Moyano por la investigación que encabeza el fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien recibió en 2016 la denuncia de parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El expediente gira en torno a terrenos comprados en diciembre de 2013, cuando el sindicato pagó 6 millones de pesos por cinco inmuebles, que a suhabían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos 310.000 pesos. La base imponible de los terrenos era de 964.553 pesos. La brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que termina en denuncia.
“La operación inmobiliaria referida en la presente causa se ajustó a la normativa legal y al régimen estatutario del Sindicato, pagándose el precio que estimábamos adecuado -en la relación “precio de mercado/interés del comprador”- con fondos en la cuenta del Banco Provincia de titularidad del Sindicato y por el valor exacto al declarado en la escritura traslativa de dominio, extremos que rechazan de plano cualquier hipótesis de imputación penal", señaló la defensa de Moyano, según lo adelantado a este medio.
"Por la ubicación estratégica del predio —lindero a la propiedad de Camioneros— consideramos que la compra era absolutamente beneficiosa, máxime teniendo en cuenta que esos terrenos poseían una edificación donde había funcionado un local bailable que provocaba demasiadas molestias a los afiliados que se alojaban en el hotel. Cabe aclarar que cuando se cerró el local bailable, el lugar se convirtió “tierra de nadie” generándose hechos vandálicos de todo tipo. En esa época habíamos realizado valiosas reformas en el referido hotel perdiéndose, en virtud de ellas, el quincho. Surgió así la necesidad de poseer un espacio amplio para preparar las comidas típicas de la zona”, agregó.
Moyano además dijo al juez que “el Intendente Eduardo Emilio Ardu expresó su satisfacción porque la compra mejoraba la seguridad y estética del lugar”. "Estoy convencido de que la causa se inició por motivos políticos", disparó. Por último, en respuesta a las afirmaciones de la PROCELAC, apuntó: “Rechazo categóricamente que el tema en cuestión pueda calificarse como “desvío de fondos” o “reciclado de ganancias ilíctas”, términos que repudio de plano por constituir injustificadas calumnias, reservando las acciones legales respectivas por los daños y perjuicios causados por la falsa imputación”.
