POLITICA
BUENA NOTA

La ONU califica positivamente a la Argentina en cuanto a sus estadísticas criminales

Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica en ingresar en obtener la nota máxima. Colombia y Guatemala se encuentran en el mismo proceso.

Patricia Bullrich Ministra de Seguridad
Entrevista a Patricia Bullrich Ministra de Seguridad de la Nación | Pablo Cuarterolo

El Ministerio de Seguridad de la Nación logró la calificación más alta otorgada por Naciones Unidas, en materia de calidad estadística. La nota “A” fue celebrada por la ministra Patricia Bullrich que busca, desde su asunción, reconstruir el Sistema de Información Criminal (SNIC) con dos objetivos: conocer las cifras reales para aplicar adecuadas políticas de seguridad y, en segundo lugar, conseguir que la opinión pública vuelva a creer en los números oficiales.

Entre los años 2009 y 2015, Argentina sufrió un apagón en materia de estadísticas criminales: simplemente, se dejaron de publicar los datos producidos por SNIC, una decisión que agravó un panorama sin protocolos ni controles de calidad claros, en un país en el que se debatía las políticas de seguridad por “sensaciones”.

El Gobierno de Mauricio Macri busca generar confianza en las estadísticas delictivas. Por esa razón, Bullrich acudió en 2016 al Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo que brindó asistencia técnica para iniciar el proceso de Evaluación Estadística.

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En 2017, se analizaron 1.438.190 registros correspondientes a las 24 bases de datos provinciales. Y el resultado no sorprendió: la calificación fue una “C”, la más baja otorgada por el organismo que recomendó la implementación de un plan de mejoras enfocado en la formalización de los procesos, la apertura de los datos y la difusión de datos oportunos, para incentivar el uso de la información estadística en diversos sectores de la sociedad.

La tarea fue compleja, puesto que las provincias tenían diferentes sistemas de registros de datos y, en algunos casos, poca capacitación y escasas herramientas para una correcta confección de estadísticas. Fue clave, para lograr la unificación, la colaboración de funcionarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, como así también de las cuatro fuerzas federales de seguridad.

Así, en 2018, el Ministerio presentó un nuevo informe que le permitió saltar de la categoría más baja a las más alta. El documento incluyó la reconstrucción de la serie histórica estadística 2009-2013, la apertura de datos, un desarrollo de un manual de gestión operativa del SNIC y mejor vinculación con instituciones y fomento de la cultura estadística a través de becas. En el marco internacional, Argentina avanza en la adopción de la Clasificación Internacional del Delito con Fines Estadísticos (ICCS).

Bullrich, al presentar el logro, destacó la “construcción colectiva” que ejecutaron todos los distritos del país para alcanzar el objetivo. “Pasamos de no tener estadísticas a adoptar un mismo modelo”, indicó en su despacho de Gelly y Obes. “Nos sirve para tomar decisiones políticas y trabajar en la corrección”, agregó. Su jefe de Gabinete, Gerardo Milman añadió: “Buscamos que los datos sean confiables”.

De esta manera, Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica en ingresar en el proceso y obtener la nota máxima. Colombia y Guatemala se encuentran en el mismo proceso, mientras que Uruguay solicitó a la ONU comenzar el mismo camino.

La ministra estaba acompañada, además, por Enrique Thomas, Secretario de Gestión Federal de la Seguridad y Mariela Beatriz Budiño, subsecretaria de Estadística Criminal, a cargo del programa, quienes destacaron el compromiso institucional de todo el país, la vinculación con áreas académicas y la participación de organizaciones no gubernamentales en el proceso que continúa y aún detecta faltas en las estructuras, capacitación, continuidad de los equipos y herramientas. El trabajo, que se inició hace dos años, no se detendrá.

El programa tiene tres años de vigencia, vence en 2021, pero en febrero de este año comenzarán a trabajar en los tres subsiguientes.