El Gobierno argentino sumó en los últimos días un nuevo episodio de tensión en la relación diplomática con Chile. Ahora, un funcionario clave del gabinete de Gabriel Boric le pidió al presidente Alberto Fernández que sea "respetuoso de las instituciones", a partir de una carta que este le envió a su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, con cuestionamientos a la Justicia chilena.
El funcionario en cuestión es Luis Cordero, ministro de Justicia de Chile, quien criticó parte de la carta enviada por el presidente argentino, que en uno de sus párrafos lamentaba que el Poder Judicial trasandino "se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores".
Fernández hizo allí referencia al aplazamiento del juicio del caso SQM, que involucra al ex candidato de centroizquierda Marco Enríquez Ominami, compañero del presidente en el Grupo de Puebla. Esos dichos enviados a Ecuador no hicieron más que caer mal en Chile. Por eso, el encargado de expresarlo públicamente fue el ministro de Justicia de Boric, quien calificó esas valoraciones como "impertinentes e impropias".
Marco Enríquez-Ominami: "Fernández logró que la agenda de la corrupción disminuya"
"Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones de los juicios orales, pero una cosa muy distinta es transformar eso en problemas de proceso y garantía", sostuvo el funcionario, en una búsqueda por defender el funcionamiento de la Justicia en su país.
Cordero le pidió a Fernández que sea "respetuoso con las instituciones", de acuerdo a declaraciones citadas por Deutsche Welle.
No es la primera vez
Si bien es sabido que la relación entre el Gobierno chileno y el argentino ha sufrido una serie de cuestionamientos, principalmente del otro lado de la cordillera y dirigidos a la Casa Rosada, la relación entre ambos mandatarios lejos está de ser mala o negativa.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años han habido una serie de episodios, uno de ellos tan solo ocurrió a mediados de febrero pasado. La respuesta también vino de Cordero en ese entonces.
Alberto Fernández había suscrito a una carta del Grupo de Puebla en la que junto a 28 firmantes denunció que "desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".
Eso también impactó negativamente en Santiago, donde Cordero no tardó en declarar ante la prensa local que "no se atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina".
Para calificar esa misiva usó las mismas palabras que ahora. Dijo que el contenido fue "improcedente e impropio".
De fondo está la llamada causa SQM, que arrancó en 2015, investiga un supuesto esquema de financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la Sociedad Química y Minera chilena.
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