La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña, amplió este jueves una denuncia realizada en 2011 con el sindicalista Hugo Moyano, acusado por desviar fondos del gremio que dirigió y de la obra social de Camioneros hacia empresas que son de familiares directos del líder sindical.
La legisladora de Cambiemos extendió la acusación ante el juez federal Claudio Bonadio, luego de analizar los balances de las sociedades Irai SA, Dixey SA, Organización de Seguridad las Marías SA, Selca SRL y Aconra SA, entre otras, tras obtener información por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Según explicó Ocaña por medio de las redes sociales, “en el trascurso de menos de 10 años de actividad, podemos contabilizar a favor del grupo Moyano-Zule, integrado por las empresas Iarai SA, Dixey SA y Aconra SA la nada despreciable cifra de $35.213.846”, confirmó en diálogo con María Laura Santillán por Plato Fuerte, en Radio Nacional.
"La documentación que ahora aporto muestra inequívocamente el grosero desvío de fondos pertenecientes a la obra social, al sindicato y a la mutual de camioneros, entes manejados por Hugo Moyano y acólitos suyos, en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia”, indicó en la denuncia y agregó que los movimientos de capitales se hicieron “con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector que han aportado recursos para garantizar su salud y distintos beneficios".
Ocaña precisó que la maniobra comenzó en 2006, cuando el gremialista estaba al frente de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). El primer movimiento “consistiría básicamente en el directo desvío de los fondos de las obras sociales del gremio de camioneros. No debe olvidarse que, en virtud de la ley de obras sociales, el gremio tiene garantizado un importante ingreso mensual de fondos que debería ser utilizado teóricamente para brindar servicios de salud a sus afiliados", explicó.
Mientras que, el segundo tuvo como foco ampliar los ingresos económicos a partir de incorporar trabajadores de otros sindicatos a su gremio, para beneficiarse “con un régimen de fomento de la profesionalización del transporte de carga conocido como REFOP: un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas", cerró.
