Odebrecht: inhiben los bienes de Roggio y Wagner, y complican a las socias locales

El caso Odebrecht atraviesa una etapa central en los tribunales federales. Cada vez son más fuertes los indicios y pruebas de presunta complicidad de las socias locales en el entramado de corrupción. Eso pone en juego el futuro de empresas clave en el sistema de la obra pública y privada, de excelente relación con todo el espectro político: desde el peronismo y el kirchnerismo, hasta el radicalismo y el macrismo.
Por primera vez, dos de los grandes empresarios de la obra pública de las últimas décadas, Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner (dueño de Esuco), serán indagados por sospechas de corrupción y tienen sus bienes –incluidas sus cuentas bancarias– inhibidas por la Justicia. La decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello, por considerarlos supuestos cómplices de Odebrecht y de otra empresa brasileña: Camargo Correa. Roggio será indagado el 1º de diciembre. Wagner, el 4 de diciembre. Los embargos ya están efectivos, confirmaron fuentes del caso a PERFIL.

Hace casi tres meses, los jueces y fiscales del caso Odebrecht regresaron de su visita oficial a Washington con al menos una certeza: los Estados Unidos tienen pruebas de la participación de grandes constructoras argentinas en el pago de sobornos de la empresa brasileña a funcionarios argentinos entre 2008 y 2014. Así lo confirmaron fuentes del caso a PERFIL

En medio de este contexto, el caso tuvo un hecho inusual en los tribunales federales. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga supuestos sobreprecios y coimas en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, solicitó la semana pasada a sus pares Casanello y Daniel Rafecas que se desliguen de sus propias investigaciones sobre otras obras de Odebrecht en el país y se las envíen para acumularla a su expediente. De esta manera, Martínez de Giorgi busca concentrar todas las causas de sobornos, sobreprecios e irregularidades de la gigante brasilera en su juzgado. Y de sus socias locales. El juez tomó la decisión en base a un pedido de la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo. El fiscal del caso, Franco Picardi, aprobó su decisión.

Está en juego el futuro judicial y económico de empresas que nunca antes habían afrontado frentes judiciales por corrupción. No sólo Esuco y Roggio. También Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; Techint, de la familia Rocca; José Cartellone; Supercemento; BTU; y Contreras Hermanos.

En el caso del Soterramiento, la socia central de Odebrecht era Iecsa. También participó del consorcio empresario la italiana Ghella, de excelente llegada a la familia presidencial. La relación entre la empresa de Calcaterra y los Ghella es tan íntima que las compañías comparten contador.  

La unificación de todas las causas del caso Odebrecht en un solo juzgado favorecería una cuestión central. Los abogados de la compañía no quieren que ninguno de los ejecutivos brasileños declaren ante distintos jueces y fiscales argentinos, sino ante un solo magistrado. Estos ejecutivos ya declararon en Brasil como arrepentidos y admitieron coimas en la Argentina, pero las pruebas siguen sin llegar al país. Mientras, la Justicia argentina avanza sobre lo que puede probar: la cartelización de la obra pública.