La crisis desatada esta semana en el corazón del poder Judicial fue el síntoma de una Justicia al borde del infarto. Era cuestión de tiempo para que ese caldo de lava entrara en erupción. Terminó estallando en la cabeza de ese poder: la Corte Suprema.
Jueces, fiscales, abogados y funcionarios políticos reconocen que el episodio protagonizado por el màximo tribunal, que casi hace retrasar al inminente juicio oral y público contra la ex presidenta Cristina Kirchner y terminó dando marcha atrás tras la presión política, social y mediática, terminó por evidenciar lo que se discute desde hace meses: el efecto de juzgar por primera vez a una posible candidata con chances de ganar las elecciones presidenciales.
Cuando Macri llegó al poder y las causas contra la ex mandataria comenzaron a avanzar hacia procesamientos y juicios orales, luego de varios años de parálisis, pausas y trabas, pocos creyeron que este escenario inédito sería posible. Ahora lo es.
Para algunos de los actores centrales en los tribunales con los que dialogó PERFIL, el factor CFK también potencia un constante pase de facturas entre los jueces y fiscales de primer instancia (aquellos que investigan e instruyen los casos de corrupción), las instancias superiores (las cámaras de apelaciones que revisan esos fallos), la Corte Suprema y los tribunales y fiscalías a cargo de realizar los juicios.
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Esos reclamos ya se vieron con las causas contra dos ex presidentes, Fernando De La Rúa y Carlos Saúl Menem. Los casos centrales contra ambos terminaron en juicios con finales escandalosos. Absoluciones por las supuestas coimas en el Senado y en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, por ejemplo. La causa por el atentado a la AMIA terminó anulada tras el juicio. Fueron tres de los casos más importantes de las últimas décadas.
Turbulencias. En la Corte, las aguas están divididas, como en la política y los tribunales, de acuerdo a las fuentes consultadas. En los despachos de los cuatro ministros que decidieron revisar nueve planteos de las defensas a una semana del comienzo el juicio por presunta corrupción en la obra pública sostienen que el objetivo de la medida fue evitar nulidades en el primer juicio contra Cristina y resolver cuestiones que terminarían, sostienen, siendo analizadas después de una sentencia.
En el máximo tribunal, afirman que el eje de la decisión fue “bajar un mensaje” a los jueces de todas las instancias y criticar la “enorme discrecionalidad” de algunos jueces en casos de alto voltaje político. Ahora, dicen, buscarán una nueva estrategia para “ordenar” la Justicia. “Se tomarán casos de trascendencia con anterioridad, pero la idea es no esperar a una sentencia sino resolver las dificultades antes de los juicios, por sí o por no, pero resolver antes”, explicaron cerca de un ministro.
La Corte está “técnicamente colapsada”, agregan. Exhiben los números de los informes internos del tribunal para sostenerlo. En 1995, la Corte tramitó alrededor de 500 expedientes penales en todo el año. En 2018, esa cifra se elevó a cerca de 5.600 causas penales. Un caso tiene un mínimo de dos años de análisis.
En esta crisis, cada instancia tiene sus argumentos. El diagnóstico de la Corte es que los jueces son lentos o rápidos, dependiendo de los momentos políticos. Un ministro utiliza la metáfora electrodoméstica del “freezer” y el “microondas” judicial.
El diagnóstico de los tribunales orales es “mala o lenta instrucción” de las causas. Apuntan a algunos de los jueces de primera instancia. Los fiscales de juicio, además, sostienen algo similar: en diálogo con este medio, la mayoría de ellos sostuvo que algunos de los expedientes contra Kirchner están “flojos de papeles” o que les implican sostener una acusación “más política que jurídica”.
Sin embargo, ese no es el caso del juicio que está pronto a empezar. Quienes analizaron la investigación en los tribunales no critican este expediente en particular, según pudo reconstruir PERFIL, pero sí otros casos contra la ex presidenta, su familia y ex funcionarios de su gobierno.
En varios casos, los fiscales de juicio terminan solicitando que los fiscales de instrucción colaboren en el debate y se “hagan cargo”. Pero casi ninguno de ellos accede.
Los fiscales que instruyeron las causas, en cambio, creen que el mayor volumen de trabajo y presión mediática recae sobre sus espaldas.
Otros fiscales y jueces sostienen que el sistema de Justicia no puede seguir funcionando de manera copartimentada. Los fiscales que investigan son los que deben defender el caso frente a los tribunales.
Entre los jueces, el pase de reclamos es similar. “Ahora que tienen mucho trabajo se quejan. Nosotros estábamos acostumbrados”, dicen algunos magistrados de instrucción sobre sus colegas en los tribunales de juicio. Pero del otro lado les contestan con un hecho: están sobrepasados por la acumulación de trabajo y desencontrados con la presión de la campaña sobre sus espaldas. Las primeras cinco causas contra CFK llegaron casi todas al mismo tiempo y rebalsaron a los tribunales.
En todo el cruce también apareció la sombra de la auditoría del Consejo de la Magistratura sobre el estado de las causas de corrupción, que puso la lupa en los tiempos de la Justicia. “Si se tarda porque se tarda, si se hace rápido ahora también critican”, se quejó molesto un funcionario judicial ante la consulta de este medio.
