El fiscal federal Franco Picardi pidió este miércoles al juez Marcelo Martínez de Giorgi que se intervenga la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y solicitó que designe a un vedor judicial en el consorcio empresario que maneja la obra.
Además, el fiscal reiteró un pedido para que embarguen por 67 millones de pesos a la española Comsa SA; por 201 millones de pesos a la italiana Ghella spa; y por otros 201 millones de pesos para Constructora Norberto Odebrecht SA.
En el escrito, Picardi también solicitó un embargo de 6.200.000 pesos para el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
Otro de los apuntados es Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de Iecsa, la socia local del consorcio empresario.
La misma suma se solicitó para Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa. Tanto Calcaterra como Sanchez Caballero admitieron haber pagado coimas a los Kirchner en la causa de los cuadernos de la corrupción. Sin embargo, negaron las mismas acusaciones en la causa del soterramiento.
La causa investiga el supuesto pago de sobornos para direccionar la licitación pública del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Entre los 49 imputados figuran el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht y Angelo Calcaterra, titular de IECSA y primo de Mauricio Macri.
La lista incluye también a ex funcionarios del área de De Vido, como los ex ministro de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Roberto Baratta, ex subsecretario de De Vido; José López, ex secretario de Obras Públicas; y el ex asesor y testaferro de Jaime, Manuel Vázquez.
También son investigados ocho ejecutivos de Iecsa (incluido su ex dueño y personas desvinculadas), diez miembros de Odebrecht (incluido su dueño); dos de la empresa española Comsa; cuatro ejecutivos locales de la italiana Ghella; y dos de los señalados como intermediarios en las supuestas coimas. Uno de ellos es el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.
Este caso es el primero que involucra a Odebrecht y a sus socias locales que logra avanzar en indagatorias por el presunto pago de coimas. En otras dos causas, los jueces Sebastián Casanello y Daniel Rafecas avanzaron sobre el direccionamiento de otras dos obras (una planta de Aysa en Tigre y la ampliación de los gasoductos de 2006-2008) y posibles irregularidades en las licitaciones.
M.S./H.B.
