La muerte del ex presidente Néstor Kirchner hizo que la pelea de la CGT con los empresarios bajara unos cambios. A la reunión de Hugo Moyano con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, para "consensuar" posiciones, se sumó ahora la decisión del diputado oficialista Héctor Recalde de postergar la discusión parlamentaria del proyecto de su autoría que impulsa el reparto de parte de las ganancias empresarias entre sus trabajadores.
En efecto, el diputado, también presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, informó, a través de un comunicado, que en el marco de la reunión mantenida entre Méndez y Moyano, "hubo una comunicación telefónica" donde el titular de la central fabril solicitó la postergación de la discusión. Según comunicó, el presidente de la UIA le pidió a Recalde "la postergación del debate sobre el proyecto de participación en las ganancias presentado en la Cámara de Diputados debido al duelo que vive la Argentina".
"El impacto emocional provocado por la muerte del ex presidente Néstor Kirchner nos obliga a profundizar el debate y el consenso en dirección hacia el objetivo trazado en la política por el entrañable compañero Néstor Kirchner y nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner", subrayó el legislador.
De esta manera, la iniciativa criticada tanto por los empresarios como desde algunos sectores opositores -que incluyó presiones por parte de Moyano-, pasaría para el año próximo. La dirigencia empresaria hizo público su rechazo a la medida, al no concurrir hace diez días a la audiencia en el Parlamento donde debía exponer sus consideraciones al respeto.
El 16 de setiembre ingresó al Parlamento el proyecto de Recalde que busca poner en práctica lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución, que señala que los trabajadores tienen derecho a participar de las ganancias de las empresas.
La iniciativa que consta de 32 artículos prevé instrumentarse, en principio, en aquellas empresas con más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad alta y, a los dos años de su promulgación, abarcará además a las que tengan hasta 100 trabajadores, según el artículo 31 de la norma.
Además, propone que las ganancias que se distribuirán entre el personal serán calculadas sobre la utilidad anual de la empresa, descontando el pago de impuestos y las inversiones.
También establece que la proporción de ganancia que corresponderá a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial, quedando excluidos los directivos y gerentes de las empresas.
La distribución de ganancias se concretará una vez por año fiscal y tendrá carácter no remunerativo, por lo que estará exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, y no será contemplada sobre la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.
Fija que una parte del monto de ganancias a distribuir será destinado a crear un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la asignación universal por hijo.
El texto prevé además la creación del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, que será la autoridad de aplicación de la ley y estará conformado por 12 miembros, cuatro del Estado, igual cantidad de la CGT y asociaciones de empleadores suficientemente representativas. La iniciativa propone que la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa.
Fuente: DyN