Pero ahora Jaime sí tiene motivos para volver a preocuparse: deberá ir a juicio oral por la causa en la que se investiga si recibió pasajes aéreos pagados por las empresas a las que su Secretaría debía controlar. Así lo confirmó la Cámara Federal porteña, tras rechazar un pedido de Jaime para anular esa decisión.
El ex funcionario será juzgado por el delito de dádivas, que tiene una pena de un mes a dos años de prisión. La Justicia investigará su desempeño entre 2006 y 2008, a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación, período en que habría realizado una docena de viajes en avión a Brasil, Uruguay y Córdoba pagados por empresarios del transporte, quienes también están procesados en la causa.
El juez federal Claudio Bonadío había enviado a juicio oral y público a Jaime, pero su defensa pidió la nulidad del acto por considerar que no había elementos para juzgar al ex funcionario y restaban para realizar medidas de prueba.
"El requerimiento de elevación a juicio que se examina resulta autosuficiente en cuento a las exigencias de la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos y explicación sucinta de los motivos en los que se funda con relación a la conducta asumida por Ricardo Jaime", señalaron los jueces de la Sala I de la Cámara en el fallo al que accedió la agencia de noticias DyN.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero agregaron que "no hay lesión al derecho de defensa que justifique la declaración de invalidez pues la acusación ha resguardado el principio de correlación".
Entre 2006 y 2008, mientras se desempeñó como secretario de Transporte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Jaime realizó viajes en taxis aéreos y aviones de línea que fueron pagados por empresarios a los que debía controlar por su función en el Estado, según determinó la Justicia.
Por aceptar los viajes también están procesados el asesor de Jaime, Manuel Vázquez, y el hijo de éste, Julián Vázquez, mientras que por pagarlos está acusado el ex director de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas, Jorge Molina. También estuvieron procesados otros empresarios, pero el año pasado la Cámara Federal les dictó la falta de mérito.
El ex secretario está acusado de violar el artículo 259 del Código Penal que castiga al "funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo". Por el mismo delito Jaime también fue procesado en otra causa por el juez Norberto Oyarbide, porque directivos de TEBA, a cargo de la Terminal de Retiro cuya concesión le fue extendida hasta 2014 por el ex funcionario, le pagaban los alquileres y fueron garantes de dos departamentos en los que vivió en esta ciudad.
El ex funcionario suma una tercera investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública, en la que Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo lo instaron a justificar su incremento por más de seis millones de dólares por compra de viviendas, autos, motos y acciones, que se presumen de propiedad a través de testaferros.
Parte de las pruebas en esa acusación se basaron en mails encontrados en las computadores de Manuel y Julián Vázquez. Los Vázquez y Jaime reclamaron la nulidad de esa prueba porque acusaron que fue violada la cadena de custodia de las PC.
La Cámara Federal dejó abierta esa posibilidad y ordenó a Oyarbide realizar una serie de medidas para determinar si las computadoras fueron alteradas luego de su secuestro.
Fuente: DyN.
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